En el marco del foro sobre Gobernanza Regulatoria de Plaguicidas: Cumplimiento e Inspección, organizado por la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, UMFFAAC, el Coordinador del Programa de Política Regulatoria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, Manuel Gerardo Flores, señaló la necesidad de que el país fortalezca la inspección, vigilancia y cumplimiento del marco regulatorio de plaguicidas en México para proteger de manera más adecuada la salud y el medio ambiente.

También señaló que es crucial que la política regulatoria del país debe basarse en la evidencia científica, en datos duros, obtenidos en trabajo de campo y considerando las experiencias de otros países.

El Coordinador de la política regulatoria de la OCDE dijo que “el propósito de la regulación es proteger la salud y el medio ambiente y que el país debe adoptar una estrategia transversal en materia de plaguicidas, en la que es necesario una agencia que coordine, supervise y aplique la labor de inspección y vigilancia para asegurar la aplicación eficaz del marco regulatorio.”

Gerardo Flores también recomendó que el país adopte lo que se conoce como “consulta temprana” en que las autoridades sanitarias y ambientales escuchen a todos los actores involucrados en el sector que se regula y lleven a cabo lo que llamó “una alianza estratégica  entre los ciudadanos, los regulados y el gobierno para  una eficaz regulación en materia de plaguicidas y fertilizantes hay mucho por hacer, como la realización y aplicación de planes de inspección multianuales, con metas y objetivos claramente establecidos, que no existen en México y sí en otros países, para lo cual se requiere de tener recursos humanos adecuados, capacidades técnicas y por supuesto recursos presupuestales que permitan llevar a cabo estas tareas”. 

También propuso que el país adopte el principio de proporcionalidad para que el proceso de registro de plaguicidas considere el grado de riesgo potencial a la salud humana y el medio ambiente y no tratar a todos de la misma manera. 

Por su parte, el presidente de la UMFFAAC, Ing. Luis Eduardo González Cepeda dijo que diversos factores como el impacto de la pandemia, la falta de presupuesto en labores de inspección y vigilancia dan la oportunidad para que fabricantes y formuladores de productos que no tienen registro sanitario los ofrezcan a mejor precio a los agricultores, con lo cual los daños terminan por afectar la salud, el medio ambiente y la economía de los propios agricultores. González Cepeda añadió que “esta situación termina por afectar también la balanza agropecuaria que ha ido perdiendo el margen de superávit que ha tenido desde 2015, cuando el sector registraba 15 mil millones de dólares hasta tener en la actualidad alrededor de 7 mil millones de dólares.”

González Cepeda advirtió también que la industria de protección de cultivos beneficia a dos millones de trabajadores agrícolas y que “de poco sirve tener un marco regulatorio en materia de plaguicidas bien diseñado, a la altura de otros países de América Latina e inclusive de Estados Unidos”. Y advirtió que “si la Semarnat y la Secretaría de Salud no ejercen en la práctica labores eficaces de inspección y vigilancia pone al país en riesgo de que nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, opten por sustituir a México como proveedor de productos agrícolas que sí cumplen con los requisitos de importación de ese país.”

Por su parte, la Química Amada Vélez Méndez, Directora de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, del Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Rural, reconoció que “los plaguicidas constituyen una de las herramientas que coadyuvan a satisfacer la necesidad creciente de alimentos para una población que no solo va en aumento, sino al mismo tiempo exige que los productos de la agricultura, tengan un menor impacto  en el medio ambiente y la salud humana”.

En el foro participaron también representantes de diversas organizaciones de productores agrícolas, que en conjunto generan alrededor de 160 mil millones de pesos al año, como la  Asociación Nacional de Exportadores de Berries, representada por Nohel Guzmán, en representación del presidente, José Luis Bustamante y su director general, Juan José Flores, La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, La Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, La Asociación Nacional de Procesadores de Cítricos, La Unión Agrícola de Fruticultores del Estado de Chihuahua, así como expertos en materia regulatoria de la OCDE como la Dra. Giuseppa Ottimofiore, el Dr. Florentin Blanc, la Dra. Denise MacGillivray, del sector salud de Canadá, el Dr. Juan L. Silva, de la Universidad de Mississippi, Ing. Katia Grisel Aguilar, de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México y el Ing. Víctor M. Celaya, Director General de Amocali, así como, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Michoacán, un organismo de productores agrícolas, como otros 31 más que existen en el país como auxiliares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y su brazo operativo el Senasica.