A dos semanas de que concluya el último periodo de sesiones de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, la iniciativa de reforma constitucional en materia indígena sigue sin dictaminarse en la Comisión de Puntos Constitucionales y no puede subirse al pleno para ser votada y aprobada.

De perder está oportunidad para reconocer los derechos de los pueblos en la Constitución, estaríamos en un escenario de incumplimiento de los compromisos asumidos con los pueblos indígenas y afromexicano, que a la fecha carecen de reconocimiento como sujetos de derecho público y no pueden ejercer de forma plena su ejercicio a la libre determinación y a la autonomía.

Se trata de demandas pendientes por parte del Estado mexicano desde los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, recogidas también en instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que México promovió a nivel internacional, pero que en nuestro país los gobiernos no respetan en la práctica, y prevalece una actitud colonial y racista hacia los pueblos originarios.

La iniciativa de reforma constitucional en materia indígena, presentada el 5 de febrero en la Cámara de Diputados, proviene de un proceso de consulta y construcción colectiva, en el que participaron más de 12 mil autoridades indígenas de todo el país en más de 50 foros regionales, y donde se tuvo un despliegue importante de recursos público por parte del Gobierno Federal.

La Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), exhorta a la Comisión de Puntos Constitucionales a dictaminar favorablemente la iniciativa de Reforma Indígena en su siguiente sesión del 23 abril y sin dejar fuera el derecho al territorio de las comunidades. 

Asimismo, la ALDEA -que está conformada por más de 250 comunidades indígenas y afromexicanas de 19 estados del país- hace un llamado a las y los legisladores de todas las fracciones políticas a demostrar su verdadero compromiso con los derechos de los pueblos y avanzar en la aprobación de la reforma con su votación en el pleno de la Cámara de Diputados.

La ALDEA lamenta que mientras se sigue postergando el reconocimiento legal de los derechos de los pueblos, en sus territorios se intensifican los procesos de violencia, desplazamiento forzado, despojo de tierras y saqueo de recursos naturales.

La Alianza subraya que de no aprobarse esta reforma, las y los legisladores estarían perpetuando la condición de discriminación y de racismo hacia los pueblos originarios y se tiraría a la basura todo un proceso de construcción de acuerdos con los pueblos y las comunidades que participaron en la elaboración previa de la propuesta de reforma, por tanto, es una reforma de los pueblos que debe ser honrada con el voto unánime de las y los legisladores. “No nos defrauden una vez más.