Las declaraciones en torno a la preparación de una norma ambiental para la utilización de fractura hidráulica o fracking en el país, anunciada por el director de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Angel Carrizales López, en una entrevista publicada, no sólo contradice el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de prohibir el uso de esta técnica, sino que revela la lógica de prospección por parte de la actual administración en materia de hidrocarburos no convencionales, la cual no sólo se ha reducido a estudios geológicos, geofísicos, geomecánicos o de ingeniería de yacimientos, sino que incluyó la implementación de 4 pozos de exploración en la provincia Tampico-Misantla en 2019 (uno de ellos inconcluso), y la promoción de extracción de gas de lutitas (shale gas) a través de “estimulación hidráulica”, como hoy prefiere llamar al fracking la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), afirmó la Alianza contra el Fracking.

En un comunicado, sostuvo que desde finales del año pasado han aparecido diferentes documentos por parte del gobierno federal que abiertamente promueven la extracción de hidrocarburos no convencionales, destacando los recursos prospectivos con los que cuenta el país, relativizando los impactos del fracking, resaltando los beneficios económicos que podrían obtenerse, así como la reducción de importación de gas para la producción eléctrica.

La Alianza contra el Fracking informó que suelen reducir sus efectos a las exigencias hídricas que impone la técnica, apelando entonces a “las mejores prácticas internacionales”, a la implementación de tecnologías de punta y, enfáticamente, a la reutilización de agua, tal como señaló el titular de la ASEA, debido a que en el país se han identificado 5 provincias petrolíferas que, particularmente, presentan estrés hídrico.

El Ing. Carrizales denuncia la “satanización” del fracking, argumentando desinformación y la utilización de medidas de seguridad que, particularmente, no muestran su eficacia e índices de error, obviando la contaminación de aire, suelo y agua que produce, los impactos en materia de derechos humanos de las poblaciones que se ven intervenidas por esta explotación y, de forma significativa, la contribución al calentamiento global que genera la emisión de gases como el metano, principal componente del gas natural.

Si el funcionario público confía en la inocuidad de la extracción de hidrocarburos por medio de fracking, le invitamos a beber esa agua no sólo “en sentido figurado”, lo podemos acercar a los cuerpos de agua contaminados en Venustiano Carranza y Pantepec, en el estado de Puebla.

La experiencia internacional enseña que la mejor acción frente al fracking es la prohibición. No necesitamos regulación sobre el uso del fracking, exigimos su prohibición, tal como la actual administración se había comprometido y que a la fecha no ha cumplido.