El derecho humano al agua potable que ha sido una demanda histórica de los pueblos yaquis del sur de Sonora, finalmente será garantizado en el marco del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, gracias a que este fin de semana fue aprobada la obra del acueducto, que dotará de este servicio básico a las comunidades.

Así se determinó durante el proceso de consulta libre, previa e informada para la construcción del Acueducto Yaqui, que se llevó a cabo los días sábado 12 y domingo 13 de marzo por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), instancia encargada del proyecto; la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que vigilará que se cumplan las normas y leyes ambientales vigentes; la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), como órgano garante; y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en calidad de órgano técnico.

Los secretarios de los pueblos yaquis, quienes fungen como traductores e interlocutores de sus cuerpos de gobierno tradicional, ante las y los representantes de las instituciones federales, expresaron la aprobación de las autoridades para que se lleve a cabo la construcción del acueducto y que la Semarnat avance con los trabajos administrativos para emitir la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Del mismo modo, acordaron que la Conagua continuará con los trabajos administrativos y las solicitudes de autorización ante diferentes instancias, a fin de iniciar la construcción de la obra; además de que este derecho colectivo al agua será administrado a través de un organismo comunitario que será definido por el propio pueblo yaqui.

Antes de someter a consulta la obra que responde a la necesidad de contar con agua potable para uso humano en los hogares, desde 2020 se llevaron a cabo 30 mesas de trabajo –en las que se firmaron actas entre dependencias del Gobierno de México y autoridades tradicionales–, durante las cuales los gobiernos yaquis eligieron de forma unánime la construcción de un acueducto entre diversas opciones que les pusieron a consideración para garantizar el servicio.

Cabe destacar que, por tratarse del periodo de cuaresma, para esta consulta la autoridad eclesiástica autorizó a los gobernadores, secretarios, capitanes, comandantes, pueblo mayor y tropa yoemia de los ocho pueblos yaquis (Vícam Pueblo y Pótam, primera y segunda cabecera, respectivamente; Tórim, Ráhum, Huírivis, Loma de Bácum, Bélem y Cócorit – Loma de Guamúchil–) participar en el proceso de diálogo que permanecerá abierto antes y durante el inicio de las obras.

La convocatoria al proceso de consulta, sellada por titulares de las dependencias federales y las autoridades tradicionales, destaca la necesidad de establecer diálogo con el pueblo yaqui, con el objetivo de confirmar o descartar el acuerdo alcanzado para construir el acueducto, el cual fue firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 28 de septiembre en Vícam Pueblo, Sonora.

En el punto sexto del Documento de acuerdos por la justicia del pueblo yaqui, suscrito en esa ocasión, se estipula que, para resolver el problema de agua de uso doméstico, se acuerda construir el Acueducto Yaqui con su respectiva planta potabilizadora, desde la presa “El Oviachic” hasta la comunidad de las Guásimas, para que provea de agua de calidad y cantidad suficiente a los ocho pueblos, lo cual fue ratificado en la etapa consultiva del proceso este domingo 13 de marzo.

Gobierno de México reconoce derecho a la consulta

Durante la etapa consultiva, a través del diálogo con autoridades e integrantes del pueblo yaqui, se confirmó y formalizó la aceptación de los acuerdos normativos para la construcción del acueducto.

Luego de la aprobación de la construcción del Acueducto Yaqui, en la Guardia Tradicional de Vícam Pueblo, la Secretaría de Gobernación reiteró que se garantiza el derecho del pueblo yaqui a conocer la información que comprende la obra y a deliberar internamente sobre su conveniencia con respeto a sus usos normativos internos para expresar su consentimiento de forma libre, con el propósito de acceder a un derecho humano fundamental que les fue negado durante muchos años.

El representante de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos reafirmó el compromiso del gobierno federal de garantizar el derecho a la participación de las comunidades, como base fundamental de una sociedad democrática.

Destacó que en los trabajos de coordinación interinstitucional y en la construcción de acuerdos con la Nación Yaqui, se respetan los usos y costumbres porque el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui es una medida para resarcir la deuda histórica y reivindicar sus derechos en materia de agua, territorio y desarrollo integral, tal y como lo instruyó el presidente.

Por su parte, Semarnat reafirmó el compromiso de garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental y las medidas de prevención, mitigación, restauración y compensación necesarias para avanzar en la construcción del acueducto.

Para esta dependencia, la implementación de la consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada constituye un proceso de diálogo y de construcción de acuerdos, que ratifica el trabajo conjunto y respetuoso de las partes involucradas.

Previo a la aprobación de la construcción del Acueducto Yaqui, el sábado 12 de marzo se desarrolló la etapa informativa y deliberativa con la presencia de personas observadoras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Semarnat brindó información relativa al proyecto y respondió a las dudas de las comunidades yaquis. Por su parte, Conagua presentó las características y detalles técnicos sobre el acueducto a los integrantes de la autoridad tradicional y eclesiástica con derecho a participar, conforme a sus normas y leyes internas.