Ante la creciente escalada de la violencia, hostigamiento, desplazamiento y despojo de los pueblos originarios y afromexicano de sus territorios y recursos naturales por parte de grupos criminales, empresas y gobiernos, representantes de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía se presentaron en palacio nacional para exigir que el presidente de la república envíe al Congreso la iniciativa de reforma constitucional que garantice la autonomía y libre determinación de los pueblos a la cual se comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, al inicio de su administración.

Representantes de la ALDEA, integrada por más de 240 comunidades y pueblos originarios y afromexicanos, organizaciones y colectivos, entregaron en Palacio nacional una petición formal para que el ejecutivo federal cumpla con este compromiso.

La iniciativa de reforma en materia indígena que tiene pendiente enviar al Congreso el presidente López Obrador, es resultado de un proceso impulsado por la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en el que se realizaron más de 50 foros y 60 asambleas regionales. 

El documento resultante de ese proceso cuenta con el respaldo de 630 mil 986 firmas de autoridades, representantes y ciudadanos de todos los pueblos indígenas y afromexicano del país, y le fue entregada al presidente de la República por parte de integrantes de la Tribu Yaqui desde el 28 de septiembre de 2021.

En el acto público en el que recibió el documento, el presidente asumió el compromiso de enviar la iniciativa de reforma a la Segob y a la Consejería Jurídica de la Presidencia para su análisis y posterior envío al Congreso de la Unión. Sin embargo, han pasado más de dos años de que recibió la iniciativa y sigue sin cumplirse este compromiso con los pueblos originarios y afromexicano.

Los reiterados casos de desplazamiento forzado y despojo de tierras y recursos naturales de comunidades indígenas en Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Jalisco y otras entidades del país; así como la imposición de megaproyectos en los territorios y criminalización de defensores de derechos y del medio ambiente de los pueblos originarios son ejemplos claros de la urgencia de reconocer plenamente y garantizar los derechos de los pueblos en la Constitución y todo el sistema jurídico.

En días recientes, el presidente López Obrador anunció que enviaría al Congreso un paquete de iniciativas de reformas a la Constitución este 5 de febrero, que incluyen modificaciones en materia electoral, del poder judicial y de salarios y pensiones, sin embargo, no se ha hecho mención acerca de la iniciativa de reforma en materia de derechos indígenas, lo cual genera gran preocupación para la ALDEA.

A diferencia de las otras reformas anunciadas, la reforma en materia indígena se trata de una promesa de su gobierno, asumida desde inicios del sexenio, por la que se busca saldar la deuda histórica con los 68 pueblos originarios y afromexicano de este país. Por lo que es urgente avanzar con esta reforma para generar mejores condiciones para garantizar el ejercicio pleno de la libre determinación y a la autonomía de los pueblos originarios, sin la necesidad de mantener un tutelaje por parte del Estado, como contemplan los Acuerdos de San Andrés Larraínzar. 

A 28 años de la firma de aquellos acuerdos entre el Estado mexicano y los pueblos originarios es fundamental no dejarlos en letra muerta y la iniciativa de reforma constitucional los rescata.