El 24 de julio pasado, Greenpeace presentó un juicio de amparo ante las recientes  reformas a la Ley de Amparo, debido a que éstas últimas tienen impactos directos en la suspensión, una parte fundamental de este tipo de juicio y por lo tanto limitan el acceso a la justicia, particularmente de personas y comunidades que defienden derechos humanos y el ambiente.

La suspensión es una figura que permite protegernos de que daños irreversibles relacionados con lo que se discute en juicio no pasen mientras se resuelve el proceso, acotarla significa que en algunos casos las personas terminaremos por no estar protegidas, ni siquiera ganando un juicio porque de todas formas las afectaciones las resentiremos nosotras y/o las comunidades que acompañamos.

En Greenpeace creemos en el juicio de amparo como un mecanismo de protección de derechos, un recurso que debe ser sencillo y accesible para que las personas podamos obtener justicia.

Si bien es importante afinar mecanismos para dicha protección y ampliar la base que pueda acceder a ello, es muy cuestionable que para encaminarse por esa dirección se empezara por limitar una figura que impide que los daños que se tratan de defender terminen por ocurrir.

“Estamos convencidas/os que es fundamental continuar con las discusiones necesarias para evitar el uso faccioso de la ley y, en particular, del juicio de amparo, pero éstas tendrán que ser abiertas, transparentes y deberán incluir de manera efectiva las voces de comunidades, personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y el ambiente, enfatizó Pablo Ramírez, campañista de Justicia climática”.

La reforma a la Ley de Amparo no solo limita el acceso a la justicia sino que contraviene acuerdos internacionales suscritos por México como el de Escazú en el que se reconoce y protege a las y los defensores ambientales, garantizando el acceso a la justicia para lo cual los Estados deberán contar con medidas cautelares para prevenir o evitar los daños al ambiente, lo que en las leyes mexicanas, y tratándose del juicio de amparo, sería a través de la suspensión, por lo que limitarla resulta muy delicado.

Esperamos que se declaren inconstitucionales estos artículos y que se reencauce la necesaria discusión sobre el acceso a la justicia de la población, especialmente las comunidades y sectores más vulnerables, la exigencia de los derechos sociales y se llegue a soluciones que favorezcan a las personas y sus necesidades de justicia socioambiental. Como defensores ambientales consideramos que el amparo es un juicio protector de derechos y así, seguiremos acudiendo a él, construyendo porque sea cada vez más accesible para las comunidades que acompañamos.