Comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como organizaciones de la sociedad, obtuvieron en días pasados la suspensión definitiva relacionada con el amparo presentado en julio del 2020 en contra del proyecto Tren Maya.

Como efecto de la suspensión no se podrán ejecutar obras nuevas con relación al proyecto Tren Maya en el tramo 2, que abarca de Escárcega a Calkiní, en el estado de Campeche.

Con esta resolución, la autoridad judicial permite a las personas que interpusieron el amparo poder celebrar un proceso judicial sin que se realicen obras que podrían generar daños irreparables, lo cual constituye un beneficio para la sociedad en general.

» Esperamos que, ante los argumentos presentados, el Estado mexicano pueda aplicar el principio de precaución, que ya es vigente en México para todas las autoridades y decida suspender todo el proyecto», afirmaron.

Las autoridades responsables de la obra que deberán acatar la suspensión concedida por la autoridad judicial son el Fondo Nacional de Promoción al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como Fonatur Tren Maya (TM).

Con relación a la reciente Autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental de la Fase 1 del Tren Maya, otorgada por Semarnat a Fonatur TM, tampoco podrán realizarse obras para dicha fase, toda vez que dentro de ésta se incluye obras nuevas en el tramo 2 de Escarcega a Calkiní, el cual, como ya se mencionó, se encuentra suspendido conforme a la decisión del Poder Judicial.

El colectivo de personas y organizaciones que interpusimos la demanda de amparo mencionada en este comunicado, decidimos conjuntamente ejercer nuestro derecho de acceso a la justicia, debido a las violaciones a nuestros derechos humanos fundamentales como el acceso a un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar, ocasionados por los graves impactos ambientales y sociales del proyecto integral Tren Maya.

Por lo anterior, hacemos un llamado respetuoso al Poder Judicial a mantener y ejecutar la suspensión definitiva, pues sólo de esta forma se garantiza el respeto de nuestros derechos humanos. Asimismo, solicitamos respetuosamente a la autoridad judicial para que actúe con mayor diligencia en este caso, pues en los diferentes procesos de defensa que se han interpuesto en la Península de Yucatán están ocurriendo muchas dilaciones procesales. Existe una tardanza generalizada en la admisión de las demandas entre 4 y 6 meses, suspensiones insuficientes, desacato de las suspensiones y falta de sanción a las autoridades responsables.

En este sentido, resulta indispensable que el Poder Judicial de la Federación se erija como un verdadero órgano protector de los derechos humanos que garantice el acceso a la justicia y la generación de condiciones que permitan a los pueblos, comunidades y a cualquier ciudadano impugnar las violaciones que se derivan de este proyecto.

Finalmente, hacemos un enérgico llamado a las autoridades para que garanticen el derecho de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales a ejercer su labor y a actuar a fin de que cesen los ataques de los que hemos sido objeto por ejercer nuestro legítimo derecho a oponernos a las obras del Tren Maya, al considerar que violentan nuestro derecho al territorio y a un medio ambiente sano. Desde que se inició este proceso de defensa, los involucrados, tanto en casos individuales como colectivamente, hemos sido blancos de ataques, amenazas, deslegitimación y criminalización por el mero hecho de oponernos a este proyecto.

Por seguridad y protección de datos personales no se dará a conocer el expediente, ni parte del mismo.