En vísperas del comienzo del juicio por el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres el próximo lunes 17 de septiembre en Tegucigalpa (Honduras), mismo que durará hasta el 19 de octubre, Greenpeace demanda un juicio ejemplar contra los responsables de su asesinato y la tentativa de asesinato del líder ambiental mexicano Gustavo Castro.

Greenpeace, en apoyo del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), ONG de la que Cáceres era miembro fundadora, exige que también se persiga y enjuicie a las personas que ordenaron y planificaron este crimen.

El asesinato de la líder indígena Berta Cáceres en la noche del 2 de marzo de 2016 se produjo en Honduras como consecuencia de su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque, proyecto aprobado en 2013 y que atenta contra la supervivencia de la comunidad indígena Lenca, a la que Berta pertenecía.

Durante el año pasado aumentaron significativamente los asesinatos relacionados con la agricultura y el acaparamiento de tierras para cultivos como el aceite de palma

“Reclamamos justicia para Berta, y una sentencia que contemple todo el proceso de criminalización de esta activista por parte de las personas que planificaron y ordenaron el crimen, que aún permanecen libres. Algo así, no debería repetirse”, ha declarado María Colín, campañista legal de Greenpeace México.

Tras el arresto de los sicarios que dispararon el gatillo, en noviembre de 2017, el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) hizo público un informe donde relataba los resultados del análisis de los mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, imágenes y otras pruebas en los teléfonos de las personas imputadas. El informe concluía que la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Berta Cáceres había comenzado ya en noviembre de 2015.

Además, el análisis del GAIPE concluye que tanto la empresa de seguridad de la compañía constructora del proyecto (DESA, Desarrollos Energéticos S.A.), como las autoridades hondureñas y las entidades financiadoras jugaron un papel en la trama que acabó con su vida.

El pasado mes de julio, Global Witness presentó su informe anual “¿A qué precio?” (2), que recoge el asesinato durante el pasado año 2017 de, al menos, 207 personas en todo el mundo por defender los derechos humanos, su tierra y el medio ambiente.

El asesinato de esta indígena feminista y defensora del medio ambiente y los derechos humanos ilustra el aumento de la represión a nivel mundial

Durante el año pasado aumentaron significativamente los asesinatos relacionados con la agricultura y el acaparamiento de tierras para cultivos como el aceite de palma, destinados al comercio de productos de consumo y uso diario. Además, según la organización la cifra real de asesinatos seguramente es mayor.

“El juicio por el asesinato de Berta Cáceres visibiliza la situación del activismo en muchos lugares del mundo, muchos viven a diario la persecución que vivió Berta antes de que la mataran”, declaró Colín.

Durante 2017, la situación de México ha empeorado con un aumento de 3 a 15 asesinatos de defensores ambientales en comparación a 2016; de las 15 personas acribilladas, 13 eran indígenas defendiendo sus territorios ancestrales, según cita el estudio de Global Witness.

“Parte del problema es el aumento del crimen organizado, la impunidad, la corrupción y el fracaso del gobierno en proteger a las personas defensoras frente a proyectos extractivos, incluyendo tala ilegal, minería, monocultivos y otras actividades industriales en sus tierras; aunado a la inadecuada implementación del marco nacional e internacional de derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la falta de consentimiento previo, libre e informado, así como de medidas de protección para las personas defensoras del medioambiente”, ha añadido Colín.

“En este sentido, urge la aprobación por parte de Naciones Unidas de un marco jurídico vinculante sobre empresas y derechos humanos que evite situaciones como las que se están viviendo en numerosos países donde las empresas desarrolladoras actúan con total impunidad, con estrategias de captura del Estado”,  concluyó.

En el año 2017 Greenpeace España concedió a título póstumo el premio Artemio Precioso a Berta Cáceres, galardón que fue recogido en Madrid por su hija Laura Zúñiga.