El 11° Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), da cuenta de que el 2024 fue, nuevamente, un año muy violento para las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales, registrando 94 eventos de agresión, con 236 agresiones específicas en contra de personas defensoras del medio ambiente.

Si bien durante el año 2024 disminuyó el número total de agresiones en contra de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, el número de asesinatos que documentamos en ese año se incrementó de 20 a 25 con relación al 2023.  Es importante señalar que, para efectos metodológicos, en un mismo evento de agresión pueden cometerse distintas agresiones específicas.^[1]

En 2024 se documentaron 21 homicidios y 4 ejecuciones extrajudiciales^[2]. El total de agresiones letales es, entonces, para ese año, de 25, cifra que, junto con el año 2021, se coloca como la segunda más alta de los últimos 10 años.  Las cifras de agresiones letales documentadas durante el 2024, sólo han sido superadas en el año 2017, cuando se registraron 29 víctimas de agresiones letales.

En los últimos 10 años en CEMDA hemos documentado 189 agresiones letales en contra de personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio.  Estos datos son similares a los reportados por otras organizaciones a nivel internacional, como es el caso de Global Witness, la cual coloca a México en el cuarto lugar en el mundo en asesinatos a personas defensoras del medio ambiente.^[3]  En el mismo sentido, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que, entre 2019 y 2023, 138 personas defensoras de derechos humanos y periodistas fueron víctimas de asesinato en el país.^[4]

Nuevamente, las personas defensoras que más sufrieron agresiones durante 2024 pertenecen a una comunidad, ya sea indígena o campesina. Respecto de los sectores más letales para la defensa del medio ambiente y el territorio en 2024 se encuentran la minería (11 víctimas), el forestal (5 víctimas) y el agropecuario (3 víctimas).

Se ha documentado, nuevamente, que el principal agente agresor fue el Estado, con una participación en 62 eventos de agresión, de un total de 94. Esto equivale al 65.9% del total de agresiones. Este porcentaje se incrementó drásticamente, considerando que en el año 2023 fue del 49.5%. Resalta también el incremento en el número de agresiones en las que participaron empresas privadas y grupos de la delincuencia organizada, con participación en un total de 25 y 17 eventos de agresión, respectivamente.

De las víctimas contabilizadas en el presente informe, 91 corresponden al sexo masculino y 55 al sexo y género femenino. En cuanto al resto de víctimas, no fue posible determinar el sexo de la víctima debido a la falta de disponibilidad de información personal de la víctima en las fuentes consultadas.

Entre los tipos de agresión específica que se documentaron durante el año 2024 se encuentran: intimidación (27), hostigamiento (23), homicidio (21), estigmatización (20), criminalización (20) y difamación (19). Muchos de estos casos están relacionados con la represión al ejercicio del derecho a la protesta en asuntos ambientales. Con relación a las agresiones graves cometidas en contra de personas defensoras del medio ambiente y el territorio, durante el 2024 se documentaron 4 casos de desaparición.^[5]

En cuanto a las agresiones por entidad federativa, encabezan la lista Oaxaca (15), Chiapas (9), Michoacán (9), Puebla (9) y Veracruz (8). En estos cinco estados sucedieron 50 de los 94 eventos de agresión documentados, lo cual equivale al 53.1%. En estos mismos estados se documentaron 127 agresiones específicas de un total de 236 documentadas, lo cual representa el 53.8%. Otros estados con un número alto de eventos de agresiones fueron Quintana Roo (7), Ciudad de México (7), Sonora (5) y Baja California Sur (5).  Llama la atención el caso de Baja California Sur pues, en los últimos diez años únicamente se habían contabilizado 6 eventos de agresión, mientras que tan solo en 12 meses casi se alcanzó dicha cifra.

Es importante precisar que, el hecho de que algunas entidades federativas no arrojen registros de agresiones no significa que las personas y comunidades defensoras no estén en situaciones de riesgo. Algunas de las razones pueden estar vinculadas con la falta de visibilización de la labor de defensa de derechos humanos, al hecho de que las agresiones se documenten como casos de delincuencia común, a información pública no verificada o al impedimento de las personas víctimas, directas o indirectas, de compartir su información por motivos de seguridad, entre otras. Es por ello que el Informe no es limitativo respecto de la cantidad de agresiones documentadas.

Destacan como los megaproyectos asociados con el mayor número de agresiones, las granjas porcícolas (10), distintas edificaciones habitacionales, de servicios y comerciales (10), la tala forestal ilegal (11), distintos proyectos mineros como La Revancha y Natividad (6), el Tren Maya (4), el relleno sanitario en Paso de Ovejas y en Cholula (4), y la pesca ilegal (3).

Gustavo Alanís Ortega, Fundador y Director Ejecutivo del CEMDA, señaló que “desde el CEMDA hacemos nuevamente un llamado respetuoso a las autoridades del  Estado mexicano, empezando por nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, a garantizar con recursos financieros, materiales y humanos suficientes que el Mecanismo para la protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación funcione apropiadamente y se garantice un entorno seguro para quienes protegen el patrimonio natural de México, cumpliendo así con el  Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), del cual México es signatario.”

Desde el CEMDA reconocemos ampliamente la muy admirable labor que realizan las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales y del territorio, enfatizando la resistencia, que desde la esperanza y la dignidad, han mostrado para continuar defendiendo sus derechos y sus territorios biodiversos, los de todas y todos, aún en un contexto tan adverso. Además, hacemos un llamado a todas las autoridades relacionadas con los asuntos ambientales a implementar una política que contenga el enfoque preventivo así como la atención de los riesgos que sufren quienes defienden el medio ambiente en México.

^[1] Definiciones metodológicas:

• Persona defensora de derechos humanos ambientales y territorio: Persona que, colectiva o individualmente, actúa en favor del medio ambiente y/o la tierra y el territorio.
• Evento de agresión: Lapso durante el cual ocurren una o más agresiones en contra de una o más víctimas.
• Agresión específica: Conducta específica que encuadra en la definición de un tipo de agresión en particular.

Entre las fuentes utilizadas para los datos contenidos en el Informe, se encuentran fuentes hemerográficas, entrevistas, testimonios, información aportada por otras organizaciones y personas defensoras, así como información pública obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, entre otras. 

^[2] Los homicidios se registran como la privación de la vida a una persona durante una agresión. La diferencia respecto de la ejecución extrajudicial radica en que la privación de la vida es perpetrada por un agente del Estado u otra persona actuando bajo su mando, orden o aquiescencia.

^[3] Global Witness. Voces silenciadas. 10 de septiembre de 2024. Véase en: https://www.globalwitness.org/es/missing-voices-es/

^[4] OACNUDH México, Buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, 2023.

^[5] En la metodología de este Informe se desglosan tres tipos de desaparición: la general, en la cual no es posible determinar al agente agresor, y sobre la cual, en 2024 se documentó 1 víctima; la desaparición forzada, cometida por alguna autoridad, sobre la que se registró 1 víctima y la desaparición perpetrada por particulares, respecto de la cual se documentaron 2 víctimas.