En el periodo que abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 ocurrieron, al menos, 108 eventos de agresión en contra de personas defensoras de los derechos humanos ambientales.

Cabe señalar que en un evento de agresión se pueden perpetrar varias agresiones de diversos tipos, por lo cual, el número total de éstas fue de 238. Esto significa que el número de eventos de agresión se incrementó en un 66.15% y las agresiones aumentaron 164.44% respecto al año 2020.

Así lo destaca la edición 2021 del Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales que anualmente elabora el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), el cual también destaca que el 2021 se convierte en el más violento para la defensa del patrimonio natural en México desde el año 2014, fecha en que CEMDA elaboró su primer informe.[2]

Agresiones por categoría

En esta edición se documentó como la agresión más común a la intimidación con 65 registros (27.31% del total), seguida por el hostigamiento con 36 registros (15.13%), las amenazas con 31 registros (13.03%), las agresiones físicas con 24 registros (10.08%) y los homicidios con 22 registros (9.24%), entre otros.

En cuanto a los homicidios, por tercer año consecutivo se registró un aumento en el número de personas defensoras ambientales asesinadas. Durante 2021, el CEMDA documentó, al menos, 25 casos de personas defensoras ambientales, de la tierra y el territorio, víctimas de agresión letal[3]. Esto significa 7 personas más asesinadas en comparación con el año 2020, cuando se registraron 18 casos.

De esta manera, el año 2021 se ubica como el segundo lugar en agresiones letales desde el inicio de la labor de investigación del CEMDA (2014), solo por detrás de las 29 personas defensoras víctimas de homicidio registradas en el 2017. Es así que, al menos, 58 personas defensoras ambientales han sido asesinadas en lo que va de la actual administración federal.

Agresión por entidad federativa

Entre los estados con el mayor número de ataques letales, el primer lugar lo ocupa Oaxaca, donde se contabilizó un total de 8 personas defensoras asesinadas durante el 2021, de las cuales 2 se tratan de probables ejecuciones extrajudiciales. Se observa un incremento considerable de las agresiones en dicha entidad, pues en 2020 se registraron 2 víctimas de homicidio en este estado[4]. El caso que destaca por la violencia que lo rodea es el de Paso de la Reina, comunidad de personas chatinas, mixtecas y afromexicanas que, desde hace décadas resiste ante la construcción de una hidroeléctrica en la cuenca del Río Verde. Durante 2021 en dicha comunidad fueron asesinados en el marco de dicho conflicto Fidel Heras Cruz, Raymundo Robles Riaño, Noé Robles Cruz, Gerardo Mendoza Reyes, Jaime Jimenez Ruiz, Manuel Cartas Pérez, Jacinto Hernández Quiroz e Isidoro Hernández.

Guerrero, Sonora y Morelos son las entidades con el mayor número de agresiones letales después de Oaxaca. En Guerrero se documentaron 4 asesinatos (Isaías Elacio Palma, Carlos Marqués Oyorzábal, Marco Antonio Arcos y Ramiro Ventura Apolonia); por su parte, Sonora registró también 4 asesinatos (José de Jesús Robledo Cruz, María de Jesús Gómez Vega, Luis Urbano Domínguez Mendoza y Tomás Rojo Valencia), los dos últimos pertenecientes a la nación Yaqui; y en Morelos se registraron tres homicidios (José de Jesús Sánchez García, Rodrígo Moralez Vázquez y Alejandro García Zagal).

En cuanto a otro tipo de eventos de agresión, los estados que encabezan la lista son Oaxaca con 24, Yucatán y Sonora con 10 respectivamente, así como Guerrero y Morelos con 8 eventos de agresión cada uno.

Agresiones por tipo de víctima

El 46.3% de las agresiones fueron dirigidas hacia miembros de comunidades indígenas, seguido de un 27.8% dirigido hacia integrantes de organizaciones de la sociedad civil y, en tercer lugar, un 17.6% orientado hacia personas defensoras independientes.

Los eventos de agresión cometidos en contra de mujeres defensoras ambientales ascendieron a 5, correspondiente al 4.63%; mientras que aquellos realizados contra hombres defensores alcanzaron una cifra de 55, correspondiente al 50.9%. Cabe mencionar que en 2021 se registró la comisión de una probable desaparición forzada en contra de una mujer defensora.

Agresiones por sector

En el 2021 el sector con mayor número de agresiones fue el minero con 19 eventos (17.6% del total documentado). En segundo lugar se identificó al sector hídrico con 18 (16.7%); seguido del sector de energía eléctrica con 17 (15.7%); en cuarto lugar el sector de vías de comunicación con 14 (13%) y en quinta posición se identificó al sector forestal con 12 eventos de agresión (11.1% del total).

Es importante destacar que, en cuanto a la letalidad de los ataques, se identificó al sector de energía eléctrica en primer lugar, con un total de 8 asesinatos. Le sigue el sector forestal con 5 agresiones letales, de las cuales 2 corresponden a probables ejecuciones extrajudiciales.

Agresiones por tipo de agente perpetrador

En 42 eventos de agresión registrados no fue posible identificar al agente perpetrador de ésta. En 16 eventos de agresión se identificó como perpetrador al gobierno federal, en 11 eventos a gobierno y empresas[5], en 10 eventos a gobiernos estatales, en 9 a la delincuencia organizada[6], en 6 a empresas privadas y en 5 a gobiernos municipales.

El gobierno, en los tres órdenes y su actuar en conjunto con otro agente de la agresión[7], constituye el primer agente agresor con mayor incidencia al participar en 45 de los 108 eventos de agresiones documentados durante 2021 (41.7% del total). Esto lo convierte, por segundo año consecutivo, en el agente agresor con mayor concurrencia en la perpetración de las agresiones contra las personas y comunidades defensoras ambientales.

Como resultado del ejercicio realizado por CEMDA en los últimos ocho años, ha sido posible identificar algunos factores que explican la grave situación de violencia contra personas y comunidades defensoras. En primer término se pueden mencionar procesos en materia ambiental que no se realizan de manera legal, que no son culturalmente adecuados, que no respetan los derechos a la información, participación ni autonomía y que, en general, no se apegan al estándar de protección constitucionalmente instaurado en el actual bloque de constitucionalidad mexicano. Ejemplo de ello es el Acuerdo presidencial de 22 de noviembre de 2021 por el cual se considera a proyectos y obras del Gobierno de México como de interés público y seguridad nacional, así como prioritarias y estratégicas para el desarrollo nacional, el cual, al generar un estado de excepción, trae consigo importantes consecuencias que ponen en riesgo el cumplimiento de derechos humanos y principios jurídicos reconocidos en la Constitución Política y los tratados internacionales, ambientales y de derechos humanos.[8]

En segundo lugar destaca la lentitud y omisión del poder judicial para resolver los conflictos socioambientales que han sido llevados ante tribunales. Además, en algunos casos contribuye a convalidar actos de criminalización en contra de personas defensoras. En tercer lugar persisten fiscalías omisas en su obligación de investigar hechos de violencia; finalmente, destaca la ineficacia de los mecanismos de protección de personas defensoras para desarrollar su labor.

Atendiendo a esta alarmante realidad en la que se ejerce la defensa ambiental en México, desde el CEMDA nos sumamos a las exigencias de verdad, justicia y reparación para las personas defensoras de derechos humanos ambientales víctimas de agresiones en México.

https://www.cemda.org.mx/publicaciones-y-estudios-del-cemda/cemda-informe-2021/