Como Organizaciones no gubernamentales (ONGs), condenamos enérgicamente el caso de Yudiel Flores Tovar, conocido como «El Coyote Consentido», quien desde el penal “El Amate” en Chiapas, continuaba abusando sexualmente de niñas y niños, a pesar de haber sido condenado a más de 100 años por delitos de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI).

La muerte de este youtuber no puede ni debe considerarse como el cierre de este caso. Por el contrario, debe volver a encender todas las alertas sobre las fallas estructurales del sistema penitenciario que permitieron que estos abusos continuarán incluso al interior de un centro penitenciario.

En su dispositivo celular se encontraron nuevas imágenes que revelan posibles agresiones a menores, probablemente hijas e hijos de otros PPL. Este incidente no es un hecho aislado, es un caso de un agresor sexual que lejos de recibir un tratamiento especializado enfocado en su reinserción social, logró evadir controles elementales de seguridad para seguir cometiendo agresiones.

En Reinserta hemos documentado al menos cinco casos confirmados de abuso sexual infantil dentro de centros penitenciarios. Casos como el de Emili, víctima de abuso sexual dentro del penal de Santiaguito; los testimonios recolectados en el extinto penal de Topo Chico; el caso de Tadeo, un bebé encontrado muerto tras haber sido ingresado ilegalmente a un penal en Puebla; y ahora, este crimen, refleja una crisis sistémica de protección a las infancias en entornos penitenciarios a lo largo y ancho del país.

En México niñas y niños siguen siendo abusados sexualmente dentro de espacios en custodia y responsabilidad del Estado. Esto ocurre porque impera la omisión, la negligencia y en muchos casos, la corrupción y complicidad institucional.

Es un hecho que las autoridades encargadas de promover la reinserción social desde las cárceles no cuentan con medidas de atención especializadas para agresores sexuales. La falta de protocolos efectivos de separación,  monitoreo y vigilancia permite que estos delitos ocurran con total impunidad. Las niñas y niños que ingresan a los penales lo hacen bajo filtros de seguridad básicos, sin embargo, al interior de los centros la falta de acceso a espacios seguros, la nula tecnología, el poco personal son un caldo de cultivo para que los agresores sexuales sigan abusando sexualmente de las infancias.

Aunado a la grave falta de controles dentro de los centros penitenciarios, persisten vacíos legislativos alarmantes en el tratamiento de agresores sexuales. Mientras otros países de la región han avanzado en normativas que contemplan programas de rehabilitación, evaluación psicológica continua y mecanismos de seguimiento, las autoridades mexicanas aún continúan aplicando un mecanismo de reinserción que nada tienen que ver con el tratamiento integral para agresores sexuales.

La ausencia de voluntad política para reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal y establecer medidas concretas para la atención especializada de estos perfiles, convierte al Estado en corresponsable de los abusos que continúan ocurriendo en los centros penitenciarios.

Desde la sociedad civil reiteramos nuestro compromiso firme con la protección de la niñez y la adolescencia —poblaciones especialmente vulnerables frente a la violencia sexual— y exigimos respuestas institucionales claras, urgentes y sostenidas. La impunidad por omisión es tan grave como el delito mismo.

Por ello, desde Reinserta exigimos:

• La segregación inmediata y obligatoria de agresores sexuales y pedófilos en todos los penales del país.
• La creación de espacios seguros, exclusivos, lúdicos y dignos para niñas, niños y adolescentes que visitan a sus familiares en centros penitenciarios.
• Un protocolo nacional que evite cualquier contacto entre infancias y personas privadas de la libertad que no sean sus familiares directos.
• Capacitación especializada para todo el personal penitenciario en protección de infancias y prevención del abuso sexual.
• Una reforma urgente a la Ley Nacional de Ejecución Penal para incluir tratamientos especializados, monitoreo permanente y sanciones ejemplares para las autoridades que incurran en omisión.

No se puede hablar de justicia mientras niñas y niños siguen siendo violentados dentro de los centros de reinserción social del país. Hacemos un llamado enérgico a las autoridades federales, estatales y penitenciarias para que asuman su responsabilidad con firmeza y urgencia.

Proteger a las infancias debe ser una prioridad nacional.