Organizaciones ambientales, climáticas y de derechos humanos denunciaron un incremento del hostigamiento y los intentos de criminalización contra personas defensoras del territorio que rechazan la construcción de la supercarretera Palenque-San Cristóbal de las Casas, también denominada “Ruta de las Culturas Mayas”, en Chiapas.

A través de un pronunciamiento, los colectivos señalaron que el megaproyecto, planteado desde 2014, ha sido rechazado por cientos de comunidades indígenas, particularmente de pueblos choles, tseltales y tsotsiles, quienes consideran que la obra afectaría su territorio, formas de vida y cosmovisión.

Las organizaciones afirmaron que en días recientes se han registrado actos de vigilancia hacia personas opositoras a la autopista, incluido el sobrevuelo de drones sobre sus tierras. También denunciaron afectaciones a miles de hectáreas de selva, bosques, manantiales, cerros y parcelas de cultivo, así como presuntas invasiones de terrenos familiares por trabajadores relacionados con las obras.

Otro de los señalamientos está relacionado con los procesos de consulta y socialización del proyecto. Mujeres de comunidades tseltales, choles y tsotsiles denunciaron haber sido excluidas de algunas asambleas y señalaron que en ellas habrían participado personas ajenas a las comunidades.

El pronunciamiento recuerda que el pasado 9 de agosto más de 4 mil personas provenientes de alrededor de 600 comunidades indígenas participaron en una movilización y peregrinación para expresar su rechazo a la supercarretera. Las organizaciones sostienen que, pese a esta manifestación, no se ha atendido la posición de las comunidades.

Los colectivos también cuestionaron que la construcción avance sin los estudios y permisos que, según su denuncia, serían necesarios, y advirtieron sobre sus posibles consecuencias para los ecosistemas y las actividades de subsistencia de las comunidades cercanas al trazo.

Ante esta situación, solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente intervenir para documentar las presuntas irregularidades y detener las obras. Asimismo, pidieron al gobierno de Chiapas y a los municipios abstenerse de ejercer violencia contra quienes se oponen al proyecto y llamaron a reactivar el diálogo con los pueblos indígenas.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran Greenpeace México, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, CartoCrítica, Maderas del Pueblo del Sureste, Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas, GeoComunes, Selvame MX y diversas colectivas y organizaciones de defensa del territorio.