En las primeras horas del viernes, 5 de julio de 2024, el huracán Beryl impactó en la península de Yucatán, con posibilidades de fortalecerse a su paso por el Golfo de México. En su trayectoria, devastó países caribeños como Jamaica, San Vicente y las Granadinas, con pérdidas humanas, económicas y de naturaleza.

Aunque los ciclones tropicales son algo natural, su intensidad y los impactos que producen sí se han incrementado por el cambio climático. El científico mexicano, el Dr. Bernardo Bastien explica lo siguiente: ”el clima está cambiando y con ello muchos fenómenos naturales se están volviendo más intensos, como es el caso de los huracanes. Los huracanes obtienen su energía de los océanos y estos al estar más calientes, debido al cambio climático, generan huracanes más intensos, es decir con vientos de mayor velocidad y más lluvias torrenciales.”

En el Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC, AR6), ya se ha observado un aumento de intensidad de ciclones tropicales, especialmente en las categorías más altas (4 y 5). También se proyecta que la intensidad continúe aumentando un 7% por cada grado Celsius adicional de temperatura.

¿Quién debe pagar los daños?

En nuestro país, el cambio climático ya es una realidad tangible. Miles de personas enfrentan año con año el incremento en la frecuencia y magnitud de incendios forestales, sequías, inundaciones, erosión costera, y fenómenos meteorológicos extremos como huracanes. Casos como El Bosque en Tabasco han reflejado que la realidad de los daños por el cambio climático es acumulativa, es decir, una comunidad desplazada y vulnerable por la erosión costera vive con mucho más impacto y riesgo la temporada de huracanes.

Las corporaciones petroleras y de combustibles fósiles tienen una responsabilidad en la acumulación y emisión de gases de efecto invernadero. Son estas quienes deberían pagar los costos de refugios, reubicación de personas y la salida de la crisis que han provocado. Mientras esto no ocurra, los gobiernos de los países tendrán que absorber este costo, pues por derecho, las comunidades más vulnerables deben recibir atención para evitar la violación a sus derechos humanos.