La Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida celebra la presentación de la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 1, 4, 9 y 12 y se deroga el capítulo II “Participación de inversión privada y social en obras hidráulicas federales” de la Ley de aguas nacionales, por el que se prohíbe la privatización del servicio de agua potable, a cargo del senador Martí Batres Guadarrama, presentado en el Senado hoy, pues se trata de un paso importante hacia la desprivatización y democratización del agua en el país.

La iniciativa derogaría las reformas a la Ley de Aguas Nacionales que abrieron la puerta al concesionamiento al sector privado de grandes obras hidráulicas del país, así como de los servicios de agua y saneamiento. Estas reformas han engendrado obras gigantescas, sumamente costosas y de cuestionable valor, tales la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco, asignada a un consorcio encabezado por el Grupo Carso sin contar con proyecto ejecutivo.

Es un paso vital hacia la Ley General de Aguas, que permitirá inaugurar una nueva etapa de buen gobierno del agua

“Es evidente que los congresistas están poniendo atención a las demandas ciudadanas más importantes, una de ellas la que surgió en las últimas semanas del periodo de campañas electorales, que tiene que ver con la urgencia de proteger al país y a sus habitantes contra la privatización del agua y garantizar el derecho humano a este líquido”, afirmó Pedro Moctezuma, integrante de la Coordinadora.

Esta reforma tendrá un impacto significativo en el país, porque empezará a congelar y revertir los procesos de privatización de las obras y servicios del agua iniciados durante los sexenios recientes, además de que cerrará la puerta a nuevos procesos de privatización de los servicios municipales y metropolitanos del agua o saneamiento como los que se han instrumentado en Coahuila, Aguascalientes, Baja California, Quintana Roo, Puebla, Veracruz y la Ciudad de México. También, exigirá la reforma de las leyes estatales que actualmente están promoviendo el manejo de los servicios públicos a través de asociaciones público-privadas, como ocurre en los estados de Baja California y de México.

Igualmente, esta reforma reforzará los intentos de la recién electa presidenta municipal de Solidaridad, Quintana Roo, Laura Beristain, por rescindir la concesión otorgada hasta el año 2053 de los servicios de agua potable a la empresa Aguakan, en violación del bando municipal.

También, fortalecerá la mano del nuevo cabildo de la capital de Puebla que está intentando, sin resultado hasta ahora, acceder al contrato de concesión firmada entre el cabildo anterior y la empresa Concesiones integrales, SA de CV., el cual hasta ahora se encuentra bajo una cláusula de confidencialidad.

La reforma también pone en cuestión la planta desalinizadora de Rosarito, Baja California, adjudicada mediante asociación pública-privada a las trasnacionales Consolidated Waters, Degremont-Suez y NuWater. Su costo de $70 mil millones de pesos implica una deuda para el estado para los próximos 37años.

Esta planta produciría 139 millones de m³/año, es decir sería la desalinizadora más grande de América Latina, pero no hay acceso público a los términos en que fue otorgada de la concesión, por lo que no se sabe si las aguas desalinizadas en realidad serán utilizadas para resolver la crisis hídrica al otro lado de la frontera.

La propuesta busca derogar las reformas a la Ley de aguas nacionales de 2004, que abrió la puerta a procesos de concesionamiento de obras hidráulicas gigantes, costosas y de cuestionable valor, así como de los servicios metropolitanos de agua y saneamiento en diversas ciudades

La Coordinadora Agua para Tod@s señala que en 235 ciudades del mundo las experiencias negativas con la privatización de los servicios de agua han obligado a regresarlas al sector público, acompañando este proceso con medidas que permitan procesos de planificación coordinada entre los gobiernos y la ciudadana, para lograr la restauración de las cuencas, el acceso equitativo, la eficacia de los sistemas y el respeto de los derechos.

Agua para Tod@s considera esta iniciativa como una excelente señal del compromiso del nuevo Congreso con los derechos humanos y los derechos de los pueblos al agua y ve condiciones favorables para emprender una discusión a fondo de los cambios requeridos para contar con una nueva ley y una nueva institucionalidad del agua que reconozca y haga efectivos los derechos de los pueblos indígenas, los núcleos agrarios y las comunidades afectadas por la sobreexplotación, la discriminación y la contaminación.

La iniciativa es un primer paso importante hacia la ley de aguas que México necesita.