Representantes de organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía y academia se reúnen hoy a las afueras del Senado de la República para pedir de manera urgente a las senadoras y a los senadores la aprobación de la iniciativa de reforma que prohíbe la minería en Áreas Naturales Protegidas (ANP), votada a favor por la Cámara de Diputados el pasado 3 de marzo, en beneficio de los ecosistemas y la protección a un medio ambiente sano.

La propuesta, respaldada con las firmas de poco más de 35 mil ciudadanas y ciudadanos, modifica el artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y establece la prohibición de la exploración y explotación de hidrocarburos y/o minerales en ANP y, con ello, avanza en la protección de estos territorios.

Las ANP son de vital importancia para garantizar la conservación de cientos de especies en riesgo y para la provisión de servicios ecosistémicos de nutrientes, soporte y regulación (hidrológica, climática, suelo, entre otras). Adicionalmente, dichas áreas son entornos naturales fundamentales para la cultura y la identidad nacional, en las que generalmente habitan pueblos originarios, y proporcionan un campo propicio para la investigación científica enfocada en la regulación ambiental.

A pesar del gran valor ambiental que tienen las ANP, el marco legal minero posibilita actualmente la operación de minas en estas áreas de protección, dado el carácter «preferente» que se otorga a la actividad minera sobre otros usos en los territorios.

Esto ha conllevado a que la minería sea una de las actividades que mayores impactos y violaciones ocasionan en los derechos sociales y ambientales. Entre estos se han documentado daños y afectaciones al agua, el suelo y el aire, con un alto riesgo socioambiental en el corto y largo plazo, reconocido así por organizaciones internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), por la falta de capacidad para evitar filtraciones químicas, de vapores y otros elementos tanto al subsuelo como al mismo aire que respiramos.

Por ello, poco más de 35 mil firmas de personas ciudadanas, académicas y pertenecientes a organizaciones civiles se sumaron a la petición en línea para decir “Fuera minería de ANP”, éstas firmas se entregan en el Senado de la República a fin de comunicar la exigencia ciudadana de aprobar el dictamen enviado por la Cámara de Diputados, y así velar por la protección del derecho a un medio ambiente sano que tenemos todas las personas, consagrado en el artículo 4o constitucional.

Cabe destacar que, actualmente la superficie concesionada a la minería en ANP de carácter federal, estatal y municipal es de 2.39 millones de hectáreas (una superficie que equivale a la del estado de México), donde, según datos del Servicio Geológico Mexicano, operan 73 proyectos mineros, algunos de ellos situados en áreas reconocidas de Patrimonio Mundial y sitios emblemáticos como el primer Parque Nacional Los Mármoles, la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca y la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda de Guanajuato, arrasando con su biodiversidad, contaminando los recursos naturales, y poniendo en riesgo su función ecosistémica.

Además, de acuerdo con datos del Inventario Nacional de Sitios Contaminados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hasta 2015 las actividades mineras habían generado 11 sitios altamente contaminados al interior de 7 ANP ubicadas en Baja California Sur, Guanajuato, Michoacán, Morelos y Sonora, algunas de ellas son El Vizcaíno, La Sierra Gorda de Guanajuato y La Sierra de Huautla, ocasionados por infiltración de lixiviados, disposición ilegal de materiales y residuos peligrosos, y descarga de aguas contaminadas.

La exigencia de la ciudadanía para prohibir la minería en ANP de manera urgente se ve reflejada con las más de 35 mil firmas presentadas a las senadoras y los senadores, y está sustentada con la aprobación de la iniciativa por la Cámara de Diputados con una mayoría de 407 votos, que busca impedir una afectación ambiental mayor a la ya provocada por la actividad extractiva de gran escala en estos territorios de vital importancia para garantizar el derecho a un medio ambiente sano.

Resulta fundamental abrir la discusión más amplia sobre reformas profundas a la Ley Minera con el fin de tener una ley centrada en las personas y comunidades, y no en el interés de las corporaciones.