Ante la declaratoria de pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) urge en México un análisis que considere su diversidad para tratamiento: en esta crisis se ha ignorado lo rural, lo cual es un reflejo de las desigualdades campo-ciudad y entre los distintos sectores de la población, advierten organizaciones rurales indígenas y campesinas especializadas en diferentes actividades.

Señalan que muchas de las recomendaciones que se dan asumen que somos una población homogénea: urbana, con un trabajo estable y prestaciones sociales, que puede hacer “home-office”, que tiene acceso a internet, que tiene ahorros para almacenar alimentos y artículos de primera necesidad para vivir varias semanas aislados, además de agua en calidad y cantidad suficientes para asearse continuamente.

Esta no es la realidad que se vive en el campo. La contingencia viene a empeorar la situación crítica de varias regiones de agricultura de temporal con una prolongada sequía y presencia de heladas tempranas, por citar el ejemplo de la región Sierra Norte de Puebla.

Desde el punto de vista de la salud pública la mayor parte de la población rural percibe que en el campo hay menos riesgo de contacto que en las ciudades, sin embargo, también consideran que es difícil tener un confinamiento familiar ya que la mayor parte de la población rural vive al día y muchos trabajan con seres vivos, es decir, plantas y animales que requieren atención diaria.

Por esto es indispensable una estrategia adecuada para prevenir una crisis de salud en las comunidades indígenas y campesinas, considerando la vulnerabilidad de muchas poblaciones ante la falta de acceso al agua y a la desnutrición, así como la problemática que se está generando por el regreso de la población rural que se encuentra migrando o en las ciudades.

Una estrategia de prevención y distanciamiento adecuada para el campo debe considerar un programa emergente que garantice el acceso universal al agua y establecer reservas o bancos locales de alimentos que permitan a la población limitar su actividad a lo básico y tener la alimentación asegurada.

En materia económica, los campesinos y los indígenas empiezan a resentir los efectos de la menor actividad económica en productos y servicios en los mercados nacionales y regionales, lo cual incrementa el riesgo de que se castiguen los precios que se pagan a los productores, motivados por la incertidumbre y la especulación.

Proponemos un Programa Emergente de Apoyo a la economía indígena y campesina e incluir en el presupuesto 2021 un Programa Especial de Reactivación de la Economía Indígena y Campesina.

En el mismo sentido, es necesario también el establecimiento de un Programa Emergente de Acceso al Crédito para Pequeños Productores, donde la Banca de Desarrollo (FIRA y FND) coordine acciones con las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular (SOFINCO, SOFIPO y Cooperativas).

Señalamos que en el sector forestal, es importante no descuidar los trabajos de restauración de los suelos ni las actividades de prevención y control de los incendios forestales, ya que estamos en plena temporada de “secas” y sus emisiones, además de contribuir a la cantidad de gases de efecto invernadero, podrían aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias, como sucedió en la Ciudad de México en mayo pasado.

Proponemos fortalecer la capacidad de atención de incendios forestales, equipando a brigadas comunitarias con experiencia en el control y combate de incendios.

De igual manera sugerimos un Plan de Compras Gubernamentales de SEGALMEX de productos de pequeños productores rurales que logren integrar una cadena de seguridad para los créditos otorgados por la Banca de desarrollo y sociedades de ahorro y crédito popular.

En materia social, la crisis sanitaria obliga a fortalecer la solidaridad, las redes de colaboración y la vida comunitaria, por lo que hacemos un llamado al poder ejecutivo federal a recapacitar en cuanto a sus políticas que ignora a ejidos, comunidades, y descalifica a todas las organizaciones y movimientos sociales.

Aclaramos que nosotros no somos el enemigo y la promoción de un desarrollo basado en el individualismo que hoy promueven los programas de gobierno federal fortalecen la filosofía neoliberal y debilitan el tejido social y comunitario.

Creemos que la lucha contra la corrupción se combate con un modelo de democracia participativa bajo el cual la sociedad civil organizada en sus diferentes sectores construya junto con el gobierno políticas públicas incluyentes.

 Estamos en el siglo XXI y en congruencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS´s) es fundamental el Reconocimiento y Fomento a la organización económica de productores generando un Registro auditable de organizaciones confiables.

 Todos los programas gubernamentales deberían reorientar su operación para fomentar la organización local, económica de productores para generar soluciones colectivas eficientes como la adquisición conjunta de insumos, la comercialización de cosechas, el acceso de tecnologías productivas, asesoría en paquetes tecnológicos, acceso al crédito, inclusión digital, entre otros.

Señalamos que las personas campesinas e indígenas tienen una gran necesidad de migrar, tanto al sector urbano, como al extranjero, se emplean principalmente en los sectores agropecuario, construcción y turismo y a la vez que complementan sus ingresos hacen una enorme aportación a la economía del país, muchas veces desdeñada, sin embargo, la movilidad los coloca en una alta vulnerabilidad de contagio y frente a la baja en las actividades de estos sectores, es probable que los trabajadores realicen regresos anticipados que aumenten el riesgo en sus comunidades de origen.

Tanto para la población de las ciudades como del campo, un obstáculo para enfrentar la contingencia y sus efectos posteriores es la dependencia comercial en las grandes empresas de la cadena agroalimentaria.

Proponemos revisar y fortalecer las políticas para el fomento de la producción por pequeños agricultores comunitarios, se generen y desarrollen programas para la producción urbana reconociendo el papel de las mujeres liderando la producción familiar y conservando la agrobiodiversidad.

También proponemos fortalecer y crear programas y acciones orientadas al fomento de mercados locales y regionales, mercados de cadena corta y esquemas de abasto solidario del campo a la ciudad, así como la creación de reservas alimentarias regionales que garanticen el abasto de productos básicos y estabilicen sus precios.

Proponemos un Diálogo Plural en las próximos días y semanas para discutir los retos que el Campo enfrentan los pueblos indígenas y las comunidades locales ante la pandemia, estaremos convocando a representantes de gobierno, del poder legislativo, de organizaciones de la sociedad civil y académicos para analizar esta coyuntura que en muchos aspectos es inédita.

 Asimismo, es necesario contemplar un Protocolo de atención culturalmente adecuado para lograr el acceso a medicamentos, material y recursos humanos en los centros de salud y hospitales que brinden servicios a la población campesina e indígena, así como generar material informativo adecuado para este sector de la población.

 En materia de gestión de programas de apoyo ante los gobiernos, proponemos la recalendarización de fechas de entrega de productos, y realización de eventos, además de que se mantenga la actividad sustantiva de asesoramiento y seguimiento a los apoyos.

Se propone la creación de una Caja de Compensación que permita acceso al SPEI del Banxico y permita a las pequeñas instituciones financieras poder participar en los pagos gubernamentales a través de sus 3,450 sucursales de atención al público.

 Finalmente, es necesario el establecimiento de un plan detallado de inclusión digital y financiera para apoyar la expansión territorial de servicios financieros y fomentar alianzas estratégicas entre las diversas entidades financieras existentes.