Con el objetivo de llamar la atención de quienes contienden por cargos de elección popular -la presidencia de la república, entre otros- sobre los graves problemas socioambientales que enfrenta el país, 35 especialistas de universidades públicas y organizaciones civiles elaboraron la Agenda socioambiental 2024, que analiza nueve temas de atención urgente para la futura administración.

Es por esta atención urgente que los autores y autoras de la Agenda ya han tenido reuniones de presentación de la agenda con los equipos de las candidatas y el candidato a la presidencia de la república, con el fin de explicar a detalle los diagnósticos y las propuestas para cada tema.

Y es que a pesar de que México tiene una de las riquezas naturales más sobresalientes del mundo, no ha tomado las medidas necesarias para manejarla de manera sustentable y con una visión de largo plazo y prevalencia del bien común; antes bien, esa rica biodiversidad está siendo destruida, sobreexplotada, amenazada, principalmente para beneficiar intereses privados.

La Agenda socioambiental 2024, coordinada por Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y Cecilia Navarro, integrante de la Colectiva Cambiémosla Ya, plantea que si bien hay algunos pasos positivos en la administración que concluye este año, la tendencia de degradación ambiental que venía de administraciones pasadas se mantiene y se profundiza por diversos factores, entre ellos el cambio climático y el debilitamiento institucional.

Los autores de cada capítulo explican cómo los procesos de deterioro ambiental obedecen a dinámicas complejas en las que destacan tres factores: la desigualdad económica que se traduce en desigualdad ambiental; la captura por parte de las élites económicas y las corporaciones de las instituciones que toman las decisiones de gestión de los recursos ambientales y la prioridad concedida a megaproyectos y a la economía exportadora, pese a que con frecuencia sus impactos son gravísimos y los padecen en mayor medida las poblaciones en condición de pobreza.

“En esta Agenda damos cuenta de cómo los contados cambios progresistas, impulsados por la ciudadanía en algunos casos con instituciones y actores del gobierno actual, en favor de la sustentabilidad, la salud pública y los derechos humanos, han encontrado enormes resistencias de parte de cámaras industriales, corporaciones transnacionales, legisladores de oposición e incluso del partido en el gobierno y de funcionarios de diversos niveles. Esta resistencia hoy amenaza con echar por tierra la Ley de Minería de 2023; se ha opuesto ferozmente, a lo largo de los pasados cinco años, al reemplazo de la Ley de Aguas Nacionales por una Ley General de Aguas basada en el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento, y le puso pausa al decreto de retiro del glifosato que debería haber entrado en vigor el pasado 1° de abril, entre otros casos. Por todo esto, esta Agenda socioambiental pone en el centro este tema y las consecuencias que tiene para la sociedad, entre ellas la profunda desigualdad y asimetría en el disfrute del derecho a un medio ambiente sano”, refirió Leticia Merino.

Para cada uno de los temas, las autoras y autores la Agenda ofrecen una ruta crítica, viable, razonada para revertir los procesos de deterioro con una visión de bien común y largo plazo. Estos son algunos de los puntos más relevantes de cada tema:

Agua

Uno de los mayores pendientes de la administración saliente. Los grandes intereses económicos enquistados en la Conagua se opusieron a reemplazar la Ley de Aguas Nacionales por una Ley General de Agua centrada en el derecho humano al agua y al saneamiento. La Conagua, creada por el gobierno de Salinas de Gortari para mercantilizar los bienes hídricos del país, ha obstaculizado los cambios estructurales necesarios para el aprovechamiento de las fuentes de agua de manera equitativa y justa, ha favorecido el otorgamiento de concesiones de dotación de agua y descargas sin considerar la disponibilidad real o los impactos ecohidrológicos, mantiene una lógica de toma de decisiones por desastre y ha dejado exacerbar la contaminación en los ríos principales del país.

A pesar de lo anterior, reconocemos que entre los avances de la actual administración está la identificación de las Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental y la atención inicial a algunas de ellas; la aprobación de la NOM-127-SSA1-2021, que establece los límites de la calidad del agua y la NOM001-SEMARNAT-2021, que enmarca los límites permisibles para descargas residuales; la rehabilitación de plantas de tratamiento; la cobertura de servicios de agua potable en zonas vulnerables y la infraestructura hídrica en el sureste; así como la atención a conflictos sociohídricos, como el caso de la Presa El Zapotillo o la reapertura del caso del derrame de contaminantes mineros en el Río Sonora.

Entre las medidas pendientes están: reemplazar la LAN por la LGA, terminar con el concesionamiento del agua, reconocer los derechos de núcleos agrarios y sistemas comunitarios, priorizar el uso personal doméstico y la conservación ecológica de zonas de recarga, democratizar los distritos de riego y diseñar y aplicar una política de restauración ecohidrológica en los ríos del centro-occidente.

Regiones forestales

Los territorios forestales experimentan presiones y amenazas crecientes: el aumento alarmante de plagas e incendios asociados al cambio climático; la tala ilegal, que alcanza el 120% de las extracciones legales; la presencia del crimen en gran parte de los territorios forestales. Esto ocurre en un contexto de caída drástica del presupuesto oficial para la protección y apoyo al manejo sustentable de los bosques, a cargo de la CONAFOR, y de una sobrerregulación e hipercentralización de la gestión delos aprovechamientos por parte de una SEMARNAT con recursos insuficientes para operar.

En estas condiciones críticas, la permanencia de los bosques y las comunidades que los habitan está en grave riesgo. Revertir estas amenazas es vital para el país y debe ser una prioridad de la política pública. Para ello es importante: restablecer, a lado de las comunidades, el estado de derecho en las regiones forestales; incrementar el presupuesto para las actividades protección y apoyo de las comunidades forestales; impulsar la economía forestal legal, combatiendo la competencia injusta de la tala ilegal y las importaciones favorecidas por la sobrevaluación del peso; desarrollar y apoyar financieramente estrategias nacionales y estatales para la prevención y combate de plagas e incendios. Y, de forma muy importante, flexibilizar y agilizar la gestión de los aprovechamientos forestales, promoviendo la descentralización de facultades y recursos.

Biodiversidad

La conservación de la biodiversidad es un tema relegado o incluso ignorado en el discurso político porque no se entiende ni se reconoce su importancia crucial. La diversidad de plantas, hongos, microorganismos y animales es indispensable para mantener las funciones de los ecosistemas (océanos, ríos, lagos, bosques, selvas, matorrales de zonas áridas, pastizales y agroecosistemas) que constituyen servicios ambientales esenciales para la vida, sustento y bienestar de la humanidad. Esos servicios son, entre otras cosas, el oxígeno que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos y una gran variedad de recursos que son la base de la economía.

La pérdida de biodiversidad, causada por la destrucción de hábitats, la sobreexplotación de recursos forestales y pesqueros, la degradación de suelos y cuerpos de agua, la contaminación y otros factores, tiene graves consecuencias para la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua, la salud humana, la vulnerabilidad a desastres o las posibilidades de adaptación al cambio climático.

Conservar la biodiversidad es vital e implica no sólo fortalecer las áreas naturales protegidas, sino también incorporar principios, criterios y buenas prácticas de conservación en los sistemas de producción agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros, y reconocer que existe un estrecho vínculo de la conservación con la política social, ya que las regiones con mayor biodiversidad son también las más pobres, marginadas y amenazadas por megaproyectos desarrollistas, despojo de recursos, injusticias y conflictos socio ambientales.

Energía

En México los combustibles fósiles representan el 85% de la oferta bruta de energía: predomina un modelo energético obsoleto que acentúa la crisis climática. El pico del petróleo fue alcanzado hace veinte años y desde entonces, se mantiene el declive de la producción petrolera. La productividad por pozo ha disminuido 67%, mientras que los costos de extracción se han quintuplicado. Los esfuerzos por aumentar la producción petrolera no han tenido el éxito esperado, pese a que se duplicó el presupuesto de PEMEX. Y, mientras el país sufre de estrés hídrico, técnicas para extraer hidrocarburos que demandan grandes cantidades de agua como el fracking, no han sido prohibidas.

La próxima administración no puede continuar apostando a un sistema energético donde predomine el uso de combustibles fósiles. La transición energética debe consolidarse, centrar las bases para que el sector eléctrico sea confiable, resiliente y sustentable. Debe construirse una matriz energética mediante fuentes renovables locales, impulso a la biomasa y la generación solar distribuida, además de impulsar políticas agresivas de ahorro de energía, prohibir la obsolescencia programada, aumentar la movilidad sustentable y el transporte público y generalizar una transición agroecológica y energética para el campo. El financiamiento para estas propuestas puede venir del Fondo Mexicano del Petróleo y de una redistribución del Presupuesto de Egresos de la Federación (Anexos 15 y 16).

Minería

Durante más de 30 años, la Ley Minera de 1992 impactó territorios de maneras diversas, provocando conflictos socioambientales. Aunque esta ley fue modificada el año pasado, persisten los territorios devastados por la megaminería, se mantienen las concesiones mineras en áreas naturales protegidas, se hace minería con técnicas peligrosas como la minería a cielo abierto, los pozos de carbón y las cuevas de arrastre. Actualmente, se permite el uso de aguas de laboreo para la minería, siempre y cuando se informe a la autoridad correspondiente. Persiste la opacidad y la escasa contribución de la minería al empleo, al desarrollo local y a las finanzas públicas del país.

Entre nuestras propuestas destacan: mantener los avances logrados con la Ley de Minería de 2023, prohibir la minería a cielo abierto, los pozos de carbón y las cuevas de arrastre, incorporar de manera expedita el consentimiento previo, libre e informado antes de otorgar concesiones mineras, que ya se establece en la ley. Exhortar a que las empresas mineras presenten sus planes de cierre de minas, acortar la duración de las concesiones mineras a 15 años, establecer un límite de la superficie a concesionar menor a 2000 hectáreas, limitar el uso de agua, incrementar considerablemente la transparencia, el acceso a la información y la presentación en datos abiertos, así como impulsar una reforma fiscal al sector minero, que permita mejorar considerablemente la recaudación.

Sistema agroalimentario

La autosuficiencia alimentaria es uno de los grandes retos para la seguridad del país. Este gobierno ha iniciado algunos pasos en esa dirección al cambiar la estructura de los subsidios para beneficiar a los pequeños y medianos productores, quienes detentan más del 70% de las unidades de producción, mantienen la agrobiodiversidad en el país, y son los principales productores de maíz y frijol; aunque al mismo tiempo son quienes no cuentan con sistemas de riego, acceso a mercados, asistencia técnica ni créditos. Asimismo, son los más vulnerables a los efectos de la sequía y el cambio climático.

Otro cambio importante ha sido iniciar una transición agroecológica que promueve una agricultura sustentable. Este camino debe profundizarse, pero no solo con algunos programas, sino a través de una política de Estado que asegure a estos productores el agua (lo cual requiere cambios de Ley), infraestructura, créditos, articulación con institutos tecnológicos y de investigación y, sobre todo, mayor regulación de las grandes corporaciones transnacionales, que controlan la producción, comercialización y distribución de los principales productos agropecuarios, al tiempo que ejercen presión y coerción para mantener una agricultura industrializada, que ocasiona graves problemas de salud pública (obesidad, diabetes, cáncer, leucemia, etc.).

En este camino la prohibición del glifosato y de la siembra de maíz transgénico para consumo humano deben reforzarse y blindarse. Asimismo se deben repensar programas como la entrega de fertilizantes, cuya aplicación generalizada sin información previa de la calidad de los suelos constituye un obstáculo para la transición agroecológica.

Plaguicidas altamente peligrosos

El uso continuo de plaguicidas, especialmente los “plaguicidas altamente peligrosos” (PAP), tiene un alto costo para los agroecosistemas al disminuir la diversidad biológica, haciéndolos más vulnerables a plagas, enfermedades y variaciones climáticas; además de afectar de manera considerable la salud humana, principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Como resultado de las políticas regulatorias neoliberales que privilegiaron a las empresas y simplificaron los trámites para el registro de plaguicidas, y a pesar de los avances en la decisión de prohibir el glifosato, en el 2023 hay 204 PAP autorizados para ser utilizados en México (151 de los cuales están prohibidos en otros países), entre ellos los insecticidas que están causando alta mortalidad de polinizadores.

Se requiere incorporar en la agenda del nuevo gobierno: una política con dos objetivos estratégicos articulados: la prohibición gradual de PAP con un enfoque de derechos humanos y una estrategia nacional de transición agroecológica de los sistemas agrícolas que amplíe la escala y mejore la coordinación territorial; elaborar una Ley General de Plaguicidas; crear un sistema nacional de información y vigilancia integral sobre el uso de plaguicidas con suficiente apoyo presupuestal; prohibir el uso de PAP en campañas de salud pública y apoyar una estrategia integral de control de vectores con participación ciudadana; fortalecer la capacidad analítica de las instituciones de enseñanza e investigación, el acceso a la justicia y la reparación de los daños causados por el uso de los PAP; incluir a los PAP en la agenda de cooperación internacional.

Residuos

La gestión integral de residuos en México es un asunto pendiente. Pese a que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos tiene más de 20 años de publicada, en ninguno de los tres tipos de residuos (sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos) se cumple la reducción, el aprovechamiento y la disposición final segura; es decir, no se logra el supuesto de Economía Circular para un Desarrollo Sostenible, como el Plan Nacional de Desarrollo propone. Por el contrario, la gestión es fragmentada, desigual y objeto de una captura institucional.

Fragmentada en la medida en que no hay una armonización en los instrumentos normativos, hay superposición de roles y dificultades en la atribución de responsabilidades. Desigual porque su implementación ha generado rezago e injusticias socioambientales para algunas poblaciones y territorios y porque pese a que la privatización se ha planteado como una estrategia para solventar carencia de recursos y capacidades gubernamentales, su desempeño es cuestionable en términos de transparencia, control de la contaminación, reducción en la generación, entre otros.

Está capturada institucionalmente porque se identifica una influencia privada en acuerdos y proyectos normativos como el Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico, que derivaron en el Proyecto de Decreto para reformar la LGPGIR en materia de plásticos de un solo uso, y el en Proyecto de Decreto para expedir la Ley General de Economía Circular, ambos con vicios de origen que se alejan del bien común y protegen los intereses de sectores privados, y crean falsas promesas sobre tecnologías que no resuelven el problema, como el coprocesamiento y la termovalorización.

Gobernanzas agrarias

La dimensión ambiental de la cuestión agraria siempre se olvida, siendo fundamental. La mitad del territorio nacional terrestre se encuentra bajo la forma de tenencia ejidal o comunal. En esta superficie se encuentran 80% de los bosques y selvas, más de 60% de las ANP, 58% de las reservas del agua, 65% de las tierras que requerirán las ciudades para extenderse y 60% de las concesiones mineras. Frente a mayores eventos climáticos extremos, la pérdida de la biodiversidad y la erosión de los recursos naturales, la preservación de ejidos y comunidades se torna un asunto crucial en la medida en que éstos fungen como red de seguridad, en términos de alimentación, vivienda y otros “servicios” ambientales para la población rural más marginada y vulnerable del país.

No obstante, los ejidos y comunidades en su mayoría están en crisis. Entre los principales problemas destacan: procesos ilegales para desincorporar o privatizar la propiedad ejidal, los cuales implican, en muchos casos, deforestación; control empresarial o del narco de las asambleas ejidales, las cuales, en muchos casos, carecen de una gobernanza interna democrática; exclusión de las mujeres y jóvenes que viven en los ejidos y comunidades.

Frente a los grandes retos para la cuestión agraria hoy, no existe una política agraria con propuestas y presupuesto para generar un cambio. Desde 1992 persiste una visión liberal centrada en la seguridad jurídica de los derechos individuales y una visión productivista que concibe la tierra como mercancía. Se ignoran las propuestas que desde las luchas campesinas e indígenas apuestan por una visión integral de la tierra como territorio.