A fin de salvaguardar la vida de quienes han tenido el valor de proteger al medio ambiente en la entidad, la diputada Juana Bonilla Jaime propuso reconocer de manera expresa a las personas defensoras del medio ambiente en la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México, así como modificar el nombre de esta ley para incluirlas.

Lo anterior, indicó la legisladora, busca reconocer a las personas defensoras del medio ambiente, es decir, aquellas que dedican tiempo al cuidado, conservación, procuración y restauración de los derechos humanos ambientales, sin esperar alguna retribución por estas actividades.

Además, pide señalar entre sus derechos participar de forma pacífica en actividades de denuncia de las violaciones cometidas en contra del medio ambiente y que las autoridades se abstengan de entorpecer, reprimir o prohibir sus manifestaciones de protesta y denuncia.

Asimismo, a formar organizaciones, asociaciones o agrupamientos de carácter no gubernamental; establecer comunicación y vinculación con las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales defensoras y promotoras de los derechos medio ambientales; así como recabar información relativa a las violaciones y daños al medio ambiente cometidas en la entidad.

En nombre también del diputado Martín Zepeda Hernández, la legisladora señaló que las pocas personas que deciden defender el medio ambiente suelen ser agredidos y desaparecidos por personas, grupos criminales, empresas, gobierno, entre otros, toda vez que pertenecen a la comunidad afectada, con arraigo y compromiso, por lo que se necesita la protección del Estado a través de la citada ley.

La legisladora refirió que en la entidad algunos de los ejemplos son la intimidación, por parte de sujetos encapuchados, que sufrieron pobladores en Tecámac que recorrían el cerro de Chiconautla junto a representantes de medios de comunicación, así como las agresiones que sufrió la ciudadanía de Ocuilan al oponerse a la tala ilegal en la zona boscosa.

La propuesta será analizada por las comisiones de Derechos Humanos y de Gobernación y Puntos Constitucionales.