Dada la situación coyuntural por la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, casi 60 por ciento de la población ocupada en México se encuentra en informalidad laboral, es decir, en riesgo de perder el empleo y, por ende, su ingreso y seguridad social, sostuvo la doctora Abigaíl Rodríguez Nava, profesora- investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

“Ante ese panorama, los gobiernos federal y locales han implementado diferentes estrategias para intentar revertir –en el corto plazo– la pérdida de empleos, por ejemplo otorgando créditos que ayuden a mantener abiertos algunos micronegocios”, explicó en la conferencia Economía y políticas con derechos humanos. El trabajo vinculado para atender la pandemia, en el ciclo Martes y Jueves de divulgación de la ciencia.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) instrumentó, junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, apoyos financieros a algunas pequeñas empresas –incluso a particulares– para postergar el pago de créditos, con el propósito de  y ayudar a que algunos negocios se mantuvieran abiertos y siguieran ofreciendo empleo.

“Existen otras propuestas tratando de imitar lo que se hace en otros países, como el salario básico universal y la idea de que los gobiernos debieran apoyar a las grandes empresas con el pago cuando menos de una parte del salario para evitar el despido de trabajadores”, detalló la académica del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco.

También se ha planteado postergar o disminuir de alguna manera las tasas impositivas que pagan las personas formales al gobierno, sobre todo a través del Impuesto Sobre la Renta (ISR), “aunque en la práctica es muy complicado instrumentar estas últimas acciones dadas las condiciones generales macroeconómicas que vive México”.

La coordinadora de la Licenciatura en Economía detalló que de acuerdo con las carencias sociales que mide el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2018, 57 por ciento de los mexicanos no contaba con acceso a seguridad social.

En tanto, 25 millones de personas –poco más de 20 por ciento de la población– padece carencias por falta de acceso a la alimentación y alrededor de 21 millones –poco más del 16 por ciento– tiene rezago educativo.

“Esto nos permite afirmar que en México actualmente 52.4 millones de personas se encuentran en pobreza por ingreso y por carencias sociales, en tanto quienes están en situación de vulnerabilidad sólo por carencias sociales son 36.7 millones y 8.6 millones viven en situación de inseguridad por ingreso”.

Sin embargo, “estas cifras son excluyentes porque no contemplan a las personas en condiciones de vulnerabilidad dentro de los datos de pobreza en el país, que señalan que cerca de 90 millones de mexicanos están en una situación de pobreza o fragilidad y solamente 21.9 por ciento no es pobre ni vulnerable por ingreso o carencias sociales”.

Ante estos datos tan dramáticos, “necesitamos hacer una reflexión de qué estamos haciendo, qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal, pues si bien hay muchos factores que están llevando a estas condiciones también hay que reconocer que la situación actual no se produjo solamente por la pandemia, sino que ya se venía arrastrando desde hace varios años”.

Para la Investigadora Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores resulta cuestionable que a pesar de que el país lleva más de 20 años aplicando políticas públicas para erradicar la pobreza, esta no se ha reducido, por lo que es necesario hacer una revisión de cuáles son los programas sociales, a quienes están dirigidos y si realmente han tenido un impacto positivo entre la población.

O si más bien “sólo se trata de programas que están resolviendo la situación de inestabilidad y pobreza en el corto plazo, porque a la larga estamos observando que no han sido capaces de mejorar la condición de la sociedad”, concluyó en la plática virtual moderada por la diseñadora Cecilia Ezeta Genis, responsable del Proyecto de Divulgación de la Ciencia de la Unidad Xochimilco.