Con la participación de más de 80 representantes de pueblos, comunidades y organizaciones de los estados de Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, México, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Puebla, Jalisco, Querétaro y Ciudad de México, la Alianza por la Libre Determinación y Autonomía (ALDEA) llevó a cabo su Asamblea Nacional y llamó a aprobar a la brevedad la reforma constitucional en materia de derechos indígenas.

“No queremos prebendas, queremos autonomía para decidir en nuestros territorios. Los pueblos y comunidades no queremos ser tutelados por el Estado, queremos derechos y reconocimiento plenos”, subrayaron las y los participantes.

Entre los temas que se abordaron en el encuentro están: la vigencia de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar (que llevan 26 años de retraso en el compromiso de traducirse en ley) y las experiencias y problemáticas que enfrentan pueblos y comunidades para hacer efectivo el ejercicio de sus derechos a la libre determinación, la autonomía y al territorio.

La imposición de megaproyectos, las agresiones y la criminalización en contra de personas defensoras; el no reconocimiento y la violencia en contra de los autogobiernos indígenas, sus instituciones tradicionales y sus sistemas normativos propios son algunos de los ejemplos que ilustraron las y los asistentes al encuentro. Además, en la asamblea se integraron a la ALDEA más de 30 comunidades y organizaciones indígenas.

La Alianza hizo un llamado urgente al Estado mexicano para materializar la Reforma Constitucional pendiente sobre derechos colectivos prometida por el Ejecutivo, así como otras leyes federales y locales fundamentales para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos y ser reconocidos como sujetos plenos de derecho público.

Si bien históricamente los pueblos y comunidades han ejercido su libre determinación y autonomía; la reforma de 2002 restringió estos derechos a la potestad de las entidades federativas, que se arrogan el derecho de reconocer -o no hacerlo- a pueblos y autoridades indígenas de manera arbitraria. Esto es así porque el marco constitucional los designa como “sujetos de interés público” que dependen del tutelaje del Estado para practicar el autogobierno y reproducir sus formas de vida y su desarrollo.

A ello se suma, la aprobación y entrada en vigor del conjunto de leyes neoliberales (Ley Minera, Reforma Energética, Ley de Aguas Nacionales, entre otras) que justifican y legalizan el despojo a través de la ocupación de los territorios, por considerar preferente y de utilidad pública las actividades extractivas, lo que les impide a las comunidades preservar y usar sus tierras y bienes comunes.

Con un enorme costo, los pueblos han logrado algunos avances en el reconocimiento de sus derechos en las leyes o en los tribunales. La ALDEA es un esfuerzo común de pueblos, comunidades y organizaciones para organizarse a nivel nacional y exigir de forma colectiva el respeto y garantía de sus derechos colectivos, el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y los 10 puntos de ALDEA, deuda histórica del Estado mexicano desde 1996.

“Desde la ALDEA reiteramos nuestro llamado al presidente López Obrador y al Congreso a no seguir postergando los derechos de los pueblos originarios, a aprobar una legislación que garantice plenamente su autonomía y libre determinación y les permita construir una nueva relación con el Estado, sobre las bases de respeto e igualdad. Solo así será posible conformar la verdadera nación pluricultural que profesa la Constitución”, concluyeron las y los participantes.