La refinería de Dos Bocas y la generación carboeléctrica son proyectos contrarios a los compromisos de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero que el país ha suscrito a nivel internacional, pues siguen apostando por la dependencia de los combustibles fósiles, afirmaron especialistas del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), la Fundación Heinrich Böll México y el Caribe y la Asociación Interamericana de Defensa Ambiental (AIDA) al presentar el documento «Evaluación de la política climática en México. Diagnóstico del cumplimiento de metas del Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018».

Para avanzar en el cumplimiento de las metas trazadas en la política climática nacional, México requiere acelerar la transición a energías renovables y la política climática del nuevo gobierno deberá fortalecer los mecanismos de participación

Para avanzar en el cumplimiento de las metas trazadas en la política climática nacional, México requiere acelerar la transición a energías renovables y la política climática del nuevo gobierno deberá fortalecer los mecanismos de participación, transparencia, acceso a la información y justicia, afirmaron estas organizaciones.

«Pese a que la Ley General de Cambio Climático (LGCC) establece que la formulación de la política climática nacional debe observar tales principios y considerar aspectos como la igualdad de género, los derechos humanos y la equidad intergeneracional, el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), así como su evaluación, fueron omisos en integrar estos aspectos más allá de algunas líneas de acción que en el texto lo contemplan, no así en la práctica» dijo Anaid Velasco, del CEMDA, autora del diagnóstico.

Para avanzar hacia estándares más abiertos en estos temas es urgente que el Senado mexicano ratifique el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

La evaluación de la política climática es un mecanismo contenido en la LGCC cuyo objetivo es conocer el estado que guarda la implementación efectiva de la política nacional de cambio climático y contribuir al mejoramiento de la misma. El diagnóstico presentado hoy ofrece un análisis, desde la sociedad civil, tanto del mecanismo desarrollado en el primer ejercicio nacional de evaluación, como de las recomendaciones emanadas de éste.

La evaluación puso de manifiesto importantes retos en torno a la coordinación interinstitucional que deberán ser abordados en la política climática para los próximos años.

La evaluación puso de manifiesto importantes retos en torno a la coordinación interinstitucional que deberán ser abordados en la política climática para los próximos años

El Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC) no ha logrado la concurrencia, la vinculación ni la congruencia entre programas, acciones e inversiones de los tres órdenes del gobierno con el PECC; en tanto que la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, encargada de promover la coordinación de acciones entre las dependencias federales en materia de cambio climático, tampoco ha dado seguimiento puntual a la implementación del PECC.

En lo que se refiere a la política de mitigación, las acciones y metas deben orientarse a reducir las emisiones procedentes de diversos sectores o a mejorar los sumideros de gases y compuestos de efecto invernadero, tomando los compromisos de la Contribución Nacional Determinada (NDC) como punto de partida para el siguiente PECC. En este sentido, resulta fundamental desincentivar proyectos como la explotación de combustibles fósiles y de yacimientos minerales de carbón y promover la transición energética, incorporando instrumentos de financiamiento y alternativas de fuentes renovables de energía.

En lo que se refiere a la política de adaptación, definida por la ley como como las medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos climáticos, proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos, hasta ahora los indicadores propuestos se limitan a medir el grado de avance en la elaboración de instrumentos que gestionan el riesgo, pero no se mide su efectiva aplicación.

En este sentido, se recomienda, entre otras cosas: a) profundizar en el enfoque de género; b) relacionar más directamente las líneas de acción del PECC con la inclusión de criterios de adaptación y de cambio climático tanto en el sector agrícola como en los proyectos de inversión pública que consideren construcción y mantenimiento de infraestructura señalados en la NDC.

«La comunidad científica internacional ha enfatizado la urgencia de implementar cambios sin precedentes en los próximos once años para evitar una catástrofe climática que afectaría a millones de personas más, pero las acciones del Estado mexicano a 2030 se quedan cortas para atender esta emergencia, olvidando la obligación nacional e internacional de garantizar una transición energética realmente limpia y con perspectiva de derechos humanos», afirmó Astrid Puentes Riaño, Codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

«Es esencial que el Estado, bajo el liderazgo del Ejecutivo Federal, muestre resultados ambiciosos y concretos que aseguren un mejor futuro para las personas y los ecosistemas».

El Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC) no ha logrado la concurrencia, la vinculación ni la congruencia entre programas, acciones e inversiones de los tres órdenes del gobierno con el PECC

Por su parte, Carlos Tornel, de la Iniciativa Climática de México (ICM) refirió que «el desempeño de la administración anterior en materia de cambio climático fue muy limitado. Durante los últimos seis años se mitigó apenas el 24% de la reducción necesaria para cumplir con la meta de reducir el 30% de las emisiones al 2020 como lo establece la LGCC.

Lo anterior -dijo – se debe en gran medida a la falta de consideración del cambio climático como un problema sistemático que afecta a los grupos humanos y no humanos más vulnerables. Desafortunadamente, el Plan Nacional de Desarrollo de la administración actual parece caer en el mismo error».