Comunidades afectadas por megaproyectos, encabezadas por los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) y por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco) se reunieron hoy fuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reclamar a los ministros su derecho a participar en temas medioambientales.

El acto público se dio en el marco del próximo fallo de la SCJN al amparo interpuesto por los habitantes de Bacánuchi, Sonora, referente al derecho que tienen las comunidades aledañas a los ríos Bacánuchi y Sonora de participar y por tanto decidir sobre la ampliación de una presa de jales de la minera Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., construida por Grupo México.

Urgen a la Corte un fallo positivo al amparo interpuesto por los afectados por el desastre ambiental en Río Sonora, ya que tendría repercusiones importantes en cientos de comunidades que se enfrentan a grandes proyectos en todo el país

“El derrame de hace cuatro años nos cambió la vida. Desde entonces no tenemos agua potable. Compramos garrafones, uno diario. Pero hay vecinos que no tienen dinero y toman agua de la llave, a pesar de saber que está envenenada. Y las cosechas… nunca se dieron igual y ya no queremos sembrar. Tenemos duraznos, pero nos da miedo comerlos, porque pueden estar envenenados. La ampliación de la presa de jales, del mismo Grupo México, nos está trayendo más problemas. Hay filtraciones de ácidos para acá. Ahora los rumores son de que nos van a mover más lejos, nos van a desplazar. Nosotros no queremos irnos, porque de aquí somos”, explica María Elena Bustamante, habitante de Bacánuchi y representante de los CCRS.

El pasado 6 de agosto se cumplieron cuatro años del mayor desastre ecológico en la historia minera del país, cuando 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado, provenientes de la mina de Grupo México, terminaron en los ríos Bacánuchi y Sonora, y afectaron seriamente a más de 22 mil personas e indirectamente a más de 250 mil.

“Nunca nos han tomado en cuenta. Ni antes, ni ahora”, dice Maribel Bustamante, también de Bacánuchi. “Algo que parece tan lógico, que es nuestro derecho como habitantes de aquí, que nos informen y que podamos opinar sobre lo que van a hacer y cómo nos va a afectar, eso nunca ha pasado”.

Las comunidades están expectantes, ya que se prevé que la Suprema Corte emita el fallo el próximo miércoles 22 de agosto. El fallo será trascendental, no sólo para los habitantes de Sonora, sino para todos aquellos que enfrentan las consecuencias negativas de los megaproyectos en México, como es el caso de las comunidades aledañas al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Comités de Cuenca Río Sonora y Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra -Atenco se unen para exigir a SCJN derecho a participación ante megaproyectos

Trinidad Ramírez, representante del FPDT-Atenco, opina que “la causa de los Comités de Cuenca Río Sonora y la nuestra están hermanadas, como están hermanadas todas las comunidades que luchan frente a los megaproyectos. Porque sufrimos de lo mismo. No nos preguntan, no nos escuchan, no les importamos, y somos quienes directamente sufrimos las afectaciones de estos proyectos. Nos interesa que la Suprema Corte decida a favor de la participación, porque estamos hablando de un derecho humano”.

Luis Miguel Cano, abogado de PODER, organización que acompaña a los CCRS, abunda en el tema: “Cualquier persona, en cualquier lugar de México, puede amanecer un día con la noticia de que una obra se construye en las inmediaciones, y esa obra podría tener implicaciones muy graves en su calidad de vida. Por eso es importante que la Corte defina criterios que permitan la participación de las personas y comunidades con interés legítimo para cuestionar la autorización de esas obras”.

Prominentes organizaciones de defensa de los derechos humanos y del medio ambiente se sumaron a esta demanda ante la SCJN, y hoy entregaron un Amicus Curiae, documento dirigido a los ministros de la Segunda Sala, con el que exponen elementos jurídicos sobre el derecho a la participación pública en asuntos ambientales, para apoyar el amparo interpuesto por los habitantes de Bacánuchi.

“El Máximo Tribunal se encuentra en un momento histórico acerca de un fallo que versa sobre el derecho a la participación pública medioambiental. Se trata de un asunto de gran trascendencia para la sociedad, por lo que presentamos a la Suprema Corte consideraciones legales sobre dicho derecho que es de sumo interés para la sociedad. La participación ciudadana en las políticas publicas es un derecho humano, vital para mantener sociedades democráticas con gobiernos abiertos a recibir opiniones aun cuando sean discordantes con su visión”, señaló María Colín, campañista legal de Greenpeace México, organización que apoya la iniciativa, junto con CEMDA, CIEDH, Litiga OLE, Oxfam México, ProDESC y Serapaz.

Para Benjamin Cokelet, codirector ejecutivo de PODER, la Suprema Corte tiene una oportunidad histórica para “poder estar al día con las decisiones internacionales que favorecen la participación amplia y anticipada de las comunidades en temas medioambientales”.

Finalmente, Astrid Puentes Riaño, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) señaló que “el derecho al acceso a la información y participación en asuntos ambientales ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que una decisión positiva por parte de la SCJN estaría cumpliendo con las obligaciones internacionales de México en la materia”