El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y la cooperativa de apicultores U Lol Che saludan la recomendación 082/ 2018 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a cuatro autoridades federales, por incumplir su obligación de restringir el uso y comercialización de plaguicidas de alta peligrosidad en agravio de la población de la región, así como la aceptación de la misma por parte de las dependencias señaladas.

La recomendación y la aceptación de la misma sientan un precedente en materia de los derechos humanos, a favor de comunidades rurales, ejidales e indígenas de la Península de Yucatán y el país

“Celebramos esta recomendación de los Derechos Humanos, como un primer paso para frenar el uso de agroquímicos altamente tóxicos y mortales para ecosistemas vitales que forman parte del sustento económico y de vida de miles de familias en la Península de Yucatán y de las y los agricultores, apicultores, ejidatarios y campesinos que se han visto afectados por la utilización desmedida de plaguicidas prohibidos en otros países, pero tolerados en México y, peor aún, fomentados por las instancias gubernamentales”, afirmó Luis Alberto Cauich, secretario de la cooperativa de apicultores U Lool Che, en el municipio de José María Morelos, Quintana Roo.

La recomendación, emitida el 26 de diciembre del 2018 y difundida este 9 de enero, reconoce la violación a los derechos humanos a la alimentación, el agua salubre, a un medio ambiente sano y a la salud.

El escrito de 165 páginas está dirigido a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), dependencias que ya aceptaron la recomendación y se comprometieron a ejecutar las acciones que deriven de la misma.

En términos muy generales, a través de él, la CNDH exhorta a las autoridades citadas, a cumplir con los tratados y convenios internacionales y a emitir lineamientos para prohibir o regular el uso de agroquímicos.

También les convoca a armonizar las disposiciones administrativas secundarias, manuales de organización y procedimientos internos, tomando en cuenta lo estipulado en los Convenios de Estocolmo, Róterdam y el Protocolo de Montreal, así como por organismos internacionales, como la FAO, la OMS y la Red de Acción en Plaguicidas.

“La recomendación de la CNDH marca un precedente en materia de los derechos humanos, a favor de comunidades rurales, ejidales e indígenas de la Península de Yucatán y de México, es resultado de la voluntad, organización y valentía de 43 ciudadanas y ciudadanos que presentaron diversos escritos ante el organismo, entre julio y agosto de 2017”, mencionó Sara Cuervo, coordinadora de la oficina del CCMSS en la Península de Yucatán.

Las personas denunciaron actos y omisiones en perjuicio de la población en general, por el incumplimiento de los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano, en relación con la falta de acciones de carácter administrativo, normativo y de políticas públicas, para la restricción del uso de plaguicidas altamente peligrosos, lo que afecta directamente los derechos humanos de las y los residentes.

El CCMSS felicita la voluntad, organización y valentía de 43 ciudadanas y ciudadanos que presentaron diversos escritos ante el organismo para denunciar la situación

También señalaron la ausencia de una definición jurídica de esos agroquímicos y plaguicidas, lo que implica la inexistencia de las condiciones adecuadas para el debido cumplimiento del principio de sustitución, que exige el reemplazamiento de sustancias peligrosas por otras menos contaminantes.

Otro elemento denunciado fue que en México existen registros de plaguicidas vigentes que contienen sustancias activas prohibidas en tratados internacionales debidamente ratificados por nuestro país, y sustancias que ya han sido prohibidas en otras naciones, lo que vulnera el principio precautorio.

Añadieron que al no hacerse pública la información respecto a la utilización de dichas sustancias y sus efectos en la alimentación, la salud y el medio ambiente, se vulneró el derecho humano al acceso a la información.

Y finalmente, mencionaron que, al no contar con la normatividad apropiada en la materia, se carece de un control efectivo de las sustancias peligrosas activas de los plaguicidas, lo que incide en la inocuidad alimentaria, vulnerándose con ello, también los derechos humanos a la alimentación y a la salud.

Todo lo anterior se compiló en la queja CNDH/6/2017/5373/Q. El organismo abrió una investigación que confirmó lo denunciado, confirmando que la omisión de las autoridades para no restringir el uso de agroquímicos ha provocado daño a la salud de personas y ecosistemas, con enormes y costosos impactos económicos y afectación a la calidad de vida de la gente.

En estados como Yucatán, Campeche y Quintana Roo las experiencias derivadas del uso de plaguicidas y agroquímicos han sido trágicas.

En Campeche, el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes ha denunciado que la deforestación, la siembra de soya transgénica y las fumigaciones a estos cultivos han dañado la economía y salud de la población.

Durante el Encuentro Maya Peninsular de Resistencias, celebrado en diciembre pasado en el ejido de Dziuche, en José María Morelos, Quintana Roo, informaron que análisis hechos por la Universidad de Campeche, arrojaron glifosato en sangre y orina de gente de la comunidad, así como en el agua potable.

El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que frenó la promoción de la semilla transgénica, pero ésta sigue sembrándose y nuevas hectáreas de selva son deforestadas.

En Dzonot Carretero, Yucatán, la fumigación con plaguicidas afectó 300 hectáreas de tierra, dañó a 10 apicultores y acabó con la producción de calabaza y sandía, además de provocar daños visibles a la selva y posibles daños en la salud de la población local.

El caso más reciente y dramático, se registró en agosto de 2018, en cinco ejidos de José María Morelos, en donde la fumigación a un cultivo de chile habanero provocó la muerte masiva de millones de abejas, dañando la economía de decenas de familias indígenas e impactando a los polinizadores.

En diciembre pasado, los apicultores de la región sostuvieron una reunión con funcionarios tanto de las dependencias mencionadas en la recomendación de la CNDH y otras más para exponer las amenazas que enfrenta su actividad y para proponer una estrategia de protección y fomento a la apicultura maya en la Península de Yucatán, que incluye detener los programas gubernamentales que promueven el uso desmedido de agroquímicos dañinos para los polinizadores, la miel, las personas y los ecosistemas de la región.