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El Centro para la Diversidad Biológica, Comarino y Greenpeace México buscan frenar las nuevas disposiciones pesqueras publicadas el 14 de octubre, al considerar que debilitan la protección de la especie y permiten el uso de redes de enmalle en áreas de su hábitat

Medidas de protección de vaquita marina son un retroceso

Ante el riesgo de extinción de la vaquita marina, el Centro para la Diversidad Biológica, Conservación de Mamíferos Marinos de México (Comarino) y Greenpeace México presentaron el 6 de noviembre una demanda de amparo contra las nuevas disposiciones que regulan la pesca en el Alto Golfo de California, al considerar que representan un retroceso en las medidas de protección de este cetáceo, del que se estima que sobreviven alrededor de 10 ejemplares.

Las organizaciones advierten que quedan aproximadamente 10 ejemplares de vaquita marina y denuncian que la reforma se publicó sin consulta pública, además de dejar fuera zonas donde se han observado individuos en 2025 y 2026.

Las organizaciones señalaron que la regulación, publicada por el gobierno mexicano el pasado 14 de octubre de 2026, redujo aproximadamente 86% la superficie en la que está prohibido el uso de redes de enmalle, lo que deja sin protección miles de kilómetros cuadrados del hábitat histórico de la especie y abre nuevas áreas a actividades pesqueras que representan una amenaza para su supervivencia.

Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, cuestionó que las autoridades hayan tomado esta decisión sin ofrecer a la ciudadanía una oportunidad real de revisar los límites propuestos y presentar observaciones.

Advirtió que, cuando quedan alrededor de 10 vaquitas marinas, las medidas deberían reforzarse en todo su hábitat y no permitir el uso de redes de enmalle en aguas que deberían permanecer protegidas. Recordó que los ejemplares han sido observados fuera de la Zona de Tolerancia Cero, por lo que limitar la protección a un polígono determinado no garantiza su conservación.

La demanda sostiene que las nuevas disposiciones debilitan medidas esenciales para evitar la desaparición de la especie y contravienen el principio de no regresión ambiental, que impide reducir los niveles de protección alcanzados. Asimismo, señala posibles violaciones a las obligaciones de participación pública establecidas en el Acuerdo de Escazú y a los principios constitucionales de protección de los derechos humanos.

Por ello, las organizaciones solicitaron al juzgado suspender las nuevas disposiciones mientras se resuelve el juicio de amparo.

Reducción de protección y fragmentación del hábitat

Uno de los principales señalamientos se refiere a que la nueva regulación deja fuera una zona ubicada al noroeste de la Zona de Tolerancia Cero, donde se registraron avistamientos de vaquitas marinas durante 2025 y 2026.

De acuerdo con las organizaciones, el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA) recomendó establecer protección adicional en esa área mediante bloques de concreto con ganchos, diseñados para impedir el uso de redes de pesca, una medida que todavía no se ha implementado.

Yolanda Alaniz, consultora científica de Comarino, señaló que las autoridades contaban con recomendaciones científicas sobre los sitios donde era urgente ampliar la protección, por lo que consideró indispensable que la ciudadanía hubiera podido examinar los mapas, las evidencias y los riesgos antes de la entrada en vigor de las disposiciones.

Además de reducir el área protegida, la regulación introduce un corredor de navegación de 350 metros de ancho a través de la Zona de Tolerancia Cero, donde anteriormente estaban prohibidos tanto la pesca como el tránsito de embarcaciones. Esta modificación, advirtió Alaniz, fragmenta el hábitat de la vaquita marina.

Otro de los puntos cuestionados es el aplazamiento de 12 meses de la obligación de instalar dispositivos de monitoreo satelital en las embarcaciones pesqueras, además de condicionarla a la disponibilidad presupuestal. Aunque los dispositivos ya comenzaron a instalarse, las organizaciones señalaron que esto ocurrió después del inicio de la temporada de pesca de camarón.

Las redes de enmalle, principal amenaza para la vaquita

Las redes de enmalle, utilizadas principalmente para la captura de camarón y totoaba, constituyen la principal amenaza para la vaquita marina, debido a que los ejemplares quedan atrapados y mueren por asfixia.

La totoaba, otro pez en peligro de extinción, es objeto de tráfico ilegal debido al valor comercial de su vejiga natatoria, conocida como buche, que se comercializa principalmente en mercados de Asia.

Las organizaciones recordaron que la población de vaquita marina pasó de aproximadamente 600 ejemplares en 1997 a cerca de 10 en la actualidad, lo que coloca a esta especie endémica del Alto Golfo de California en una situación crítica.

Ilse Vázquez Maldonado, abogada y activista, señaló que la reducción del polígono de protección se suma a más de seis años de omisiones de las autoridades, particularmente por la falta de cumplimiento efectivo de las restricciones establecidas en el Acuerdo de 2020 y la ausencia de sistemas de monitoreo en todas las embarcaciones obligadas a contar con ellos.

Por su parte, Aleira Lara, directora ejecutiva de Greenpeace México, sostuvo que la protección de la vaquita marina no debe contraponerse al derecho de las comunidades pesqueras a contar con condiciones de vida dignas.

Planteó que el gobierno debe garantizar apoyos para que los pescadores puedan transitar hacia artes de pesca sostenibles y desarrollar actividades que no pongan en riesgo a la especie. También insistió en que las decisiones ambientales deben tomarse con transparencia y participación de las personas y comunidades involucradas.

Las organizaciones ambientalistas advirtieron que permitir nuevamente el uso de redes mortales en zonas del hábitat de la vaquita marina podría agravar su situación y reducir las posibilidades de recuperación de la especie.

Con la presentación del amparo, buscan detener lo que consideran un retroceso en la conservación del cetáceo y exigir que las autoridades mexicanas fortalezcan las medidas de protección, cumplan las recomendaciones científicas y garanticen la participación pública en las decisiones que afectan la biodiversidad.