Menu

Once relatores de Naciones Unidas envían cartas a gobiernos, empresa y banco implicados en el proyecto destacando violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos

Construcción de planta de amoníaco provoca riesgo

Once relatores especiales de las Naciones Unidas, que conforman un grupo de expertos y expertas independientes en derechos humanos, manifestaron su preocupación por diversos hechos relacionados con la construcción de la planta de amoníaco, de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente en Topolobampo, Sinaloa.

Construcción de planta de amoníaco provoca riesgo
Destacan la violencia y persecución persistente sufrida por las personas opositoras al proyecto y la violación a los derechos de las comunidades indígenas Mayo – Yoreme

Nos sumamos a la preocupación manifestada por el grupo de expertos y exigimos que se detenga la construcción de la planta de amoníaco y se garantice la seguridad de las personas defensoras ambientales y comunitarias que se han visto agredidas y amenazadas por su participación en la defensa de su territorio.

El pasado miércoles 19 de noviembre, las y los relatores especiales de las Naciones Unidas hicieron públicas las cartas que enviaron al gobierno mexicano, a las empresas Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) y KFW-IPEX-Bank, y a los gobiernos de Alemania y Suiza.

La información que recibieron y las visitas que realizaron a la bahía de Ohuira y al puerto de Topolobampo han derivado en estas cartas. Las y los relatores firmantes manifiestan su preocupación por las graves afectaciones que tendrían la construcción y operación de la planta en el medio ambiente, en los medios de subsistencia de la población, en su salud y en el cambio climático.

La información citada en las cartas se refiere a severos impactos que tendría la planta de amoníaco, como lo es “la destrucción de una cantidad de larvas de camarón equivalente a más de 500 toneladas”, es decir, más de la mitad de la producción que se reporta en la laguna. Este proyecto afectaría irremediablemente la subsistencia de miles de pescadores de la zona y el sustento de sus familias y economías dependientes de la riqueza de la bahía de Ohuira.

Además de tratarse de una bahía rica para la pesca y la biodiversidad, este sistema lagunar se encuentra reconocido como humedal de importancia mundial (Ramsar) y cuenta con islas que son parte de las “Islas del Golfo de California”, Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera de la UNESCO. Señalamos que este proyecto está atentando directamente contra la economía y la alimentación de miles de familias mexicanas.

Como impacto adicional, la propia empresa GPO, en su Estudio de Riesgo Ambiental, reconoce que ante una fuga de amoníaco de tan solo 5 minutos, toda la bahía de Ohuira se convertiría en una zona de alto riesgo con “peligro inmediato a la salud o a la vida”. Resulta evidente que incluso a partir de información de la propia empresa, este proyecto está jugando con la vida de cientos de miles de personas.

Destacamos la situación de inseguridad que se refiere en las cartas para las y los miembros de las comunidades amenazadas. Las cartas recuperan los testimonios de graves agresiones que incluyen el intento de secuestro y de desaparición de una de las defensoras. Resulta urgente que el gobierno mexicano y el Gobierno de Sinaloa garanticen la seguridad de quienes están alzando la voz en defensa de sus comunidades frente a este proyecto y otros más que se proponen en la región. Dolorosamente sabemos que las medidas cautelares son insuficientes.

Exigimos que Presidencia, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) se pronuncien y clarifiquen las observaciones realizadas por los relatores para frenar inmediatamente las violaciones sistemáticas de derechos.

Que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos de las comunidades indígenas de bahía de Ohuira y del estado de Sinaloa, y que usen sus atribuciones para cancelar el proyecto de la planta de amoniaco de GPO y negar las autorizaciones para la planta de Gas Natural Licuado, Vista Pacífico, de Sempra Energía, evitando así, las consecuencias catastróficas que se anuncian con su operación.

Instamos a los medios de comunicación a aportar su cobertura para proteger el actuar de las personas de estas comunidades y en defensa de los sustentos de vida como la pesca ribereña. Las vidas de los habitantes de esta región y la alimentación de muchas ciudades y comunidades del país está en grave riesgo.