Para expandirse, el actual modelo de desarrollo requiere, por un lado, de un acceso franco a la tierra y a los bienes naturales y, por el otro, de una oferta abundante de mano de obra.

Para atender estas condiciones del capital, el proyecto Tren Maya busca que los territorios rurales que hoy están en manos de comunidades campesinas e indígenas que por siglos los han resguardado y manejado, queden sin la presencia y custodia de su población originaria, facilitando la incorporación de las tierras y bienes naturales al desarrollo de actividades extractivistas y al mercado inmobiliario, expone el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).

A la par, el proyecto Tren Maya pretende detonar un fuerte proceso de proletarización de la población rural, buscando que los campesinos e indígenas que hoy se auto emplean en sus tierras conformen una población urbanizada con escasas opciones de reproducir su cultura y tejido comunitario, orillada a emplearse en el nuevo orden forjado para la Península de Yucatán”, dicen Eugenio Fernández y Sergio Madrid, director del CCMSS , en el documento Tren Maya: Nuevo impulso a la desruralización de la Península de Yucatán.

Con este proyecto el Estado busca la llegada de grandes inversiones a la región, bajo el supuesto de que el empleo asalariado es la mejor forma de atacar la pobreza y la marginalidad.

El porcentaje de población con “empleo asalariado” se incrementaría notablemente, como ha sucedido antes, sin embargo, esta apuesta se sustenta en un proceso de desposesión y despojo de las tierras de las comunidades, generando las condiciones para acentuar un modelo que concentra la riqueza y permite a grandes empresas y corporativos de las finanzas, la agroindustria, el turismo y el sector inmobiliario acumular capital y perpetuar su dominio. Todo ello en la Península de Yucatán, donde el 46.9 por ciento de la población se identifica a sí misma como maya[1].

Expulsión y proletarización de la población rural

Aunque hasta ahora Fonatur no ha presentado públicamente un proyecto ejecutivo que ofrezca claridad del alcance del Tren Maya, por las declaraciones de sus directivos es posible afirmar que es una apuesta por la urbanización de la región sur-sureste, erigiendo un desarrollo centrado en la provisión de servicios en los sectores turístico e inmobiliario, y favoreciendo la expansión agroindustrial. Fonatur impulsa un esquema que prioriza lo urbano y omite las realidades y derechos de las comunidades indígenas, distribuidas en más de 1510 localidades de los pueblos maya, tseltal, ch’ol, jakalteko, awuakateko y akateko[2].

Omite reconocer que se trata de un territorio indígena habitado y poseído por pueblos originarios con derecho a la libre determinación, de acuerdo con la Constitución; ignora su conocimiento ancestral íntimamente ligado al territorio, su identidad cultural y formas de vida, sus sistemas y medios de producción, y su valioso papel en la protección y mantenimiento de la integridad de los territorios comunitarios. Este enfoque deja ver el racismo y clasismo que subyace en el Estado, expresados por el menosprecio a lo indígena y lo campesino.

Fonatur e instituciones que la acompañan ponen énfasis en el empleo asalariado. Arguyen que las personas de las comunidades podrán obtener un empleo en las miles de oportunidades que brindará la construcción de infraestructura ferroviaria y posteriormente en la vasta industria turística (que recibiría anualmente de tres a cuatro millones de turistas adicionales).

El Proyecto se perfila como una gran inversión enfocada al desarrollo urbano, que generaría una enorme atracción de mano de obra a los polos de desarrollo, mientras se acentúa el abandono de los servicios públicos en zonas rurales y la desatención de las problemáticas en los territorios.

La atracción de la población rural a las zonas urbanas estará también acompañada del crecimiento de diversos sectores ya probados en la región: agroindustria, producción de carne de puerco y pollo, y parques eólicos y solares. El proyecto efectivamente generará nuevos empleos, y es probable que la población campesina acceda a una parte de ellos, pero en ningún sentido esto tiene posibilidades de mejorar sus condiciones de vida.

Por ejemplo, en Quintana Roo en los pasados diez años, la tasa anual de incremento de personas aseguradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue considerable (8%[3]), mayoritariamente dentro de la categoría “un salario mínimo” (3,670 pesos/mes) .

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) consideró en 2017 que una familia de cuatro personas en México, se encuentra actualmente en situación de  “pobreza  por ingresos” si su ingreso mensual es inferior a 11,290 pesos[4].

Así, la estrategia del Estado mexicano para combatir la pobreza a partir de que la población rural se contrate en un empleo asalariado es una falacia; por el contrario, genera una población urbana marginada y excluida con limitaciones para acceder a los bienes naturales, la tierra y las estructuras sociales que otrora gozaba y le sostenían, y dependiente de los vaivenes de la economía y los mercados globales.

Este proceso de desruralización impacta negativamente a las comunidades indígenas y campesinas debilitando su gobernanza y capacidad institucional, así como vulnerando sus cimientos para la reproducción de la vida y la protección de los territorios.

La proletarización de la población rural representa oportunidades para que las empresas accedan a una fuente de mano de obra barata y encuentren vías simples para acceder a la tierra y a los bienes naturales, condición sin la cual el capital no podría expandirse.

Expulsión y despojo

Para acceder a los terrenos que requiere el proyecto Tren Maya se usarán derechos de vía ya existentes y terrenos federales; pero, además, se incorporarán tierras ejidales mediante un esquema de largo plazo de mercantilización y bursatilización de las tierras, conocido como Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces (FIBRA), en el que los ejidos aportarían la tierra al Proyecto una vez completado el procedimiento de privatización de la tierra.

Fonatur ha presionado de distintas formas a los ejidos para “sumarse” al Proyecto, como en los casos de los ejidos Bacalar, Tulum y Cobá, en Quintana Roo, a los cuales se les ha requerido aportar mil hectáreas a cada uno al proyecto, a cambio de hacerse “socios”.

En los tres casos, las autoridades ejidales han expresado que el ejido no está de acuerdo en ceder tales extensiones de sus tierras. En estos casos, Fonatur ha reaccionado con amenazas de “que no hay tren” e incluso con la modificación del trazo del Proyecto[5].

“El patrimonio de gran parte de la población campesina en México se sustenta en la propiedad social de la tierra, con las figuras del ejido y la comunidad agraria. Actualmente, la mitad de la tierra en la Península yace en manos de comunidades que usan sus territorios bajo diferentes arreglos internos, muchos de ellos colectivos.

Esa tierra y ese derecho son el resultado de un complejo proceso por el cual la reforma agraria mexicana extendió títulos de propiedad a miles de comunidades, hecho que ha otorgado seguridad para mantener y conservar el patrimonio por generaciones, y que ha salvado a muchas regiones del proceso de reconcentración de la tierra que se registra por toda América Latina. Sin embargo, la propuesta del Fonatur que plantea la aportación de la tierra ejidal a los FIBRA pone en riesgo este enorme valor” explica el documento.

Para el CCMSS resulta muy preocupante que la administración actual reproduzca los mismos esquemas de gobiernos anteriores al impulsar a la agroindustria en Campeche y el desarrollo urbano y turístico en Quintana Roo.

Ambas experiencias han mostrado que atraer inversiones y crear nuevos empleos puede lograrse, pero no reditúa en mejores condiciones de vida para la población local. Estos casos están plagados de violaciones a los derechos humanos, daños e impunidad ambiental y detrimento de los valores para una convivencia sana.

Aun cuando en el discurso se han incorporado conceptos como sustentabilidad e inclusión es difícil encontrar diferencias con los esquemas implementados años atrás.

El proyecto consolidaría un modelo extractivista, detonando un proceso de expulsión de las poblaciones rurales de sus territorios, que a la par de facilitarle a los grandes capitales su acceso a la tierra y a los bienes naturales, les provee de mano de obra barata atractiva para emplearse en las nuevas unidades turísticas, inmobiliarias y agroindustriales.

Con lo anterior, después de “subsanar la deuda con el sureste del país”, el Estado ya habrá hecho lo suficiente y no tendrá más tiempo ni posibilidades de velar por la salud y el bienestar de la sociedad de esta región.

NOTA: El documento Nuevo impulso a la desruralización de la Península de Yucatán está disponible en: https://www.ccmss.org.mx/acervo/el-desmantelamiento-del-sector-ambiental-un-balazo-en-el-pie/.

[1] La población indígena de la Península de Yucatán asciende en promedio al 46.9 por ciento de la población total. Universidad Autónoma de Yucatán. Disponible en: www.mayas.uady.mx/articulos/informacion.html.

[2]Sandoval, Daniel. Tren Maya, Sembrando Vida y Corredor Transísmico. Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano. 2020

[3] IMSS. “Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2018-2019”. 2019.

[4] 4 Coneval. Dirección de Información y Comunicación Social. “Ingreso, pobreza y salario mínimo, 2017”. Disponible en: www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Documents/INGRESOPOBREZA-SALARIOS.pdf.

[5] Proceso. “Tren Maya, la obstinación”. Riesgo de Descarrilamientos en Tierras ejidales”, Abril, 2020. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/611923/tren-maya-riesgo-de-descarrilamientos-en-tierras-ejidales.