En el contexto del segundo debate presidencial del 29 de abril, las organizaciones de la sociedad civil celebramos la relevancia con la que se empieza a discutir, en el ámbito público, la crisis climática y sus impactos en el territorio nacional.

Las tres candidaturas tuvieron un claro interés por abordar el tema con propuestas, tanto en el ámbito climático como en el sector energético. No obstante, siguen ausentes alternativas ambiciosas, realistas y con regulación adecuada que estén alineadas con un desarrollo justo y sustentable, así como con los compromisos internacionales de mitigación para limitar el calentamiento global a menos de 1.5°C.

Las organizaciones firmantes hacemos un puntnual llamado a incrementar la ambición de las propuestas y alinear las visiones económicas y sociales con la realidad de la emergencia climática.

Resaltamos algunas propuestas incompatibles con el consenso científico sobre la respuesta a la crisis climática y una ruta de descarbonización profunda del sector eléctrico: la promoción del gas fósil como alternativa energética, mal caracterizado como gas natural.

El gas es un combustible fósil, está compuesto principalmente por metano, que es un poderoso gas de efecto invernadero que calienta el planeta hasta 80 veces más que el CO2. Su uso perpetúa la dependencia de México a los combustibles fósiles y nos aleja de la urgente transición energética justa hacia fuentes renovables.

De igual forma, es fundamental que las propuestas económicas integren de manera explícita la perspectiva climática y se alineen con una estrategia más amplia de descarbonización de la economía en su conjunto. Por ejemplo, es necesario evaluar las propuestas que requieren incrementar la demanda de agua y energía para procesos industriales, especialmente si se plantean en regiones ya impactadas por los efectos del cambio climático, como la escasez de agua.

Continúan ausentes aspectos clave para el futuro de Pemex:

Las limitaciones geológicas y de accesibilidad del petróleo. Existe suficiente información científica que señala el decrecimiento de las reservas de petróleo del país. Lo que implica una urgente ruta de salida, dada la decreciente capacidad productiva de Pemex, para aprovechar sus recursos en una transición energética justa.

Se debe atender la deuda de Pemex reorientando la inversión en su transición, no en infraestructura que se convertirá en activos varados, dado el urgente abandono de la extracción y quema de combustibles fósiles.

La conversación sobre Pemex necesita una visión con justicia para las comunidades que han sido históricamente sacrificadas a lo largo de toda su cadena de valor, en su mayoría zonas rurales y periféricas que viven en condiciones de alta marginación social, desde las zonas de extracción, pasando por las poblaciones vecinas a infraestructura de refinación y zonas de quema de los combustibles, especialmente el combustóleo para la generación de energía.

Si bien se habló de transición energética en el debate, el concepto de justicia quedó fuera de la conversación. Desde las organizaciones hemos abogado por la necesidad de una transición energética justa y socialmente incluyente, que implica un proceso de salida de los combustibles fósiles y su sustitución por fuentes renovables que, en primer lugar, vea por el bienestar de las personas que hoy dependen directamente de las industrias fósiles y que considere una reparación de los daños provocados por este modelo. En segundo lugar, una transición energética justa debe proponer una relación distinta con la demanda de energía y su distribución, donde las poblaciones más vulnerables sean las primeras en ser consideradas para su cobertura y en la que se promuevan modelos de generación de energía distribuida y comunitaria diseñados desde una lógica de justicia climática. Finalmente, donde existan espacios de participación en los que las poblaciones locales puedan incidir en la toma de decisiones del sector energético.

La crisis climática obliga a una acción transversal que considere un cambio en el modelo de generación y consumo de energía. El país ya ha experimentado desastres de clima extremo y cuenta con comunidades desplazadas por impactos irremediables como la erosión costera y el incremento del nivel del mar. La crisis climática no debe tratarse de manera aislada de las conversaciones económicas y sociales.

El próximo sexenio será recordado históricamente por sus aciertos u omisiones climáticas. Urgimos a que las distintas plataformas políticas de todos los niveles muestren propuestas a la altura de la emergencia que enfrentamos, que trasciendan ideologías y filias partidistas y se alineen a los ejes económicos y sociales. Quedarse cortos de ambición hoy resulta más peligroso que nunca, particularmente para las comunidades más vulnerables frente a la emergencia climática.