Las comunidades de San José del Progreso, El Vergel, Los Ocotes, San Martín de los Cansecos, Monte del Toro, San Matías Chilazoa, Magdalena Ocotlán, San Dionisio Ocotepec, San Nicolás Yaxe y Santa Catarina Minas participaron, los días 10 y 11 de diciembre, en dos ejercicios de consulta comunitaria en los poblados de Santa Catarina Minas y San Dionisio Ocotepec, para expresar su rechazo a la operación del proyecto minero San José, de Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V.

En ambas reuniones los comisariados y otras autoridades comunitarias entregaron más de seis mil firmas de los habitantes en rechazo al proyecto minero, con el fin de darlas a las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que tome las medidas necesarias a fin de evitar la ampliación de la operación de la Compañía Minera Cuzcatlán.

En acuerdo con el Frente No a la Minería, Por un futuro para todos y todas, la Semarnat se comprometió a asistir a estas reuniones para recoger las firmas y observar el proceso, además de incorporar a otros actores del ejecutivo federal, entre ellos la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas. Sin embargo, ninguno de los actores federales aquí mencionados asistió a las consultas comunitarias.

Este ejercicio de consulta comunitaria se dio frente a la decisión de la Semarnat de impulsar, dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA), una consulta con solo seis comunidades afectadas por minera Cuzcatlán, cuando las comunidades afectadas, organizaciones sociales y expertos y expertas en materia de riesgo e impacto ambiental han insistido en que los impactos en este tipo de proyectos se extienden más allá de las comunidades aledañas al proyecto minero.

En el transcurso de ambas asambleas comunitarias, distintas autoridades comunitarias y personas defensoras del territorio dieron testimonio sobre los impactos que la minera Cuzcatlán ha dejado en la región en los años que lleva trabajando.

Entre esos impactos están: desgaste y ruptura del tejido social, incluso dentro de las familias; violencia creciente que ha impedido, por más de 10 años, la elección de autoridades agrarias en San José, y que incluye desalojos, represión, violencia y también asesinatos de personas defensoras; corrupción de las autoridades municipales; represión del gobierno estatal (con Ulises Ruiz); contaminación del agua con arsénico y metales pesados con los consiguientes impactos en la salud; siniestros como los derrames de la presa de jales y reducción de la disponibilidad del agua. Además de todo esto, la operación minera contamina los cultivos y compromete los medios de vida de los habitantes de las comunidades.

Las y los habitantes de las comunidades expresaron su rechazo a la mina y también insistieron en que la tierra les da trabajo y les provee los medios necesarios para la vida, pues en ella cultivan maguey, garbanzo, maíz, calabaza, frijol y tomate, entre otros. Hicieron un llamado enérgico a las autoridades (ausentes) para que asuman la decisión de las comunidades de rechazar la ampliación y renovación de la operación de la minera San José Cuzcatlán y a respetar el derecho a decidir libremente sobre su territorio.

Las comunidades que acudieron a las asambleas para entregar un total de 6 mil 172 firmas son: Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Santa Catarina Minas, San Matías Chilazoa, San Dionisio Ocotepec, Los Ocotes, El Vergel, San Nicolás Yaxe, San José del Progreso.

Además, la misión de observación, integrada por miembros de las organizaciones civiles y de la academia que participan en la colectiva Cambiémosla Ya, consideramos:

Que el proceso de consulta comunitaria, a partir de los sistemas normativos propios de las comunidades, cumplió con los requerimientos necesarios que, para el ejercicio de los derechos a la autonomía, libre determinación y consentimiento previo, libre e informado establecen el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y con los estándares internacionales establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los informes de relatores y relatoras especiales de Naciones Unidades para los derechos de los pueblos indígenas.

Que es preocupante la ausencia de las autoridades del gobierno federal en el proceso de consulta comunitaria, del que estaban al tanto. Más preocupante aún encontramos que estén organizando una consulta limitada en el número de comunidades participantes, que no cumple con estándares internacionales ni con las formas de organización y participación de las comunidades. La creciente tensión que se vive en la zona de Valles Centrales por la operación de Minera Cuzcatlán puede agravarse con un ejercicio de consulta limitado y excluyente.

Hacemos un llamado respetuoso a la autoridad ambiental para que tome en cuenta las irregularidades con las que Minera Cuzcatlán ha operado durante todos estos años (se han documentado 75 obras ilegales por las que no ha sido sancionada), sus impactos evidentes en el territorio y en la comunidad, las amenazas, veladas y directas, que sus promotores han realizado en las semanas recientes y, sobre todo, el rechazo expreso de los habitantes de los territorios a este proyecto.

Solicitamos al Estado mexicano que garantice el derecho a un medio ambiente sano y a la autodeterminación de los pueblos sobre sus territorios.

Creemos que es fundamental que la Secretaría de Economía cancele las concesiones mineras Progreso, Progreso II, Progreso II Bis y Progreso III, ya que fueron otorgadas sin consulta previa, libre e informada a los habitantes y sin cumplir con el Convenio 169 de la OIT.

Solicitamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que realice las investigaciones pertinentes por las violaciones a los derechos humanos que, durante más de 10 años, han sufrido los habitantes de las comunidades afectadas por la instalación del proyecto minero de la Compañía Minera Cuzcatlán.

La autoridad ambiental ha enfatizado, en distintas ocasiones, que atenderá las problemáticas ambientales junto con los defensores y las defensoras del territorio. Exhortamos a que lo haga prestando atención a los pueblos y comunidades que acaban de expresar su voz en estas consultas comunitarias.