Por: Ben Monterroso

Director Ejecutivo

Mi Familia Vota

Una amenaza reciente, atenta contra la democracia de nuestro país y el derecho al voto de las minorías étnicas que quedan al margen del proceso electoral. En varios estados se están cometiendo violaciones a la Ley Nacional de Registro de Votantes y a la Ley Nacional de Derechos Electorales. Exploramos algunas de estas violaciones en algunos estados (Arizona, Florida y California) en donde los latinos abundan.

En la coyuntura actual, la eliminación ilegal de listas de votantes registrados para votar y la falta de materiales bilingües, han provocan la necesidad de llevar a cabo distintas demandas para garantizar nuestros derechos plenos e iguales de obtener los mismos materiales de votación para todos.

La Ley Nacional de Registro de Votantes (NVRA, por sus siglas en inglés) fue promulgada en 1993 para aumentar el número de votantes registrados y mantener listas precisas y actualizadas del registro de votantes. El Congreso aprobó la Ley Nacional de Registro de Votantes con el objetivo de proporcionar formas adicionales para que las personas se registren y ejerzan su derecho al voto.

Por su parte, la sección 2 de La Ley de Derechos Electorales de Estados Unidos establece la prohibición de cualquier práctica electoral o procedimiento que discrimine a cualquier persona en su derecho al voto por motivos de raza, color o grupo lingüístico minoritario.

Ante la migración de miles de puertorriqueños en 1965, el gobierno de los Estados Unidos agregó el apartado 5 a la Ley de Derecho Electorales, en donde se estipula que ningún estado puede asignar como condición para votar la capacidad para hablar inglés.

La demanda en Florida

El pasado jueves 16 de agosto un grupo de organizaciones en defensa de los votantes hispanos como Mi Familia Vota, la Federación Hispana, el Fondo Educativo, UnidosUS, y Vamos4PR (todas éstas representadas por la organización Demos, LatinoJustice, el bufete de abogados Altshuler Berzon LLP y Service Employees International Union), presentaron una demanda contra el secretario de Estado de Florida, Ken Detzner, y los supervisores electorales de 32 condados.

La demanda centra  su premisa en la violación de La Ley de los Derechos Electorales de 1965 para proporcionar materiales, asistencia bilingüe en las elecciones, papeletas y apoyo de los trabajadores electorales. La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Gainesville.

Ante la devastación que sufrió el pueblo puertorriqueño miles de personas migraron al estado de Florida, sumándose a las personas de habla hispana que viven con un limitado dominio del idioma inglés. En las condiciones actuales y con las acciones del secretario Detzner, están viendo afectado su derecho de accesibilidad para ejercer de forma adecuada su voto.

A pesar de los años transcurridos desde la creación de dichas leyes un gran número de condados en la Florida siguen manteniendo sus elecciones integramente en idioma inglés.

La demanda pretende que se traduzcan los contenidos electorales en los condados con mayor concentración de hispanohablantes.

El problema en Arizona

La secretaria de Estado de Arizona, Michele Reagan, atenta de manera constante la democracia al violar continuamente la Ley Nacional de Registro de Votantes, la cual promulgó el Congreso para aumentar las oportunidades de registrarse para votar y simplificar el proceso de registro.

Un ejemplo de esto es cómo el gobierno de Arizona ha privado a miles de sus ciudadanos de derecho garantizado a nivel federal de registrarse para votar, al no actualizar automáticamente la dirección de una persona cuando cambian el domicilio en  su licencia de conducir.

El Departamento de Transporte de Arizona (ADOT, por sus siglas en inglés) regularmente envía cambios a la dirección de la licencia de conducir a la agencia de la secretaria Reagan, pero ella no está usando esta información para actualizar los domicilios en el registro de votantes como debería.

La demanda negativa para purgar votantes en California

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Una demanda presentada por el grupo conservador Judicial Watch argumenta que California y el condado de Los Ángeles tienen mucha gente en las listas de votantes elegibles, por lo que sugieren “purgar” las listas de electores.

Esta aseveración surge de estudios erróneos en sus datos, los cuales arrojan que en California hay más personas registradas para votar que ciudadanos en edad de poder hacerlo, y por lo mismo las listas de votantes elegibles deben ser “purgadas”.

Esto podría desencadenar en una eliminación incorrecta de personas elegibles al voto afectando a los grupos de votantes no partidistas que se registran en el estado de California, y que cuentan con las barreras más altas de registro como jóvenes de bajos ingresos, latinos y personas de color.

Varias organizaciones están litigando alrededor de todo el país para evitar que se aprueben este tipo de demandas que promuevan la eliminación de personas elegibles al voto, sin un estudio confiable o datos acertados.

En las próximas elecciones intermedias habrá candidatos que sí manejen una ideología de respeto al voto por sobre cualquier condición de raza, color o por grupo bilingüe de minoría. Como comunidad latina tenemos que votar por esta forma de pensar tan necesaria para el fortalecimiento de nuestra democracia y comunidad.

¡Votemos juntos! Sólo así lograremos que las siguientes generaciones tengan una mayor inclusión y mejores condiciones electorales.