Implementar sólo tres dispositivos de seguridad vehicular: frenos ABS, el control electrónico de estabilidad y estándar de protección a peatones en todos los vehículos nuevos, podría salvar 6 mil 700 vidas al año, indicó Daniel Cano, líder de proyectos en seguridad vial en el Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México, por sus siglas en inglés).

Durante el 21 Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad celebrado este jueves 21 y viernes 22 de abril en Aguascalientes, el primero desde que se aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), Cano expuso que este dato generado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) demuestra que mediante mejoras a los vehículos se pueden reducir casi a la mitad de las muertes por hechos de tránsito en México, que en promedio son casi 16 mil anuales y se ubican como la segunda causa de muerte entre la población de entre 5 y 39 años de edad.

“México produce vehículos con los más altos estándares de seguridad, pero los comercializa en otros países. Tenemos la capacidad de producir y vender automóviles con todos los elementos de seguridad, y el mercado mexicano está dispuesto a pagar un costo marginal para adquirir vehículos seguros”, expuso.

Asimismo, en el encuentro se presentaron los resultados de un análisis realizado a una muestra de los 361 modelos de automóviles por Ariel Govea, asesor jurídico-financiero de la dirección de movilidad de WRI México, de los cuáles el 100% cuenta con los mecanismos básicos de seguridad como frenos ABS, bolsas de seguridad, distribución electrónica de frenado y anclaje de asiento infantil. Sin embargo, sólo 43% tiene control de ascenso en pendientes, advertencia de colisión, alerta de punto ciego y de cansancio. Y en el que destaca el hecho que, según el análisis, ningún modelo analizado cuenta con un estándar de protección de peatones.

“Las tecnologías de seguridad son lo más importante. La mayoría de las personas desea que su próximo vehículo (cuente con) funciones de seguridad cómo frenado de emergencia y advertencia de punto ciego. Pero estos sistemas de seguridad no deben ser ofrecidos como elementos de lujo”, expuso.

Durante la inauguración, Diego Monraz, secretario de Transporte de Jalisco y Presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), resaltó que es un año de trabajo importante para las autoridades de movilidad, pues se aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en el Senado, lo cual establece tiempos definidos para implementar instrumentos jurídicos que configuraran los mecanismos de funcionamiento para mejorar la movilidad en el país.

En el encuentro, Roxana Montealegre, Directora de Movilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDATU), aseguró que este organismo se está preparando para iniciar el proceso de implementación de la LGMSV y echar a andar el Sistema Nacional de Seguridad Vial, así como crear bases de datos que unificarán las multas, licencias de conducción, etc.

Aseguró que a través de la relación intergubernamental en materia de movilidad y seguridad vial se podrán atender temas, emprender acciones y estrategias conjuntas entre autoridades federales, estatales y la AMAM para mejorar la movilidad en México, al centrar esfuerzos en el transporte público.

Por su parte, Saúl Alveano, Coordinador Técnico del Sistema Seguro Secretaría de Transporte de Jalisco, expuso que la Ley General de Seguridad Vial a nivel nacional plantea la necesidad de contar con instituciones técnicamente sólidas, que brinden resultados a través de la planeación, ejecución, evaluación y seguimiento.

“Una adecuada gestión entre dependencias apuntaría a reducir las muertes y lesiones por siniestros de tránsito, los costos de operación en el sector salud y las pérdidas de productividad por siniestros de tránsito”, aseguró.

Dentro de los dos días de discusión se revisaron experiencias de mecanismos de fomento del transporte en Chile, Brasil y Colombia. Asimismo, algunas experiencias exitosas de ciudades mexicanas como León, Aguascalientes y Jalisco.

Por su parte, Fernando Páez, director adjunto para Colombia y director de movilidad urbana para México y Colombia de WRI, detalló que el Programa de Apoyo al Transporte Urbano Masivo (PROTRAM) es el único a nivel federal de apoyo específico al transporte público masivo en México y es un instrumento clave en el desarrollo sustentable de las ciudades de más de 500 mil habitantes.

“Las autoridades valoran el PROTRAM y que es necesario que se fortalezca como mecanismo de financiamiento para continuar con la transformación del transporte público en México”, apuntó.