El pasado 26 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la Iniciativa de reforma de la Ley de Hidrocarburos con la que pretende devolver  al Estado el control de las actividades relacionadas al almacenamiento, transporte, distribución y venta de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Sin embargo, el pretendido fortalecimiento del Estado en esta como en anteriores reformas en materia energética, olvida  establecer acciones para atender los problemas sociales y ambientales de fondo que históricamente ha provocado este sector; agravados hoy por un contexto de emergencia climática y crisis del agua que nos urgen a actuar de manera inmediata, efectiva y contundente.

Reformar la Ley de Hidrocarburos podría abrir la oportunidad de cambiar disposiciones establecidas por la Reforma Energética del gobierno de Peña Nieto que buscaron promover los intereses de las empresas petroleras nacionales y extranjeras por encima de los bienes comunes y los derechos de las poblaciones locales y comunidades afectadas por los proyectos.

La Ley de Hidrocarburos vigente contiene disposiciones que dan prioridad al uso y ocupación de los territorios para el desarrollo de proyectos de hidrocarburos, vulnerando diversos derechos de quienes habitan en ellos, comenzando por el derecho a la libre determinación.

Dado que esta industria es considerada de utilidad pública, las empresas, incluyendo Pemex, pueden apelar a figuras como las servidumbres legales o la ocupación o afectación superficial necesarias para la realización de sus actividades, y las personas, comunidades y pueblos se verán obligados administrativa o judicialmente a ceder sus terrenos para el desarrollo de proyectos de gas y petróleo.

En el mismo sentido va la declaratoria de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos como de interés social y orden público en la Ley vigente “por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas”, incluyendo las que de forma tradicional han realizado las comunidades.

La iniciativa de reforma del gobierno de la Cuarta Transformación en realidad no transforma lo más perjudicial de la reforma energética. De esta manera, deja intacto el conjunto de disposiciones legales que vulneran los derechos de los pueblos indígenas y de ejidos y comunidades campesinas sobre sus tierras y territorios, forzándoles a permitir las actividades de hidrocarburos, sin importar las afectaciones a su entorno, sus formas de vida y sus derechos.

Esto supone, además, un arma de presión por parte de las empresas en las negociaciones para la renta de las tierras que, la misma ley, prevé se hagan en negociación directa entre empresas y personas propietarias.

Finalmente, los estudios y evaluaciones de impacto social contemplados en la Ley de Hidrocarburos no son mecanismos efectivos para proteger los derechos humanos, pues no cumplen con las obligaciones internacionales en la materia al dejar en manos de las empresas la realización de las evaluaciones y excluyen la participación de las comunidades afectadas.

Y, aunque la Ley vigente contempla “llevar a cabo los procedimientos de consulta previa, libre e informada necesarios”, esta obligación queda prácticamente inoperante frente a las figuras de uso y ocupación de los territorios, que les imposibilita rechazar y detener aquellos proyectos que les afectan.

Todo ello convierte a estos instrumentos en meros trámites y formalidades que terminan por validar megaproyectos que ya han sido en realidad impuestos, impidiendo que sean una garantía efectiva para la defensa del territorio. 

Por último, subrayamos que proponer una reforma a la Ley de Hidrocarburos peñista era una gran oportunidad para que el gobierno actual hiciera efectiva su promesa -expresada de manera reiterativa por el presidente a lo largo de estos más de dos años de mandato-, de no permitir el uso del fracking en el país, incluyendo la prohibición explícita de esta técnica en la citada Ley de Hidrocarburos.

Sin embargo, la iniciativa de reforma presentada por el Ejecutivo federal, al igual que sucedió con la Ley de la Industria Eléctrica, no aprovecha esta oportunidad y solamente presenta cambios que, aunque puedan ser pertinentes, no incorporan las demandas históricas que pueblos, comunidades y sociedad civil han exigido en su rechazo de la Reforma Energética, tanto en tribunales como ante instancias internacionales de derechos humanos.

Ante este contexto, desde la Alianza Mexicana contra el Fracking hacemos un llamado al Poder Legislativo para:

–      Que se incluya de manera explícita la prohibición del fracking en  la iniciativa de Ley de Hidrocarburos.

–      Que se incluyan en la iniciativa de Ley de Hidrocarburos propuestas para derogar las disposiciones lesivas a derechos humanos y colectivos de pueblos y comunidades indígenas y campesinas de la ley vigente, como las figuras de uso y ocupación de los territorios y el carácter preferente.

–      Que abran un debate amplio y representativo sobre esta y otras reformas legales en materia energética, que incluya la participación de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas.

–      Que la atención a la emergencia climática se incluya como un eje central en todas las decisiones legislativas en materia energética.