Por CEMDA

Es ya el cuarto día de la COP31 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en Antalya, Turquía, y se han acumulado los reproches a los países por no actuar ante el calentamiento global, aunque muchos de los jefes de gobierno de los países más contaminantes no pudieron oir esos reclamos porque no acudieron a la cumbre: reportes calculan que sólo están representados al máximo nivel los responsables de un 20 por ciento de las emisiones globales, pues no asistirán los jefes de gobierno de Estados Unidos, China, Rusia, India ni Japón —y de México tampoco—.

La activista sueca Greta Thunberg dio un duro discurso en el que afirmó que “el planeta no muerte: lo están asesinando y sabemos quiénes son”. El exsecretario de Estado de Estados Unidos John Kerry, por su parte, llamó al presidente estadounidense Donald Trump “el mayor perdedor que se ha visto en muchos años” por no enviar una delegación a la COP31. Ante los representantes de países de todo el mundo, hoy y ayer los jefes de gobierno de países empobrecidos y, sobre todo, de las naciones isleñas, han repetido la exigencia de que se les ayude a lidiar con un cambio climático que ellos no provocaron. La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, por ejemplo, afirmó que si no se logran las metas climáticas lo que se está consiguiendo es “más deuda, una deuda de calor que contrajimos comprometiendo el futuro de nuestros niños”.

 En el cuarto día de actividades de la COP31, el Observatorio Mexicano de Emisiones de Metano (OBMEM) organizó un panel para hablar de Justicia climática y mitigación de metano en el sector residuos: De la acción local a la transición justa. El panel reunió perspectivas de la investigación técnica, el derecho ambiental y el litigio climático para examinar qué condiciones técnicas, legales, institucionales y sociales hacen que la mitigación del metano en el sector residuos sea efectiva y forme parte del camino hacia la justicia climática.

Por parte del CEMDA, Anaid Velasco, gerente de investigación y derechos humanos, señaló que las comunidades que viven cerca de tiraderos de basura están expuestas a respirar gases tóxicos y material particulado y están en contacto con lixiviados y aguas contaminadas, todo lo cual les genera enfermedades y deteriora su calidad de vida. Por ello, dijo, las políticas públicas y acciones para la mitigación de metano y el avance hacia la economía circular deben incluir a las comunidades en la toma de decisiones.  En el mismo sentido coincidió Camila Campillo, de la organización Nuestro Futuro, quien señaló que los recicladores de basura no son aún reconocidos como actores climáticos, lo cual los priva de muchos derechos. En ese sentido, hizo un llamado a reflexionar sobre cómo podemos usar la transición para mejorar la vida de las personas y cerrar la brecha de desigualdad existente.

Erika Ortiz, del Instituto de Desarrollo, Energía y Ambiente (IDEA), mostró el caso piloto de recicladores en el estado de Guanajuato. A través de una alianza con el municipio de Dolores, Hidalgo las personas recicladoras realizan recolección domiciliaria para clasificar y valorizar los materiales directamente, evitando que lleguen a los rellenos sanitarios y reduciendo los riesgos sanitarios a los que se enfrentan. Esto, dijo, fomenta la creación de cadenas de valor y vínculos de confianza con la ciudadanía, posicionando a los recicladores de base como proveedores de un servicio público y ambiental esencial. El objetivo es que este modelo pueda ser replicable en otros municipios del país, así como asegurar el reconocimiento legal de la Unión y su acceso a derechos económicos y laborales.

Finalmente, Henrique Bezerra, director regional para América Latina del Global Methane Hub, dijo que para lograr una verdadera transición, los beneficios de la mitigación de metano deben ir a las personas que más lo necesitan, como son los recicladores de residuos. Enfatizó que, para ser exitosas en la implementación, las políticas públicas deben asegurar el financiamiento necesario para llevarlas a cabo. Indicó también que es importante que los países de América Latina avancen en incluir en sus legislaciones la Responsabilidad Extendida del Productor con el fin de que quienes ponen en circulación productos que se vuelven basura se hagan responsables del manejo de estos residuos, pues no es justo que esta responsabilidad sea actualmente de los municipios.