Investigadores del Centro de Investigaciones Socioeconómicas (CISE) de la Universidad Autónoma de Coahuila presentaron un análisis titulado Del carbón a las renovables: Análisis económico para la transición eléctrica en México, donde plantean cinco potenciales estrategias de reestructuración y diversificación económica, destinadas a compensar las consecuencias del retiro progresivo del uso del carbón en la generación eléctrica en México.

Esta medida es importante para cumplir con las metas fijadas en el Acuerdo de París, en las que el país se comprometió a eliminar el 25% de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) antes del 2030.

Aunque en México sólo un 8% de la capacidad instalada de generación de electricidad corresponde a tres centrales carboeléctricas, dos localizadas en el municipio de Nava (Coahuila) y una más alojada en Petacalco, municipio de la Unión (Guerrero), la discusión sobre las posibles trayectorias para lograr su eliminación progresiva, así como sus implicaciones, son relevantes al considerar que la economía familiar de miles de personas depende de la producción de carbón. Coahuila concentra el 98% de la producción de carbón en el país y de esta actividad dependen 6,422 empleos formales (2019).

Al evaluar los impactos, los investigadores encontraron que el cierre de las plantas de genera­ción eléctrica con carbón tendría impactos moderados en los grandes agregados económicos a nivel nacional – valor de la producción bruta (PB), producto inter­no bruto (PIB) e ingreso disponible de los hogares (IH) del país. Por el contrario, explican los doctores Alejandro Dávila y Miriam Valdés, dichas medidas tendrían efectos sec­toriales y territoriales muy pronunciados a nivel local en los municipios de Nava, San Juan de Sabinas, Múzquiz, Sabinas, Juárez, Progreso y Piedras Ne­gras.

Utilizando modelos económi­cos regionales multisectoriales para evaluar alternativas económicas para estos municipios, los investigadores encontraron cinco estrategias que facilitarían la reestructuración económica de la región carbonífera del estado de Coahuila:

• Impulsar las energías renovables y sus encadenamientos productivos.

• Promover la conformación de un cluster del carbón y articular políticas de me­jora en la competitividad basadas en in­novaciones productivas, el fortalecimiento de su relación con la industria siderúr­gica y la diversificación de sus mercados.

• Ampliar la estructura productiva mediante la integración y consolidación de los agrupamientos económicos con presencia en la zona.

• Alentar programas de desarrollo de proveedores en las empresas ancla de la región.

• Promover el desarrollo de la agricul­tura tecnificada en am­bientes controlados y los encadenamientos del sector primario con las agroindustrias.

Los autores resaltan que las estrategias para diversificar las actividades productivas deben alentar la inversión, estimular políticas de susti­tución de importaciones e impulsar la productivi­dad en las actividades económicas con potencial de crecimiento como energías renovables, metalmecánico, electrónica y textil.

De forma complementaria, el doctor Sergio Colin reporta en su Análisis de percepciones sobre la calidad del empleo en la región carbonífera de Coahuila que la mayoría de los trabajadores del sector está dispuesta a trabajar en otras industrias en la medida en la que este cambio represente una mejora en su bienestar económico y social. Sin embargo, dado el alto grado de concentración de la economía en el sector minero, existe gran escep­ticismo sobre la posibilidad de llevar a cabo las alternativas mencionadas y que éstas ofrezcan mejores condiciones laborales.

En la actualidad, los trabajadores del carbón perciben que obtienen mejor salario, horas de trabajo, vacaciones y seguro médico y tienen una mejor perspectiva de progreso laboral que la que tendrían en otros sectores como el comercio, transporte, construcción, industria, agricultura o ganadería y actividades de reciclaje.

A nivel nacional, la demanda de carbón fue va­lorada en $18,061 millones de pesos en 2018. El 45% correspondió a ventas para generar electricidad, mientras que el 43% se destinó a ventas para la fabricación de coque para los procesos de pro­ducción de acero, el 10% a ventas para la industria petroquímica y el 2% restante se consumió al interior de la propia actividad.

El valor de la producción de carbón mineral ha mostrado altibajos en la última década. Lo anterior se ha debido, en gran parte, a los cambios de dirección en la política eléctrica del país. Mientras que mostró una tenden­cia claramente ascendente entre 2003 y 2014 –  año en el cual alcanzó un nivel máximo con $20,199 millones de pesos – a partir de esta fecha perdió más de una cuarta parte de su valor (-27%), re­gistrando en 2019 un valor de $14,740 millones de pesos. En 2021, se ha dado un pequeño repunte gracias a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha otorgado nuevos contratos de suministro, que si bien han favorecido a algunos productores, han dejado afuera sobre todo a los jugadores pequeños y medianos.

Esta investigación forma parte del proyecto “Creando Condiciones Habilitadoras para la Transición Justa lejos del Carbón en México”, implementado en conjunto con WWF México y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y financiado por el Reino Unido como parte del ICF Technical Assistance Programme, a través del Programa Partnering for Accelerated Climate Transition (UK PACT).