Igualdad Animal -organización internacional de protección animal con sede en 8 países-, a través de la diputada Rocío Guadalupe Cervantes Cancino, integrante del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona disposiciones del Código Penal del Estado de Chiapas para que por primera vez el maltrato animal se considere un delito y se pueda denunciar y así castigar con 2 a 4 años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa, a quien cause lesiones dolosas a cualquier animal, con el propósito o no, de causarle la muerte a través de diferentes conductas.

Hasta ahora Chiapas es la única entidad en el país en el que no está tipificado el delito de maltrato animal, solo cuenta con la Ley de Protección para la Fauna que se centra en la protección y aprovechamiento de la fauna con el objeto de garantizar el bienestar animal tutelando tanto a los animales silvestres como domésticos.

La presentación de esta iniciativa en Chiapas busca dar protección y cuidado de todas las especies animales, incluyendo a los matados para consumo, los cuales han sido los animales más desprotegidos de nuestro marco regulatorio de todo el país.

Dicho proyecto de ley se deriva y está respaldado por el trabajo de Igualdad Animal México, que realizó una investigación encubierta en 2017 en un rastro ubicado en Arriaga, Chiapas, dónde se descubrieron múltiples conductas que implican maltrato animal, además de no reportar la matanza de caballos, en el reporte para SENASICA dice que sólo matan vacas.

Los videos e imágenes obtenidas de la investigación, exponen actos que incumplen con la NOM-033-SAG/ZOO-2014, que señala los métodos de matanza de animales domésticos y silvestres obligatorios en todo el territorio nacional, pero que en este rastro no cumplen.

Los investigadores de Igualdad Animal documentaron como los operarios del rastro maltratan a los caballos como algo cotidiano en el manejo de estos animales y para movilizarlos los someten a actos crueles como asfixiarlos con una cadena cuando están plenamente conscientes, además de utilizar descargas eléctricas en diversas partes del cuerpo como las orejas, para aturdirlos.

Teniendo como evidencia estas videograbaciones y material fotográfico en los que constan todos los hechos denunciados, Igualdad Animal presento denuncias por estos actos a las autoridades correspondientes del estado de Chiapas, pero, siendo el único estado dónde no existe el delito de maltrato animal en su legislación, no se pudieron denunciar penalmente.

Sin embargo, esta investigación ha servido como evidencia de la necesidad de avanzar en materia de protección en dicha entidad.

«Esta iniciativa recobra mucha más relevancia sobre todo después de la investigación que realizamos sobre la matanza de caballos. Sin duda esta iniciativa representa un importante progreso en favor de los animales que habitan en el Estado, los cuales deberían estar protegidos contra cualquier acto de maltrato y crueldad», Dulce Ramírez, Vicepresidenta para Latinoamérica de Igualdad Animal.

En términos generales este proyecto de decreto busca agregar un artículo al Código Penal para sancionar algunas de las conductas más graves que ponen en riesgo la vida e integridad física y mental de los animales, tales como tortura, zoofilia, matanza con métodos que provoquen sufrimiento innecesario, abandonarlos o privarlos de alimento, agua y atención médica.

Se considerará delito de maltrato animal:

• Causarles la muerte utilizando cualquier medio que prolongue la agonía o provoque sufrimiento.

• La matanza de animales criados para abasto, empleando métodos diversos a los establecidos en las normas oficiales mexicanas y, en su caso, las normas específicas del Estado o Municipio.

• Cualquier mutilación, alteración a la integridad física o modificación negativa de sus instintos naturales, que no se efectúe bajo causa justificada y cuidado de un especialista o persona debidamente autorizada y que cuente con conocimientos técnicos en la materia.

• Torturar o maltratar a un animal por cualquier motivo.

• No brindarles atención médico veterinaria cuando lo requieran o lo determinen las condiciones para el bienestar animal.

• Azuzar a los animales para que se ataquen entre ellos.

• Toda privación de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la intemperie, cuidados médicos y alojamiento adecuado, acorde a su especie, que cause o pueda causar daño a un animal.

• A quien realice actos de zoofilia.

• Abandonar a los animales en la vía pública, vehículos o en inmuebles por períodos prolongados sin alimento, agua y refugio.

• Participar, organizar o publicitar, en cualquiera de sus formas, peleas entre animales.

La pena por cometer alguno de estos actos será de dos a cuatro años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa, además la persona está obligada a la reparación del daño; la cual, en su caso, deberá incluir atención médica veterinaria, medicamentos, tratamientos o intervención quirúrgica requerida, hasta la total recuperación del animal.

Las personas que sean responsables de maltrato o crueldad animal, perderán todo derecho sobre los animales que hayan tenido bajo su custodia o resguardo.

Si un acto de zoofilia es fotografiado, videograbado y/o difundido, la pena aumentará hasta en una mitad.

La mayoría de las entidades cuentan con leyes de protección y conductas de violencia contra los animales tipificadas como delito. En el Estado de Chiapas, aunque existe una Ley de Protección para la Fauna que define el maltrato o actos de crueldad, no existen delitos de maltrato animal para sancionar conductas especialmente graves que dañan a los animales. Tan solo dos entidades del país no cuentan con este delito, dejando en especial vulnerabilidad a los animales que habitan en su territorio.