A falta de un diagnóstico serio de la crisis que vive Acapulco tras el paso del huracán Otis y también de una estrategia de contención, pues únicamente hay presencia de la Guardia Nacional en 38 colonias del puerto, se abre la posibilidad de que la llegada de recursos económicos y apoyos en especie para la reconstrucción de la infraestructura hotelera, de negocios y vivienda, y en general de la vida del puerto terminen en manos de los grupos delictivos de manera indirecta o directa y esto conlleve el crecimiento exponencial de todos los males, principalmente en la operación del narcotráfico y delincuencia común.

Facundo Rosas Rosas, director de estrategia del Grupo BlackIND destacó en Rueda de Prensa que la Guardia Nacional no tendrá capacidades de análisis e investigación in situ que permita identificar y combatir la estructura criminal que continúa operando en el puerto, más aquellos grupos que seguramente surgirán en la actual coyuntura, ya sea nuevos y/o derivados de escisiones de los ya existentes.

Por su parte, Francisco Daniel Herrera Lau, director de Estrategia Corporativa del mismo grupo empresarial afirmó que “la reconstrucción de una localidad devastada por un desastre natural es un desafío y una oportunidad para contribuir al desarrollo de la comunidad y garantizar la continuidad de negocio” por lo que se deben tomar medidas urgentes que debe considerar el empresariado para lograr una reconstrucción resiliente, ya que en estos momentos aún nadie sabe si alcanzará la fuerza económica, de seguridad, coordinación y visión estratégica para evitar que la nueva transformación de Acapulco conlleve el crecimiento exponencial de todos los males.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común aseguró que el estado de Guerrero “desde antes del Huracán tiene un gobierno prácticamente inexistente, no asume su responsabilidad en educación, salud y menos en seguridad y justicia, es decir en lo más básico y el estado está tomado por el crimen organizado”.

Y agregó que con el objetivo de “levantar a Acapulco” en unos meses el Ejecutivo Federal se negó a modificar el Presupuesto y asignar recursos etiquetados, (mientras) los poco más de 61 mil millones designados por Hacienda, además de escasos, no tienen reglas de operación, por lo que será muy difícil darle seguimiento y saber sus resultados”.

Por lo que, concluyó, “la destrucción provocada por el Huracán Otis, debería ser una oportunidad y el punto de partida para reconstruir Guerrero de fondo. Regresar a la situación previa al impacto del huracán como se pretende, es una forma de seguir matando Acapulco de forma lenta”.

Francisco Rivas Rodríguez, director General del Observatorio Nacional Ciudadano, destacó que esta es una oportunidad de pensar “qué tipo de Acapulco y Coyuca de Benítez queremos reconstruir, pero también pensar que si se pueden generar las condiciones para prevenir tempranamente el delito; no espacios asignados, sino que haya elementos y urbanización necesarias que inhiban la presencia de grupos delictivos”.

Destacó que un espacio que se deja vacío lo llena la delincuencia y si el Estado no otorga servicios, llegará alguien que lo haga y llegará de una manera ilegal. Entonces, el gran reto no sólo está en de dónde va a salir el dinero y cómo le vamos a hacer, sino de quién lo va a hacer y probablemente lo hará la delincuencia a través de negocios lícitos”.

Facundo Rosas Rosas expresó que ante la falta de estrategia y la falta de voluntad política del ejecutivo federal y del estado de Guerrero para enfrentar a los grupos que operan al margen de la ley, bajo la consigna de “abrazos, no balazos”, existe la posibilidad de que parte de los recursos que lleguen al puerto terminen en manos de los grupos delictivos de manera indirecta o directa.

Mientras se reconstruyen los mercados ilícitos de las drogas ilegales, secuestro, armas de fuego y trata de personas buscarán tomar el control total de la extorsión y el cobro de piso, así como la distribución de materiales para construcción, energéticos (gas, gasolina y diésel), abarrotes y agua para uso doméstico (pipas), sobre todo en las colonias más apartadas del puerto, a esas a las que la ayuda del gobierno tardará más en llegar.

También extorsionarán al servicio de transporte público, taxis formales e informales (tolerados o piratas), además de vagonetas y autobuses urbanos y suburbanos, incluidos algunos turísticos, los cuales reportarán cuotas a los grupos delictivos disfrazadas de aportaciones sindicales, para la operación diaria, para la supervisión y despacho de unidades, para los seguros (mutualistas) o de cajas de ahorro.

El mercado del empeño o préstamos dejando prendas en garantía será otro mercado ilícito en poder de estos grupos, ya que una significativa cantidad de artículos electrónicos, joyas, vehículos y enseres domésticos carecen de facturas u otros documentos que amparen la legal propiedad porque se perdieron en el huracán o la gente empeñará los artículos que obtuvo de los saqueos o los que les entregará el gobierno para poder subsistir.

La chatarra o material de reciclaje, en particular los metales ferrosos y no ferrosos, también serán motivo de disputa entre los grupos delictivos, tomando en cuenta la cantidad y tamaño de los inmuebles que tendrán que ser reconstruidos en sus fachadas, lo que generará grandes cantidades de este tipo de material.

De manera directa, expresó Rosas Rosas, la “base social” de estos grupos serán beneficiarios de los programas sociales que son entregados en efectivo, lo cual les permitirá subsistir en tanto se recuperan las actividades económicas formales e informales del puerto que den vida a los mercados ilícitos, en las cuales han estado sustentados durante los últimos años.

Ante este panorama, Francisco Daniel Herrera Lau expresó que se debe realizar una estrategia corporativa de gran alcance para evitar que los males del puerto previos al huracán Otis se extrapolen y, con una planificación que el empresariado impulse incluso dentro del propio gobierno, se logre generar un nuevo esquema que reduzca la predominancia de los grupos que operan al margen de la ley.

A decir de Herrera Lau, se necesita esquemas de: a) Reevaluación y planificación donde es necesario hacer un diagnóstico de riesgo, además de información útil y precisa para tomar decisiones efectivas para evitar nuevas perdidas; b) Seguridad y protección para garantizar la seguridad de empleados y activos mediante servicios de seguridad privada, medidas físicas y tecnológicas como alarmas, cámaras y control de acceso, siempre acompañado de datos que permitan identificar amenazas y riesgos; c) Ciberseguridad reforzada ante posibles amenazas, con el fin de fortalecer la seguridad cibernética para proteger datos y sistemas informáticos.

Asimismo, d) Una mayor coordinación frente a la delincuencia porque los grupos criminales y el narcotráfico intentarán aprovecharse de la situación, y ello agudizará el denominado “cobro de derecho de piso” e incluso impactará en la cadena de suministro, por lo que deberán instalarse mecanismos de coordinación, colaboración e intercambio de información corporativa para mitigar esta amenaza; e) Copias de seguridad y recuperación para realizar duplicados de seguridad de datos y sistemas críticos; f) Apoyo emocional y comunicación transparente con personal, clientes, proveedores y partes interesadas; y, g) Gestión de crisis donde será urgente mantener un equipo activo para tomar decisiones rápidas y efectivas ante nuevas situaciones de emergencia.