Facetas de México

Pascacio Taboada Cortina/Jorge Martínez Cedillo

El presupuesto federal para 2023, presentado ante el pleno de la Cámara de Diputados por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, dio la impresión de que se refiere a una economía bonante, lo cual contrasta con la realidad. Los próximos dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, serán de sacrificio para el grueso de la población mexicana; es decir, de la clase social más desprotegida, a la cual, lejos de crear las condiciones para valerse por sí misma, la convirtió en dependiente.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el 2023, está en manos del Congreso de la Unión. Los legisladores decidirán si lo deben corregir o rechazar o aceptarlo tal cual, que es lo más probable que suceda, porque hay que recordar que el partido Morena, es mayoría en la Cámara de Diputados.

El PPEF es un documento que establece lo que planea gastar el gobierno federal en 2023. El ejercicio del dinero fiscal por parte del gobierno, asciende a 8.3 billones de pesos. Lo que se planea hacer con este monto extraordinario, sería un sinnúmero de proyectos para beneficio de la sociedad mexicana, pero si intentamos desmenuzar las actividades fundamentales que ya vienen de tiempo atrás con gastos millonarios, veremos que es relativamente poco lo que se hará.

Hay en el gobierno federal una serie de gastos catalogados como directos, donde se tiene que invertir el dinero en poder del gobierno, que son recursos de todos los mexicanos, les guste o no a la administración federal y también a los legisladores.

De entrada, del gran total de 8.3 billones de pesos, hay que restar 2.3 billones de pesos, que se tienen que otorgar a los Estados y Municipios, en el contexto de lo que se llama la Federación y donde el gobierno federal está obligado a participar y aportar recursos de la recaudación nacional.

Restarían 6 billones de pesos, de los cuales es necesario tomar un billón de pesos para el pago de intereses derivados de la deuda interna y externa que tiene el país.

En el caso de las pensiones correspondientes al IMSS, el ISSSTE, y también las cargas no contributivas, dentro de las cuales están las pensiones para adultos mayores, los programas de “Sembrando Vida”, “Jóvenes Construyendo el Futuro” y otras, erogará el gobierno 1.7 billones de pesos.

Tendríamos que considerar, del presupuesto general, solamente 3.3 billones de pesos, los cuales se podrán asignar a diferentes rubros de manera relativamente libre. Por ejemplo, es necesario pagar la educación pública, los servicios de salud, tan importantes para México entero; pagar los servicios de seguridad pública, la nómina del Ejército, de la Secretaría de Marina, la nómina de la Guardia Nacional, y de todos los empleados y funcionarios públicos que trabajan en la administración pública.

Estos mecanismos de cómo administrar los recursos públicos, es realmente complicado. Hay que pensar detalladamente en los orígenes de la captación de recursos para hacer frente a las obligaciones de gasto público. Para ello, es necesario pensar y suponer que el país, económicamente, crecerá mucho. El gobierno cree que sería a un ritmo del 3 por ciento anual, considerado un índice bajo, pues en gobiernos anteriores el crecimiento promedio fue de entre 4 y 5 por ciento anual del PIB. Si no se crece mucho, será imposible captar dinero fiscal.

La mayor parte de analistas económicos, de instituciones financieras y conocedores de los índices de crecimiento de todos los países del mundo, creen que México no logrará captar el equivalente en recursos fiscales, ni siquiera para el gasto programado. El presupuesto para 2023 es muy alto, pero, el gobierno, hará uso de su “derecho” de aplicar recortes desde mediados de año, como lo ha practicado en los últimos cuatro años.

El pronóstico de crecimiento económico para México, de acuerdo con instituciones gubernamentales, se estiman en 4 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que analistas económicos independientes y de algunas instituciones financieras, lo estiman en 1.3 por ciento. Posiblemente este sea el mejor indicador, toda vez que, si se toma en cuenta el decremento de 8.5 por ciento en el segundo año de este gobierno, aún no se compensa el déficit provocado, ciertamente, por la pandemia de Covid-19, pero también por la tardanza en los esquemas de vacunación para contrarrestar al virus. La razón de esto, fue la falta de gobernanza en manos de inexpertos y de estrategias de cobertura nacional.

Por razones que el gobierno de López Obrador no ha justificado, el proceso inflacionario que padece México ha llegado a índices que la población de escasos y medios ingresos, no aguanta más.

Esto obligó al presidente a establecer un acuerdo con empresarios y distribuidores comerciales del país, sobre todo de alimentos, lo cual en pocos meses se convirtió en un tremendo fracaso. Tiempo después, hace una semana, el secretario de Hacienda, Ramírez de la O, emprendió otro acuerdo con los mismos empresarios, sin que se vislumbre que el aumento de precios se detenga.

Basta ver la re-etiquetación de toda clase de productos en las tiendas de autoservicio, en las farmacias y acudir a los mercados públicos, a una carnicería y en todos los expendios comerciales, para darse cuenta de que la tortilla, el frijol, arroz, leche, carne y toda clase de alimentos, en un periodo de 10 días, registran aumentos de 20 y 30 por ciento de precios. Esta inflación no había sido vista, en México, en 23 años.

Cifras irreales del titular de Hacienda

Diputados de oposición reclamaron al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, las “cifras alegres del paquete económico para 2023”, los sobrecostos en las mega-obras del gobierno y el descuido en actividades fundamentales de la economía mexicana, como es la producción de alimentos, la educación, apoyo a inversiones de la pequeña y mediana industria, empleo y otras actividades que requieren inversiones nuevas.

A los problemas que se tiene que enfrentar el gobierno de López Obrador en el 2023, de acuerdo con el diputado Ildefonso Guajardo, están representados por una deuda creciente que asciende a 3 billones de pesos en la actual administración, que podría llegar a 4 billones con la contratación prevista para 2023. Manifestó su temor a la ineficiencia del gasto social, el cual, si bien tuvo un aumentó de 63 por ciento, hay que ver que el número de pobres creció entre 18 y 20 por ciento, equivalente a más de 4 millones de pobres sólo en esta administración, a los que hay que añadir a los del rezago de periodos anteriores.

En el sector de la salud, añadió, se trae un rezago de 15 millones de personas de bajos ingresos, mismas que quedaron fuera del sistema sanitario por la desaparición del Seguro Popular y se espera que esa cantidad aumente de manera extraordinaria en los próximos dos años, por la nula capacidad del organismo denominado Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar).

Los diputados de oposición reclamaron al funcionario el desmedido presupuesto para las obras de infraestructura, también llamadas “faraónicas”, mientras que habrá reducciones por 16 mil millones de pesos para el esquema de vacunación, y otro más de 14 mil millones, correspondiente al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. Cabe señalar que no fueron asignados recursos federales para el Programa de Refugios, que ofrece servicios a mujeres víctimas de violencia. Este programa el presente año ejerció recursos por 420 millones de pesos.

A su vez, aumentaron los recursos fiscales para impulsar los trabajos de construcción del Tren Maya y de la Refinería de “Dos Bocas”, en el estado de Tabasco, así como de las fuerzas armadas.

El gobierno da prioridad al pago de la deuda pública, al sistema de pensiones y recursos crecientes para los estados y entidades gubernamentales. Estos recursos no son reductibles en un marco de restricción económica. Así, destina 8 de cada diez pesos del gasto total del presupuesto para 2023, a esos rubros de la economía nacional.