En el actual Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022 presentado por el Ejecutivo Federal el pasado 8 de septiembre, el gobierno de México pretende asignar 15 mil 212.6 millones de pesos ($15,212,590,217 pesos)^[1] a dos proyectos de extracción de hidrocarburos que requieren el uso de fractura hidráulica o fracking en yacimientos no convencionales.

Se trata de los proyectos Aceite y Gas en Lutitas y Aceite Terciario del Golfo (ATG) que, en este año 2021 recibieron 4 mil 766.3 millones de pesos ($4,766,323,253 pesos). Con respecto de este año, esto es un aumento de 219% en términos reales, y contradice el compromisonúmero 75 hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de su administración: “no usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking”, compromiso que el propio presidente ha refrendado y afirmado como cumplido en reiteradas ocasiones.

El PPEF 2022 deberá ser aprobado antes del 15 de noviembre por el pleno de la Cámara de Diputados y, en caso de aprobarse, el presupuesto previsto para 2022 en fracking será el mayor asignado a esta práctica en los últimos siete años en México.

El incremento sustancial proviene del proyecto Aceite y Gas en Lutitas que recibiría el próximo año 11 mil 657.3 millones de pesos, en contraste con los 2 millones 488.9 mil pesos asignados en 2021.

Este proyecto, iniciado en 2013, tiene como objetivo evaluar el potencial petrolero de hidrocarburos no convencionales y está previsto que concluya en diciembre de 2022.

Abarca parte de los estados de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, específicamente las provincias petroleras de Sabinas, Burro-Picachos, Burgos y Tampico-Misantla, donde se asientan comunidades indígenas, mestizas y campesinas.

En cuanto al Proyecto Aceite Terciario del Golfo, este se inició el 1 de diciembre de 2002 y está previsto para concluir el 31 de diciembre de 2031. Se ubica en los estados de Puebla y Veracruz, e incluye 29 campos productivos de aceite y gas asociado, y se divide en ocho sectores: Soledad-Coyotes, Aguafria Coapechaca, Tajin-Corralillo, Presidente Aleman-Furbero, Sitio-Tenexcuila, Amatitlán-Agua Nacida, Coyol Humapa y Miquetla-Miahuapan. Este proyecto recibiría 3 mil 555.2 millones de pesos y por su geología, su explotación requiere del uso de fracking.

De aprobarse el PPEF 2022 en los términos enviados por el Ejecutivo Federal al Congreso, resultaría que de los años 2020 a 2022, se habrían asignado 31 mil 927.3 millones de pesos ($31,927,325,112 pesos) para fracking. Esto es 83.6% más que lo asignado durante los tres años anteriores (2017, 2018 y 2019).

Fuente: Elaboración propia con base en información de SHCP.

Si bien ha existido un subejercicio de los presupuestos asignados para fracking, nunca se ha ejercido tanto dinero en la exploración de Aceite y Gas en Lutitas como en 2020, inclusive, el ejercicio de recursos en este proyecto ha pasado de 443.1 millones de pesos en 2017, a poco más de 3 mil 346.9 millones para el 2020, es decir un crecimiento de 655%.

Desde la política de gasto público, es claro que el compromiso del presidente López Obrador referente a la no utilización del fracking como técnica de extracción no se ha cumplido.

Es indispensable y apremiante que el Ejecutivo federal deje de proponer asignaciones presupuestarias para proyectos de fracking y que la Cámara de Diputados no apruebe el presupuesto previsto para dichas actividades, comprometiéndose además a prohibirlo legalmente, en línea con las más de 8 iniciativas de prohibición que fueron promovidas por diversos Grupos Parlamentarios (PRD, PT, MC, PAN y Morena) en ambas Cámaras durante la pasada LXIV Legislatura.

La actual LXV Legislatura del Congreso de la Unión tiene la oportunidad histórica de frenar este dispendio de recursos, de expresar un claro y contundente

#CeroPesosAlFracking, reasignar esos recursos a prioridades ambientales y de derechos humanos, y de una vez por todas #ProhíbanFrackingYA.