El pasado 21 de noviembre, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), admitió e inició el trámite respectivo a la denuncia presentada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C., (CEMDA), con relación al desmonte de vegetación en el predio ubicado en el puerto de Dos Bocas, municipio de Paraíso, Tabasco, en el cual pretende construirse la refinería.

La denuncia popular fue presentada el pasado 16 de noviembre ya que el mencionado desmonte se realizó sin contar con la autorización de Cambio de Uso de Suelo Forestal (CUSF), ni con la Autorización en materia de impacto Ambiental (AIA) correspondientes, autorizaciones esenciales para poder llevar a cabo una obra de esta naturaleza.

Tampoco existe registro de solicitud de permisos para la emisión de contaminantes ni para la gestión integral de materiales y actividades riesgosas

Hasta el momento, a tres semanas de haber sido interpuesta la denuncia ya referida, los supuestos permisos que, a decir de la nueva titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, tiene la refinería, NO han sido exhibidos públicamente ni por Petróleos Mexicanos (Pemex) -dependencia propietaria del predio- ni por otras autoridades vinculadas con el caso, como sería la propia (Sener).

Lo único que se conoce hasta el momento, a través del Sistema de Trámites de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), es la existencia de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que data del año 2011, la cual se elaboró por parte de Pemex para solicitar la autorización de un cambio de uso de suelo forestal en tres hectáreas para construir un hospital, mismo que no se llevó a cabo, ya que Pemex se desistió de la MIA presentada en su momento a Semarnat.

Cabe señalar que dicha Manifestación no tenía relación alguna con el proyecto de la refinería, puesto que, de acuerdo con la Ley, Pemex tiene que presentar una solicitud específica para la obra referida.

Es decir, el proyecto de la refinería que como tal ni siquiera existe, es el que se debió de haber sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental antes de iniciar con el desmonte del predio, situación que no sucedió.

Por su parte, se han recibido sendas respuestas de las autoridades correspondientes a solicitudes de información realizadas por el CEMDA en días pasados. El pasado 27 de noviembre, la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la Semarnat, notificó al CEMDA la respuesta a la solicitud de información registrada en la Plataforma Nacional de Transparencia.

En dicha respuesta se señala que, en lo que se refiere a la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos (DGGFS), «se llevó a cabo la búsqueda en el Sistema Nacional de Trámites, del proyecto consistente en una refinería que se planea construir en el puerto de Dos Bocas, municipio de Paraíso, estado de Tabasco, no obstante, no se localizó antecedente y/o registro de alguna solicitud y/o autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales para el desarrollo del proyecto antes referido, a favor de alguna persona física o moral».

De igual forma, tanto la Dirección General de Gestión de Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (DGGCARETEC) como la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR), respondieron que a la fecha no se ha recibido solicitud alguna de autorización para la refinería.

Por su parte, la Sener respondió el 29 de noviembre pasado la solicitud de información, calificando como «inexistente» la información sobre autorizaciones, licencias y trámites que se han autorizado o están en trámite para el proyecto de la nueva refinería que se planea construir en el puerto de Dos Bocas, municipio de Paraíso, Tabasco.

La zona desmontada corresponde a un área «prioritaria de conservación», por lo que corresponde a la autoridad competente investigar qué fue lo que se destruyó en este caso y determinar las responsabilidades y sanciones de acuerdo con la gravedad de los hechos encontrados.

Adicionalmente, es importante recordar que el nuevo gobierno tiene el gran reto de reducir emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), a lo que se comprometió en el Acuerdo de París. La inversión en el mercado de los petroquímicos (refinerías) ampliará la brecha para alcanzar nuestro compromiso, al tiempo que agudizará el problema de la mala calidad del aire en las ciudades en donde se pretenda implementar este tipo de infraestructura.

Las organizaciones que suscribimos este comunicado, llamamos respetuosamente a la ASEA a hacer valer la autonomía, independencia e imparcialidad que la ley le confiere, esperando que se lleve a cabo una investigación a fondo.

El proyecto de la refinería que como tal ni siquiera existe, es el que se debió de haber sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental

En caso de encontrar ilegalidades y/o irregularidades deben imponerse las medidas de seguridad y las sanciones administrativas correspondientes. Asimismo, se demanda que, en caso de constatar la comisión de un delito ambiental, se dé vista al Ministerio Público Federal en contra de quienes resulten responsables.

De igual forma, hacemos un atento y cordial llamado a la nueva titular de Semarnat, Josefa González Blanco Ortiz Mena, a quien le deseamos el mayor de los éxitos en su nueva responsabilidad, para que la dependencia a su cargo investigue los hechos denunciados y actúe en consecuencia, a fin de demostrar que la protección y defensa del medio ambiente será una prioridad del nuevo gobierno federal que entró en funciones el pasado 1 de diciembre.

El pasado miércoles 14 de noviembre, la nueva titular de Semarnat dijo en el Senado de la República que «nada ni nadie por encima de la ley», por lo que confiamos plenamente que en este caso así será.

Desde la sociedad civil, tanto el CEMDA como Greenpeace hemos trabajado a lo largo de más de 25 años en la defensa y protección del medio ambiente en México, por lo que demandamos al nuevo gobierno que los proyectos que pretendan realizarse en el país lo hagan dentro del marco de la normatividad ambiental vigente, asegurando legalidad y Estado de derecho en materia ambiental.