Gracias al impulso de organizaciones de la sociedad civil, y después de 5 años de haber presentado una Queja, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió el pasado 26 de julio la Recomendación General 32, reconociendo la continua y persistente violación de los derechos humanos a la salud y a un medio ambiente sano, que representan los daños a la vida, la integridad personal, la salud y el medio ambiente que sufre la población mexicana, a causa de la contaminación atmosférica urbana.

Diversas organizaciones como Cemda, el Poder del Consumidor, Bicitekas y Fundación Tláloc afirman que en México, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), mueren 25 mil personas anualmente por causas asociadas con este problema.

Son responsables los sectores de salud, energético, ambiental, transporte y movilidad, normalización, los gobiernos de los estados y los municipios

Los ambientalistas een un comunicado, recuerdan que en su Recomendación, la CNDH señala que la contaminación atmosférica urbana genera desequilibrio ecológico, un grave deterioro del aire en el país y acentúa los efectos adversos del cambio climático, especialmente en las grandes zonas urbanas donde los niveles de contaminantes sobrepasan los límites máximos establecidos en las normas nacionales y guías internacionales.

Asimismo, añaden, establece que la contaminación le cuesta al país aproximadamente el 7% del Producto Interno Bruto y que si se observaran las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y las Guías de Calidad del Aire de la OMS, se podrían evitar 12 mil muertes anuales.

Explican que la Comisión imputa la responsabilidad de estas violaciones a las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

“En particular, reconoce como responsables, en el ámbito de sus competencias y funciones, a los sectores de salud, energético, ambiental, transporte y movilidad, normalización, así como a los gobiernos estatales y municipales”, afirman

Asimismo, aseguran que la Comisión  es enfática en resaltar que los límites máximos establecidos en algunas NOM son más laxos que los fijados por la OMS y no han sido actualizados en los últimos 20 años, a pesar del aumento de la contaminación atmosférica, lo cual genera graves daños a la salud pública.

Explican que la Comisión imputa la responsabilidad de estas violaciones a las autoridades de los tres órdenes de gobierno

Precisan que en la Recomendación General 32 se remarca la falta de armonización y cumplimiento de la legislación y normativa en materia de contaminación atmosférica urbana. En específico, señala: las fallas de funcionamiento de las estaciones de monitoreo; la falta de generación y difusión de información actualizada; la inadecuada implementación y correcta aplicación de programas de verificación vehicular; las ineficientes o nulas políticas locales de movilidad urbana, transporte público urbano y cero emisiones; la escasa inspección regular de fuentes fijas emisoras de contaminantes y la omisa vigilancia sobre la calidad de los combustibles fósiles.

Precisaron que para respetar y garantizar los derechos humanos de la población en México, las autoridades de todos los órdenes de gobierno deben modificar la política pública en materia de contaminación atmosférica urbana, cumpliendo cabalmente con las recomendaciones que la CNDH les realiza.

Las organizaciones de la sociedad civil que impulsaron esta Recomendación reiteraron la urgencia de:

• Armonizar el marco normativo en materia ambiental, de salud y energético con las obligaciones generales en materia de derechos humanos.
• Revisar y actualizar todas las NOM relevantes a la calidad del aire de manera acorde con los límites máximos recomendados por la OMS.
• Generar una estrategia de comunicación que brinde información en materia de contaminación atmosférica urbana, y los daños a la salud y medio ambiente que se ocasionen en cada estado.
• Implementar mecanismos para cumplir con las especificaciones de los combustibles fósiles que se producen y/o distribuyen en el país de acuerdo con las NOM respectivas y realizar las visitas de inspección necesarias para verificar que las especificaciones de las gasolinas y diésel en todo el territorio nacional cumplan con las especificaciones.
• Realizar los estudios e investigaciones indispensables para la emisión de una NOM que regule los límites máximos de emisión sobre compuestos orgánicos volátiles.
• Desarrollar e implementar políticas públicas a nivel nacional para una movilidad sustentable, incluyendo la promoción efectiva de la movilidad activa y segura, así como programas de implementación y/o coordinación con gobiernos estatales y municipales para que se pongan en circulación un mayor número de unidades de transporte público urbano de cero emisiones a nivel nacional.
• Instalar y fortalecer estaciones de monitoreo de calidad del aire en todas las ciudades detectadas con problemática de contaminación atmosférica urbana; y estandarizar la eficiencia en la medición que se realiza por los distintos sistemas de monitoreo existentes, de manera que su información sea confiable y comunicada en tiempo real.

Gustavo Alanís Ortega, Presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda), pidió a las autoridades competentes actuales, así como a las futuras autoridades del Ejecutivo federal, «que comiencen a la brevedad a cumplir con las recomendaciones señaladas y puedan considerar el tema de la contaminación atmosférica urbana como uno de los focos principales de atención para respetar y garantizar la protección del medio ambiente y los derechos humanos vinculados de toda la población en México.»

De igual forma, Alejandro Calvillo, Director de El Poder del Consumidor, hizo un llamado desde la sociedad civil «para que la autoridades se comprometan seriamente a enfrentar la crisis de salud pública generada por la contaminación atmosférica.»

Finalmente, Agustín Martínez Monterrubio, Presidente del Consejo Directivo de Bicitekas A.C., señaló que: «Necesitamos una política de transporte enfocada en el transporte público y la movilidad activa, de lo contrario México no podrá cumplir sus compromisos internacionales ni garantizar los derechos fundamentales de su población. Ya hemos esperado 5 años para que se reconozca que se violenta nuestro derecho a respirar aire limpio: no podemos esperar más».