La iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México y que ha sido apoyada por la organización internacional Igualdad Animal tras los hallazgos de sus investigaciones en el país, propone incluir dentro de los delitos del Código Penal del Distrito Federal, la matanza de animales destinados al abasto en lugares o establecimientos clandestinos.

Las penas a cumplir, de aprobarse, serían de hasta cinco años de prisión a quien administre rastros clandestinos y hasta con cuatro años a quien, dentro de estas instalaciones, realice la matanza de animales.

“Este es un progreso para erradicar los rastros clandestinos que operan sin ninguna regulación o inspección.  En estos lugares no hay ley y por tanto no hay forma de proteger y ayudar a los animales. El trabajo legislativo de Igualdad Animal se enfoca en reducir el sufrimiento de los animales hasta erradicarlo, pero sin penas que castiguen fuertemente a quienes se apartan de la ley, seguiremos evidenciando y denunciando prácticas extremadamente crueles, sin llegar a nada más que a, en el mejor de los casos, sanciones administrativas, como simples multas de estacionamiento” asegura Dulce Ramírez, directora de Igualdad Animal en México.

Desde el 2016, la organización ha revelado la violencia sistemática en los rastros de México y sus investigaciones encubiertas en casas de matanza y rastros clandestinos muestran una operación en total impunidad, sin presencia de veterinarios ni inspecciones sanitarias que aseguren el cumplimiento de las leyes y normativas mexicanas derivando en graves irregularidades en materia de protección y sanidad animal, riesgos sanitarios e inocuidad.

Además, el Diputado Alfredo Pérez Paredes señaló durante su intervención en tribuna que como lo demostraron las investigaciones de la organización en estos lugares laboran menores de edad, realizando las tareas de un matancero que van desde el manejo de los animales, su matanza y su posterior desollamiento, exponiendo así a la infancia a niveles de violencia inauditos y vulnerando así los derechos de los niños y propiciando el trabajo infantil.

A la iniciativa se adhirieron la diputada vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena Valentina Batres Guadarrama, las diputadas Marisela Zúñiga Cerón, Leticia Varela Martínez, Lilia Sarmiento Gómez y  Lilia Eugenia Rossbach Suárez, así como los diputados Martín Padilla Sánchez, Jesús Martín del Campo y Eleazar Rubio Aldarán.

Cabe señalar que la organización Igualdad Animal,  realizó en 2016 y 2017 dos investigaciones en las que mostraba los incumplimientos a las normas federales en los rastros de México.

Entre los hallazgos se encontraron notables incumplimientos en la matanza de borregos, incluyendo el acondicionamiento de las instalaciones. 

Los investigadores pudieron obtener información que evidenciaba que las instalaciones registradas para la matanza de borregos no están funcionando de forma consistente por lo que decidimos ingresar a dos rastros tipo TIF en el estado de Hidalgo.

 La investigación tomó un giro al  llegar y encontrarlos en desuso. El Rastro San Francisco registrado con una capacidad para matar 800 borregos semanales y que originalmente se abrió por una exigencia del municipio, cerró por falta de actividad y pocas ventas.

 El segundo rastro visitado fue Procesadora de carnes ovinas S.A. de C.V. (tif-410) con capacidad para 1,200 ovinos mensuales que permanece cerrado, sin ninguna operación.

Finalmente, los investigadores decidieron infiltrarse y localizar algunas de las casas de matanza y rastros de traspatio que están operando sin ningún permiso ni vigilancia y que a decir de los propios dueños existen porque los barbacoyeros prefieren sus servicios que los de los rastros debidamente establecidos.

https://igualdadanimal.mx/nota-de-prensa/notas-para-el-editor-barbacoa-de-borrego/