Voluntarios e integrantes de Greenpeace México acompañadas por socios, ciberactivistas y más de 30 organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, lanzaron un mensaje de solidaridad con Greenpeace EE.UU., tras el veredicto que impone un pago de más de 660 millones de dólares a las entidades Greenpeace Inc, Greenpeace Fund y Greenpeace International.

Pablo Ramírez, campañista de Justicia Energética para Greenpeace México comentó: “Esta demanda no solo busca intimidar y quitar los “obstáculos” que se oponen a la operación dañina de la industria fósil, también intenta restar agencia a las comunidades que defienden sus territorios, pero a pesar de esta indignante sentencia, el movimiento ambiental y climático enraizado en los territorios y en las personas que los defienden seguirá adelante, no nos silenciarán”

Una demanda sin fundamentos

Las entidades Greenpeace Inc, Greenpeace Fund (con base en Estados Unidos) y Greenpeace International (con base en Países Bajos) fueron demandadas sin fundamentos por Energy Transfer (ET) bajo la acusación de instigar las protestas del movimiento indígena Standing Rock en 2016, contra un oleoducto que atraviesa el territorio de la tribu Sioux.

ET reclamó por daños a las entidades mencionadas de Greenpeace por 300 millones de dólares estadounidenses sin haber provisto de una pieza creíble de evidencia para apoyar su reclamo, creando una nube de sospechas sobre las entidades de Greenpeace y minimizó el liderazgo indígena en su propia lucha. Es también notable que las condiciones en que fue presentado el juicio no ofrecieron imparcialidad ni transparencia,  a pesar de que el equipo legal de Greenpeace solicitó varias mociones y expresara preocupaciones previas al juicio.

Una vez concluido el juicio en Dakota del Norte el pasado 19 de marzo,  aunado al monto de los daños compensatorios que reclama Energy Transfer, la compañía de combustible fósil solicitó también daños ejemplares, que no corresponden a los costos que reclama Energy Transfer, pero están destinados a castigar o enviar un mensaje

Por su parte Greenpeace International emprenderá acciones como la Directiva Anti-SLAPP de la Unión Europea en una corte neerlandesa contra ET, para recuperar los daños y costos como resultado de las demandas.

Las demandas de Energy Transfer son claros ejemplos de SLAPPS (Litigio estratégico contra la participación pública, por sus siglas en inglés) – demandas que buscan acabar a organizaciones sin ánimo de lucro y activistas con gastos legales, empujarles a la bancarrota y en última instancia, silenciar el disenso. [1]

Las grandes compañías petroleras Shell, Total y ENI también han empujado demandas contra entidades de Greenpeace en años recientes [2] Un par de estos casos ha sido exitosamente detenidos en su camino. Esto incluye a Greenpeace Francia que derrotó la demanda SLAPP de TotalEnergies el 28 de marzo de 2024; y Greenpeace UK y Greenpeace Internacional que forzaron a Shell a retirar su demanda SLAPP el 10 de diciembre de 2024.

La primera demanda de ET fue presentada bajo el Acta RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), una legislación federal estadounidense diseñada para perseguir la actividad del crimen organizado. El caso fue desechado, con el juez declarando que la evidencia entregada se quedó “muy corta” de lo necesario para establecer una iniciativa RICO. La corte federal no decidió sobre la ley estatal, por lo que ET inmediatamente presentó un nuevo caso en Dakota del Norte con este y otros reclamos de ley estatal.

Reporte de la Coalición contra SLAPPS en Europa (CASE) documentó 1049 demandas SLAPP en Europa en el periodo 2010-2023, con 166 demandas iniciadas en 2023.