Ante la crisis de derechos humanos e impunidad que vive el país, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe actuar con congruencia y asegurar el respeto a las garantías individuales y colectivas también en su apuesta por los megaproyectos y en todos los acuerdos de colaboración que realiza con las grandes empresas mexicanas y extranjeras.

Necesario un mecanismo de Debida Diligencia Obligatoria en Derechos Humanos

Para el Grupo Focal de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos es fundamental, bajo este enfoque de colaboración con el sector privado, que el mandatario exhibió el lunes durante su mensaje en el Zócalo, se incorporen las obligaciones que tienen las empresas públicas y privadas de respetar derechos humanos, y de verdad «hacer valer el Estado de Derecho», tal y como lo señaló el presidente en su discurso, una tarea pendiente desde hace décadas en México.

Hemos identificado algunos claroscuros en la materia durante los primeros siete meses de gobierno de López Obrador que queremos comentar a continuación, Si bien fue positiva la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en abril, es indispensable que sus recomendaciones sean acatadas.

De particular importancia son la ratificación del acuerdo de Escazú y el necesario balance entre proyectos de desarrollo y el respeto al medio ambiente, a los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y bienes comunes naturales, particularmente frente a los megaproyectos como la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Corredor Transísmico, carreteras y presas, entre otros, sin dejar de lado a las comunidades campesinas y el respeto por los derechos laborales y sindicales.

Por otro lado, es indispensable que durante lo que resta del sexenio, todos los órdenes de gobierno atiendan la Recomendación General 37 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el respeto y la observancia de los derechos humanos en las actividades de las empresas.

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 identifica estrategias y objetivos puntuales, especialmente en los ejes de Justicia, Estado de Derecho y Bienestar, no obstante sigue siendo fundamental garantizar el derecho a la consulta y consentimiento previo libre e informado (CPLI) así como el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y equiparables y a la participación social de todas las personas y comunidades potencialmente afectadas por megaproyectos, con base en los más altos estándares internacionales y convenios internacionales de los que México forma parte, incluyendo el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

De particular importancia son la ratificación del acuerdo de Escazú y el necesario balance entre proyectos de desarrollo y el respeto al medio ambiente, a los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y bienes comunes naturales

Finalmente, saludamos que el Programa Nacional de Derechos Humanos, el cual está en desarrollo, contemple una discusión sobre la responsabilidad de las empresas en la materia, sin embargo, es urgente que en estos espacios se establezcan bases sólidas de políticas públicas orientadas a incorporar medidas vinculantes como la debida diligencia obligatoria en derechos humanos que permita el uso de los 10 mil millones de dólares en IED que entran al país con coherencia entre esto y el respeto a estos derechos.

Las organizaciones que conforman al Grupo Focal son: Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Oxfam México, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ). El Grupo Focal está observado por Asociación Interamericana de Derecho Ambiental   (AIDA) y acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).