Hoy nos sumamos a las protestas de miles de personas, organizaciones y comunidades locales que luchan por evitar los devastadores impactos del megaproyecto llamado Tren Maya en la Península de Yucatán. Desde Greenpeace reiteramos la exigencia que hemos tenido hacia el Gobierno Federal desde que estas obras iniciaron: que actúe con apego a la ley.

Sin embargo, hoy se inaugura el Tramo 5 Norte bajo la ilegalidad y el mismo proceder de los segmentos que ya han sido abiertos al público. Todos los tramos hasta hoy inaugurados se han construido sin que las autoridades encargadas del proyecto (FONATUR) presentaran con antelación las respectivas Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) a las que la ley les obliga. En repetidas ocasiones se han topado con la valiente resistencia de comunidades y organizaciones que les han obligado a presentar tales evaluaciones. Sin embargo, la información que se les ha presentado ha sido imprecisa, con datos insuficientes o falsos, generando una situación de desconocimiento sobre los verdaderos impactos que este megaproyecto implica en términos ambientales. 

La Península de Yucatán se enfrenta a una devastación sin precedentes. A lo largo y ancho de su territorio se ha documentado la presencia de megaproyectos extractivistas como inmensas granjas de cerdos, la especulación inmobiliaria en alarmante aumento ante la demanda de un turismo masivo y depredador, agroindustria a base de siembras ilegales de transgénicos y monocultivos, todos estos regidos por un despojo masivo de tierras. A estos se suman los impactos del tren maya, su conector principal.

El Presidente dijo “Ni un solo árbol se va a tirar”. Sin embargo, se calcula que aproximadamente 10 millones de árboles han sido arrancados a la Selva Maya. Ha sido deforestada más de la mitad de las casi 11 mil hectáreas de selva sobre las que se ha construido el tren. El 87% de esa deforestación se ha hecho ilegalmente, sin ninguna autorización de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (1).

Los riesgos de colapso en suelos kársticos y amenazas a reservas de agua dulce deben ser plenamente considerados y evitados. Tienen que tomarse medidas por los impactos de la obra que ya han sido ampliamente documentados y alertados por organizaciones de la sociedad civil y personas de la academia desde fines de 2018 (2). Incluso en la Manifestación de Impacto Ambiental, elaborada por el entonces CONACYT, se señalaron impactos entre Playa del Carmen y Tulum, incluyendo colapsos de cuevas, alteración del flujo de agua e impactos adversos severos para especies amenazadas de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, entre ellos el jaguar, el mono araña, mono aullador, ocelote, tigrillo, pecarí de labios blancos y el manatí del Caribe. (3) El acuífero maya es un gran recurso no solo para la región, sino para México y el planeta.

Se ha evidenciado también que en numerosas ocasiones las consultas a los pueblos y comunidades han carecido de verdadero consentimiento. La ruta del tren atraviesa 177 territorios indígenas que se han visto afectados. A pesar de que el gobierno mexicano tiene la obligación legal de consultar a esos pueblos indígenas, esto no ha sido más que una simulación. La voz de numerosas comunidades se ha alzado en distintas ocasiones sin que hayan sido escuchadas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) incluso cuestionó la libre voluntad de los pueblos. (4) No hubo una consulta amplia, lo cual implica el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT sobre el derecho a la consulta de los pueblos indígenas del que México es parte.

Desde Greenpeace hemos trabajado con las comunidades mayas, quienes se han unido para preservar su territorio y bienes comunes, rechazando el modelo de “desarrollo” extractivista impuesto. Han denunciado que los sistemas de producción local como la producción apícola y de chile jalapeño se están cayendo por la destrucción de la Selva y por el cambio a una producción masiva, completamente ajena a las técnicas tradicionales agroecológicas y sustentables que practican ancestralmente.

Sus voces han ido más allá. Han promovido un modelo de desarrollo alternativo basado en el trabajo libre, el conocimiento ancestral, así como la gestión sostenible de los recursos de manera colectiva.  Las comunidades han dicho que requieren un desarrollo con y para la vida. El tren es un modelo de desarrollo impuesto, de carácter capitalista, extractivista y que pasa por encima de los derechos humanos y de la naturaleza (5).

Imponer este proyecto ha implicado el uso de la fuerza y la intimidación. Se blindó bajo la categoría de Seguridad Nacional acompañado de un aumento alarmante de la militarización en la región. La Suprema Corte de Justicia declaró esta medida inconstitucional en mayo de 2023 (6), pero el Presidente amplió la designación a toda la construcción relacionada con el tren. Las denuncias de hostigamiento por parte de las comunidades de la región han sido una constante sin que haya un cambio de política al respecto.

Exigimos que el gobierno obedezca la orden judicial de suspensión que actualmente existe para el tramo 5 Sur, que se entregue toda la información relacionada con los impactos ambientales de ese proyecto y que se implemente una política que verdaderamente integre las perspectivas de las comunidades mayas y locales de la región.