A pesar de que en las recomendaciones del Comité de Científicos y Especialistas para el Análisis de Explotación de Gas Natural No Convencional, convocado por la presidenta de la república Claudia Sheinbaum, se estableció la necesidad de prohibir esta práctica de explotación de hidrocarburos en la cuenca Tampico-Misantla por su alto impacto ambiental, social y a la salud en una región con una enorme riqueza natural y cultural, y de que la presidenta se comprometió a dar seguimiento a todas las  recomendaciones, han pasado más de tres meses y no se ha publicado el decreto de prohibición que dé mayor certidumbre a las comunidades de que en su territorio no se realizará fracking.

En contraparte, PEMEX sí se ha apresurado a abrir pozos para explorar la disponibilidad de agua salobre que pudiese utilizarse para realizar fracturación hidráulica de yacimientos no convencionales en la región de la cuenca Sabinas-Burro Picachos, al noreste del país.

Para las comunidades y organizaciones civiles es preocupante que se avance con tanta celeridad en la exploración de la viabilidad del fracking y no se actúe de la misma manera en la expedición de un instrumento de prohibición de esta técnica en la cuenca Tampico-Misantla, donde las comunidades de la Huasteca Potosina, del Totonacapan y de la Sierra Norte de Puebla han sido enfáticas en su rechazo a la extracción de hidrocarburos, más aún con la técnica del fracking, que pondría en grave riesgo sus medios de vida, su acceso al agua y mermaría su salud.

Las comunidades indígenas y campesinas en el Totonacapan han documentado ampliamente las afectaciones a la salud que ha provocado la industria petrolera en sus comunidades y han padecido la contaminación de los cuerpos de agua y sus parcelas.

Intensificar la explotación petrolera en la región de la cuenca Tampico-Misantla agravaría la contaminación y mermaría aún más la salud de las comunidades. Sobre todo, porque Pemex ha demostrado ser sumamente ineficiente y, muchas  veces omisa, en la atención y remediación de derrames de hidrocarburos.

Otro motivo de preocupación para las comunidades es la constante presión de la industria petrolera privada que insiste en explotar petróleo y gas en la cuenca Tampico-Misantla, sin importar las potenciales afectaciones a la población, la biodiversidad y el agua.

Sacrificar el territorio por un poco de gas

De acuerdo con análisis del doctor Luca Ferrari, investigador del Instituto de Geociencias de la UNAM, el sector de los hidrocarburos en México está en un proceso de declive irreversible y se pretende explotar lo poco que queda de gas y petróleo de yacimientos no convencionales que implican el uso de la fracturación hidráulica. Con esto no se logrará la soberanía energética que pretende el gobierno federal.

Una supuesta producción a través del fracking podría abastecer de gas y petróleo una porción del consumo nacional por un periodo de entre 5 y 7 años, pero ello implicará el uso excesivo de agua, el desplazamiento de las comunidades, la pérdida de sus medios de vida y la contaminación de vastos territorios.

La práctica del fracking no le dará al país la soberanía energética que busca. En todo caso, podría reducir marginalmente la dependencia del gas proveniente de Estados Unidos por un periodo corto, pero con impactos prolongados al ambiente.

No es compatible pretender alcanzar la soberanía energética mediante la generación por fuentes fósiles cuando los recursos petroleros del país son limitados y van en declive y, al mismo tiempo, tratar de incrementar la oferta de energía para abastecer más industrias maquiladoras y manufactureras.

Para reducir la dependencia energética se requiere de una estrategia sólida de inversiones para la generación de energía de fuentes renovables, con la participación de las comunidades, y de medidas para hacer mucho más eficiente el consumo energético de las industrias, que consumen más del 80 por ciento de la energía que se produce a partir del gas importado de Estados Unidos.