Decenas de organizaciones civiles y colectivos de derechos humanos solicitaron a las autoridades federales, estatales y municipales garantizar la seguridad de madres y padres de familia de dos escuelas colindantes con la refinería Olmeca de Dos Bocas, quienes se encuentran en situación de riesgo por su labor de defensa del derecho a la salud y a un medio ambiente sano.

Las familias del jardín de niños “Agustín Melgar” y de la primaria “Abías Domínguez Alejandro”, ubicadas en la colonia Lázaro Cárdenas del Río, denunciaron que sus hijas e hijos están expuestos de manera cotidiana a ruidos ensordecedores, emisiones contaminantes y peligros industriales derivados de la operación de la refinería. Los planteles se localizan a menos de 500 metros de áreas críticas como los tanques de aguas amargas y la planta recuperadora de azufre, donde podría liberarse ácido sulfhídrico, gas altamente tóxico y potencialmente mortal.

En conferencia de prensa realizada el 4 de febrero, representantes de más de 200 familias señalaron que llevan siete años solicitando la reubicación de las escuelas sin obtener respuesta efectiva. Advirtieron que la cercanía con instalaciones de alto riesgo contraviene la normatividad de la propia Secretaría de Educación Pública sobre construcción y ubicación de centros escolares.

Ante la falta de atención, las madres y padres anunciaron una marcha pacífica para el 9 de febrero en las inmediaciones de la refinería. Diversas organizaciones expresaron preocupación por su seguridad, recordando que en manifestaciones previas en la zona se han registrado reacciones desproporcionadas de las autoridades.

Los colectivos firmantes hicieron un llamado directo a la Presidencia de la República, al gobierno de Tabasco, al municipio de Paraíso y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que garanticen condiciones de protección y respeto al derecho a la protesta y a la libre expresión.

Respaldaron además tres demandas centrales de las familias: la reubicación inmediata de ambos planteles fuera de la zona de riesgo; la apertura de un canal formal de información con autoridades con capacidad de decisión; y la elaboración de un plan de protección civil mientras se concreta el traslado.

Las organizaciones recordaron que es obligación del Estado mexicano salvaguardar el interés superior de la infancia y asegurar los derechos constitucionales a la salud y al medio ambiente sano, así como proteger a las personas defensoras frente a cualquier forma de intimidación o criminalización.

El pronunciamiento fue suscrito por más de cincuenta colectivos nacionales e internacionales, entre ellos CEMDA, Fundar, Oceana, Red TDT, Alianza Mexicana contra el Fracking y el Comité de Derechos Humanos de Tabasco, quienes reiteraron que la protección de la vida y la integridad de las comunidades debe estar por encima de cualquier interés económico o político.