Organizaciones de la sociedad civil y personas de la comunidad en Baja California Sur, solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la cancelación definitiva del proyecto minero Los Cardones, debido a los impactos negativos y afectaciones irreversibles que ocasionará al área natural protegida Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna.

El pasado 10 de agosto, la Semarnat admitió un recurso de revisión interpuesto por la comunidad, donde se solicita la anulación de la autorización ambiental otorgada en 2014 al proyecto minero promovido por la empresa Desarrollos Zapal S.A. de C.V.[1]. “Una resolución favorable por parte de la Semarnat sería un primer paso para que la tan anunciada cancelación del proyecto minero se materialice en un documento oficial”, señalaron las organizaciones que suscriben este comunicado.

Ante la exigencia del pueblo sudcaliforniano, en marzo de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la decisión de cancelar el proyecto y dijo: “No a la mina”[2]. Desde entonces y hasta octubre del año pasado[3], el mandatario ha afirmado en varias ocasiones que el proyecto minero “Los Cardones” está cancelado[4], sin embargo, no se ha presentado algún documento que formalice este dicho.

De acuerdo a la Secretaría de Economía, las 15 concesiones mineras relacionadas con el proyecto continúan vigentes, algunas hasta el 2055[5]. Por otra parte, la Semarnat señaló  no haber recibido alguna solicitud por parte de presidencia para cancelar el permiso ambiental otorgado a la mina[6], por lo que el proyecto aún cuenta con la autorización de impacto ambiental.[7]

El proyecto Los Cardones consiste en la realización de obras y actividades para la explotación de una mina de tajo abierto en una superficie de 439.51 hectáreas en el municipio de La Paz, Baja California Sur[8]. Estas obras representan un alto riesgo ambiental para la región, ya que en su mayor parte se encuentran dentro del Área Natural Protegida (ANP) Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, sitio que contribuye a la recarga de los mantos acuíferos que abastecen aproximadamente al 67% de población en el estado.[9] Además, los terrenos del casi 60% del proyecto son propiedad de la nación, por lo que no pertenecen a la empresa minera.[10].

“Por el momento, lo único que mantiene detenida la construcción y operación del proyecto es la falta de autorización de cambio de uso de suelo, pero la amenaza de la empresa minera sigue latente”, puntualizaron las organizaciones. Y es que, cabe recordar que en septiembre del 2015, el cabildo del XIV Ayuntamiento de La Paz emitió de manera ilegal dicha autorización[11], la cual fue cancelada posteriormente por un juez federal[12].

Por todo lo anterior, hacemos un enérgico llamado a la Semarnat a revocar la autorización de impacto ambiental que tiene el proyecto minero, pues ello sentaría un importante precedente para la protección ecológica de la región.