“Existe complacencia de la Secretaría de Movilidad hacia las Empresas de Redes de Transporte al permitirles que se autorregulen y, por el contrario, un trato discriminatorio hacia los Taxistas Organizados de la Ciudad de México al aplicar la regulación existente”, aseguró su representante, Daniel Medina en el Coloquio sobre Movilidad Sustentable que organiza la Comisión en la materia del Congreso local.

Para el dirigente de los taxistas, “atendiendo a la doctrina jurídica como fuente del derecho, ningún acuerdo, circular o decreto que no se sustente en ley, es ilegal (principio de supremacía o jerarquización de la ley)

En su ponencia, este viernes 12 de abril, el representante de los taxistas dejó claro que el gremio no se opone a la tecnología, pero sí necesita de apoyo por lo que hizo un llamado al Gobierno de la Ciudad para que en colaboración con la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México se cree una plataforma tecnológica para el transporte concesionado de transporte individual de pasajeros.

Medina expuso que el trabajo de los taxistas concesionados “se debe de reconocer y entender como una extensión de la actividad pública del Estado” pues resulta “complementaria de la obligación que tiene el Estado para prestar el servicio público de transporte individual de pasajeros”.

Puntualizó que “el Estado deberá de considerar primordialmente, salvaguardar los derechos de sus concesionarios, por ser nuestro gremio parte integrante de su actividad que como obligación le impone la Ley” y por lo tanto “debe considerar los derechos que nos asisten como concesionarios”, cosa que no hace y, por el contrario, los daña.

Por otro lado, dijo que si bien, las plataformas digitales han tenido una aceptación en el usuario, esta ‘aceptación’ no puede convalidar su legalidad, ni mucho menos permitirles actuar al margen de la Ley, en virtud de que es una obligación irrestricta de la Autoridad respetar y hacer respetar el estado de Derecho”.

Ante esta ilegalidad, dijo Medina, se encuentra “la complacencia, ya sea por compromisos o por ignorancia, de seguir permitiendo su aplicación”

Además de que la aplicación o interpretación de la Ley “no puede sujetarse a satisfacer intereses particulares, ni mucho menos a que esta, se interprete y aplique por ellos”, puesto que lo que la Ley pretende es regular situaciones específicas en beneficio de la colectividad. Este caso en específico lleva a la autoridad “a complacer y satisfacer a un grupo determinado de personas en perjuicio de la colectividad, actuar que además de no ser permisible, es objeto de responsabilidad ya sea por acción u omisión”.

Agregó Daniel Medina que “los actos desplegados por la autoridad han creado escenarios con clara desventaja para el sector del transporte concesionado, e inclusive se convierten en discriminatorios, al no tratar igual a lo iguales”.

Para el dirigente de los taxistas, “atendiendo a la doctrina jurídica como fuente del derecho, ningún acuerdo, circular o decreto que no se sustente en ley, es ilegal (principio de supremacía o jerarquización de la ley), ya que dichos actos de autoridad en ningún momento pueden crear situaciones de derecho que no estén contempladas en la Ley, por lo que cualquier acto de gobierno que no emane de la ley lo hace ilegal y por ende inaplicable” como es el caso del acuerdo mediante el cual se permite la operación de las Empresas de Redes de Transporte.

Y al respecto, impugnó el dicho del actual secretario de Movilidad, Andrés Lajous, quien en días pasados dijo a los taxistas que “ya existe un marco regulatorio para este tipo de servicios”, el cual, expresó Medina, “si bien no fue creado ni mucho menos propuesto por la actual administración pública del Gobierno de la Ciudad de México, no menos cierto es que estos cuentan con las facultades legales necesarias para revocarlo, con independencia de que se ha manifestado en foros públicos que dichos ‘acuerdos’ a todas luces son ilegales”.

Ante esta ilegalidad, dijo Medina, se encuentra “la complacencia, ya sea por compromisos o por ignorancia, de seguir permitiendo su aplicación”, lo cual los convierte en “participes de un deficiente manejo de sus atribuciones legales y compromisos institucionales, en el sentido de cumplir y hacer cumplir la Ley”.

Puesto que “al no existir disposiciones concretas y específicas en la Ley de Movilidad para permitir la contratación mediante el pago de una contraprestación económica del servicio de transporte individual de pasajeros en automóviles con matricula de uso particular, deben de impedir y sancionar dicho servicio”.

Y así como también estas empresas se autorregulan con la complacencia de la SEMOVI donde no tienen, siquiera, un padrón de las unidades que prestan el servicio, de la misma forma se da un trato discriminatorio para los concesionados a quienes se sigue regulando a pesar de la flexibilidad anunciada para la realización de diferentes trámites como la revista vehicular, porque “esa ‘voluntad’ se ve opacada por la serie de operativos que en contra de nuestro gremio llevan a cabo día con día, bajo el absurdo argumento que los mismos se sustentan en su atribuciones de verificación que llevan a cabo de manera conjunta el Instituto de Verificación Administrativa y la Secretaria de Seguridad Ciudadana”.

Para generar un real y verdadero piso parejo, Daniel Medina dijo que “el gremio no se opone a la innovación en el forma y términos que se debe de prestar el servicio”, por lo que la autoridad “debe crear mecanismos reales de servicio que nos pongan a la altura de las circunstancias, como la creación de una plataforma tecnológica que el Estado está obligado a proporcionar”.

Y esto, dijo, es claramente posible en virtud de que el Gobierno cuenta para su desarrollo con el apoyo de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, con el fin de que tienda a satisfacer, mejorar y optimizar la calidad de los servicios de la Administración Pública de la Ciudad de México.

La Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, como organismo desconcentrado, cuenta con las facultades necesarias para que como como política pública tienda a satisfacer, mejorar y optimizar la calidad de los servicios de la Administración Pública de la Ciudad de México, a partir del uso estratégico de las tecnologías, que permita facilitar a las personas el acceso y uso de servicios públicos, de manera oportuna, simplificada, efectiva y con calidad, facilitando los vínculos de colaboración y participación social.

“Innovación gubernamental que al amparo de lo que señala la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México se entiende como la capacidad para reinventar y transformar continuamente, las instituciones, los procesos, los servicios públicos, a fin de adaptarse a las necesidades y demandas de los ciudadanos, aprovechando los distintos métodos y mecanismos de innovación y las nuevas tecnologías”, expresó Daniel Medina.

Finalmente, el dirigente de Taxistas Organizados de la Ciudad de México aseguró que “el gremio que represento no busca; como indebida e irracionalmente lo sostiene la autoridad, mantener cotos de poder, ni mucho menos privilegios indebidos, que dicho sea de paso no existen; lo que buscamos es que no se sature el mercado y haya una sobreoferta del servicio. Estamos abiertos a la competencia, pero siempre y cuando esta se verifique en un plano de igualdad”.