Como se hizo saber en comunicados anteriores, desde principios de 2024 se comenzaron a percibir movimientos en la zona por lo que se procedió a hacer diversas solicitudes de información a las autoridades federales, estatales y municipales correspondientes a fin de conocer si la supuesta obra contaba con las autorizaciones, licencias y permisos correspondientes, esto es, la autorización en materia de impacto ambiental federal por realizar obras y actividades dentro de una Área Natural Protegida Federal y por remover vegetación forestal; las autorizaciones estatales en materia de impacto ambiental, al estar dentro del área natural protegida estatal denominada como “Santuario del Agua” y las licencias de uso de suelo y construcción municipales; solicitudes que fueron respondidas por dichas autoridades NEGANDO LA EXISTENCIA DE CUALQUIER AUTORIZACIÓN, LICENCIA O PERMISO PARA UNA OBRA DEL TAL MAGNITUD, en la zona.

Con fecha 19 de marzo de 2024 mediante imágenes de satélite se pudo constatar la construcción de lo que en este momento parecían ser 7 cuerpos de agua artificiales, excavaciones profundas, así como zonas con derribo de arbolado reciente, como se muestra en la siguiente fotografía,  en un área aproximada de 262 hectáreas:

A principios de Junio del 2024 ante el descontento y preocupación social, se procedió a la presentación de diversas denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Procuraduría de Protección Ambiental del Estado de México y el Ayuntamiento de Valle de Bravo por flagrantes violaciones a la normatividad ambiental y de desarrollo urbano.

Estas y otras denuncias posteriores a Conagua y organismos de Cuenca fueron admitidas y cuentan con los números de expedientes siguientes:

No obstante, lo anterior, los únicos sellos que se colocaron y solo de forma temporal,  en uno de los portones de acceso al predio, fueron de  Suspensión Provisional del Municipio, y en la misma entrada posteriormente otros sellos de Clausura por parte de la PROFEPA, sin embargo, los sellos fueron removidos y las obras continuaron utilizando para ello otras puertas de entrada al predio, el cual hoy se sabe que es de aproximadamente 500 hectáreas, según datos del comunicado de Profepa del 21 de abril del presente.

Como así se hizo saber por parte de Profepa en el citado comunicado del 21 de abril del presente, en la ejecución de la orden de cateo se encontró “que se estaba llevando a cabo la captación de agua sin los permisos necesarios en un número indeterminado de presas o lagos artificiales y se encontraron múltiples daños ambientales, motivo por el cual la FGR aseguró el lugar[1]”.

Por su parte la Fiscalía General de la República en un comunicado, con misma fecha, determinó haber hecho “una inspección visual donde se observaban terrenos en las cuencas de los ríos de Valle de Bravo, Maltepec, Tolostoc y Memastepec (sic), por lo que localizaron y aseguraron 10 presas captadoras de agua que eran aprovechadas con el recurso hidráulico, remisión de tierra y daño ambiental; asimismo se aseguraron 27 vehículos dentro de la propiedad[2]”.

Actualmente parte de la obra asegurada se ve así de acuerdo con fotografías aéreas:

Ante los citados hechos, la ciudadanía y comunidades locales vallesanas congratulamos las acciones de PROFEPA, elementos de la Defensa Nacional, la policía estatal  y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) para asegurar el predio, así como solicitamos  PROFEPA y FGR el oportuno seguimiento del caso a fin de imponer las sanciones que correspondan al grado de daño ambiental ocasionado, así como las acciones de restauración correspondientes a los responsables de tales actos ilegales.

Reiteramos un atento llamado al AYUNTAMIENTO DE VALLE DE BRAVO y ante el previo conocimiento de los hechos, a dar atención oportuna a este tipo de ilícitos, evitando ser omiso en hechos tan graves por la conducta ilícita de desarrolladores privados, que afectan a nuestro municipio, sus comunidades y ecosistemas.

Las organizaciones y vallesanos firmantes reiteramos la necesidad de imponer todo el peso de la ley y cero tolerancia, a fin de inhibir que este tipo de conductas, al margen de la ley, se repitan en Valle de Bravo ya que no solo infringen el estado de derecho sino que causan un grave daño a nuestros ecosistemas, su biodiversidad y a los propios servicios ambientales que el área natural protegida federal y estatal provee no solo a los vallesanos, sino a millones de personas en la CDMX y el Valle de Toluca en términos de provisión de agua y regulación del clima.