En México, las agresiones en contra de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales se siguen dirigiendo, principalmente, en contra de los pueblos indígenas y comunidades equiparables por ser quienes tienen mayor arraigo a la naturaleza, la tierra y el territorio; de tal suerte que el 56% de los eventos de agresión documentados en 2022 los padecieron los grupos que constituyen la diversidad cultural de México.

Al dar a conocer la versión 2022 de su Informe anual sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C (CEMDA), informó que se documentaron, al menos, 197 eventos de agresión en los que se atentó contra la vida, la integridad personal, las formas de vida, los bienes, así como la tierra y territorio de personas y comunidades defensoras ambientales en México.

Dentro de estos eventos se perpetraron un mínimo de 582 agresiones diversas[1]. Estos resultados colocan al 2022 como el año con el mayor número de eventos de agresión registrados desde el año 2014, cuando el CEMDA realizó la primera investigación de este tipo.

En cuanto a las agresiones letales, en 2022 se documentaron en México, al menos, 24 personas defensoras asesinadas a causa de su labor de defensa ambiental, de la tierra y el territorio, lo cual lo posiciona como el tercer año más letal detrás de 2017 y 2021, alcanzando la cifra de 82 personas defensoras ambientales asesinadas durante la actual administración del gobierno federal.

Dentro del espectro de las agresiones letales perpetradas durante 2022, 17 de los casos documentados fueron homicidios o asesinatos, mientras que 7 eventos presentaron características de constituir probables ejecuciones extrajudiciales debido a la denuncia de participación de agentes del Estado en distintos niveles. Guerrero es el estado que registra el mayor número de agresiones letales con, al menos, 7 personas.

En cuanto a los tipos de agresión, al igual que el 2021, la más frecuente fue la intimidación con 148 registros, le siguen el hostigamiento (116), las amenazas (64) y las agresiones físicas (61 registros).

En 23 de los 32 estados de la República (71.8% del territorio nacional) se registró, por lo menos, un evento de agresión. Al igual que en el 2021, Oaxaca aparece como la entidad con el primer lugar en número de agresiones (34), elevando la cifra con relación al año anterior en que ocurrieron 24. En segundo lugar, en este 2022 se encuentra la Ciudad de México con 27 agresiones y en tercer lugar Chihuahua, con 21.

Las agresiones se dirigieron, en primer lugar, contra integrantes de comunidad y comunidades defensoras (91 eventos de agresión, que representan 46.2% del total). En segundo lugar se agredió a organizaciones de la sociedad civil (62 eventos de agresión, correspondiente al 31.5%) y, en menor medida, a personas comuneras, de la academia, ejidatarias, comunicadoras y periodistas, abogadas y personas defensoras independientes.

En lo que toca a agresiones relacionadas con la identidad cultural, el mayor número fue contra personas y comunidades ambientales pertenecientes a algún pueblo o comunidad indígena con 102 eventos de agresión (52% del total de los eventos documentados).

Las comunidades indígenas que más agresiones resistieron fueron las zapotecas con 27; en segundo lugar las nahuas (16 eventos de agresión) y, en tercer lugar, las comunidades tepehuanas u odamis en Chihuahua (14 eventos). En cuanto a las agresiones por sexo, se registraron 112 eventos contra hombres y mujeres (56.9% del total); 71 eventos contra hombres (36%) y 14 contra mujeres (7.1% del total).

Respecto de las agresiones por sector, al igual que en 2021, la minería ocupa en 2022 el primer lugar, con los registros más altos de los últimos 5 años. Vale la pena mencionar también al sector de vías de comunicación (con 26 eventos), puesto que las agresiones cometidas en éste se encuentran principalmente relacionadas con proyectos a gran escala, impulsados por el gobierno federal, como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y el denominado “Tren Maya”.

Referente a los agentes de la agresión, la categoría Gobierno se ubica en el primer lugar (89 eventos de agresión que representan el 45% del total) y se integra por autoridades en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal); fiscalías estatales y federal; cuerpos militares con tareas de seguridad pública como Guardia Nacional, Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional e incluso una agresión registrada por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En esta categoría también se identifican binomios como es el caso de: gobierno y delincuencia organizada; fiscalía y gobierno estatal; gobierno y Guardia Nacional; gobierno y empresas; así como gobierno estatal y gobierno municipal.

En segundo lugar aparece el agente agresor con la categoría No identificado (21% de las agresiones), ubicado así ya sea por la falta de esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades o bien, debido a la falta de denuncia y, por tanto, de la investigación de las violaciones a derechos humanos y delitos perpetrados. En tercer lugar, aparece la Delincuencia organizada como agente de agresión, representando el 13% del total de los eventos.

Las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales son las grandes guardianas de la Tierra; su trabajo posibilita que la naturaleza, los paisajes bioculturales y los territorios continúen siendo los espacios donde confluyen a un tiempo los sueños, las identidades culturales y los proyectos colectivos de vida. Ellas y ellos han encontrado en la organización una herramienta poderosa de cuidado colectivo para la defensa y la protección frente a las agresiones.

Reiteramos que la defensa del territorio no debe ser una labor de riesgo. Todas las agresiones perpetradas contra personas y comunidades defensoras -desde la intimidación hasta el asesinato- son graves; deben ser investigadas y sancionadas. Desde el CEMDA hacemos nuevamente un enérgico llamado a las autoridades a atender las recomendaciones incluidas en el Informe.

El Estado mexicano, conforme al vigente Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), debe cumplir con sus obligaciones para garantizar un entorno seguro para la defensa del medio ambiente, la tierra y el territorio.