La Ley de Aguas Nacionales (LAN) vigente prohíbe a las mineras realizar descargas de aguas residuales, altamente tóxicas en los cuerpos de agua, aunque hayan sido tratadas. Con la propuesta de modificación que actualmente se discute en la Cámara de Diputados, el lobby minero pretende eliminar esa restricción, estipulada en el artículo 118 de la actual LAN.

Uno de los graves problemas de disponibilidad de agua de calidad para abastecer a la población es la contaminación de los ríos y lagos, así como el acaparamiento de enormes volúmenes del preciado líquido que realizan industrias extractivas como la minería, la agroindustria, el fracking y la industria textil. Por eso, es fundamental que la Ley regule de manera estricta su uso, especialmente por las industrias que más la contaminan y acaparan.

La normativa actual que regula las descargas industriales es insuficiente, como la NOM-001-Semarnat-2021, ya que no toma en cuenta la tasa de dilución, de depósito en sedimentos, de bioacumulación de metales pesados y de acumulación con otras descargas en la misma región. Además, los tratamientos existentes no eliminan todas las sustancias potencialmente tóxicas ni se cuenta con un sistema de vigilancia que garantice descargas seguras.

Luego de una ardua lucha de décadas, se logró una reforma al marco legal minero en mayo de 2023, que entre muchos avances, prohíbe a la autoridad del agua (Conagua) otorgar concesiones para la deposición de residuos en cuerpos de agua. Este avance sustancial está en riesgo con la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales enviada por el ejecutivo federal al Congreso, que pretende regresarle esa impunidad para contaminar los cuerpos de agua a la industria minera, quienes siguen presionando para regresar a sus privilegios.

Es imprescindible evitar la regresión en la prohibición establecida en el Artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales. La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, admitió que “eso debe revisarse” para que la industria minera, que es responsable de innumerables casos de contaminación de ríos, lagunas, arroyos y enormes extensiones de tierras, no pueda seguir haciéndolo.

El derrame de residuos mineros en los ríos Sonora y Bacanuchi, considerado por la propia Semarnat como el peor desastre ambiental, no se ha remediado luego de más de 11 años y la mina responsable, Buenavista del Cobre, sigue operando impunemente.

Se debe prohibir la contaminación de más cuerpos de agua por parte de la industria minera y otras actividades altamente tóxicas. Las y los legisladores deben ser responsables y evidenciar los chantajes de una industria que saquea los recursos minerales de la nación, acapara el agua y solo deja en los territorios contaminación, destrucción ambiental, violencia y pobreza.

El actual proceso de reforma al marco legal hídrico es también una gran oportunidad para frenar la extracción indiscriminada de materiales pétreos de los ríos y lagos. Las constructoras e inmobiliarias están destruyendo y modificando cauces y lechos, arrasando con estos recursos y provocando graves daños ambientales, lo que a su vez afecta el abasto de agua y la biodiversidad en esos ecosistemas.

Actualmente, hay una muy pobre regulación y vigilancia sobre la minería de materiales pétreos como la grava, arena, balastro y otros materiales, lo que incentiva su explotación masiva.

Otro tema ausente en la discusión sobre el futuro del agua en México es la prohibición del fracking, técnica para la extracción de hidrocarburos que requiere de grandes cantidades de agua, que van de 9 hasta 29 millones de litros por pozo. El agua usada para fracking, queda irreversiblemente contaminada, sin posibilidad de regresar a su ciclo natural. La evidencia científica en sitios donde se ha realizado fracking en el mundo muestra múltiples casos de contaminación a cuerpos subterráneos de agua.

El Plan Estratégico de Pemex, presentado en agosto de este año, establece que la empresa paraestatal buscará incrementar la producción de hidrocarburos a través de la explotación de “yacimientos de geología compleja” y yacimientos no convencionales, lo que significa el uso de fracking y de uno de los bienes comunes más importantes que tiene el país: el agua.

Las metas que propone Pemex para la extracción de gas fósil conllevan impactos irreversibles al ambiente, agua, clima y a la salud, sumando una incalculable deuda con las futuras generaciones.

No obstante, en la discusión legislativa se ha omitido deliberadamente discutir la prohibición del fracking, a pesar de que es una demanda ciudadana expuesta en los foros y parlamentos abiertos diseñados para el envío de propuestas precisamente por la relación directa que guarda esta actividad con la amenaza a la seguridad y disponibilidad hídrica para consumo humano. Asimismo, el 19 de noviembre de este año, se presentó un nuevo paquete de reformas entre las que destaca la propuesta de prohibir el fracking, mediante la modificación al Art. 27 Constitucional y una reforma a la LAN para prohibir el uso de agua para su realización.

Las comunidades, organizaciones, academia y personas defensoras del territorio y el medio ambiente que integran la Colectiva Cambiemosla Ya, la Alianza Mexicana Contra el Fracking, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) y  Espacio DESCA llaman a los legisladores a no ceder a las presiones de cúpulas empresariales que se niegan a perder sus privilegios y ganancias para seguir acaparando y contaminando el agua de forma indiscriminada.

El agua es un derecho humano básico, por lo que se debe priorizar el abasto para toda la población humana, y el cuidado de los ecosistemas de los cuales dependemos; el llamado es a no permitir el acaparamiento y contaminación de enormes volúmenes de agua que realizan las grandes industrias para beneficio de unos pocos, y en detrimento del abasto de la población y del cuidado ambiente.